70.353 viviendas esta legislatura: el Gobierno de Ayuso defiende su modelo, pero se adherirá al plan de Sánchez

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sacó pecho este miércoles de los frutos que están dando sus políticas de vivienda en la región, un día después de que Pedro Sánchez aprobara su Plan de Vivienda, en el que promete 7.000 millones de euros para solucionar uno de los grandes problemas de los españoles, de los que 1.113 millones irán, en principio, para Madrid.

El consejero del ramo en la región capitalina, Jorge Rodrigo, criticó el pasado martes con dureza el plan del Ejecutivo central y, como respuesta, al día siguiente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, detalló las políticas en materia de vivienda que ha desplegado Ayuso desde que ocupa la Real Casa de Correos.

Así, Rodrigo aseguró que el Gobierno madrileño va a terminar la presente legislatura, que culmina en tan solo un año, habiendo promovido la construcción de 70.353 viviendas con algún tipo de protección.

Dentro de esa cifra, el Ejecutivo incluye 26.142 viviendas promovidas directamente por la Comunidad de Madrid -entre las que se encuentran las casi 14.000 del Plan Vive, 2.387 de la Agencia de Vivienda Social, 1.180 de convenios con ayuntamientos apoyados con Fondos Europeos, 251 financiadas con el PIR y 8.400 de cambio de uso de oficina a residencia- , 30.000 de VPO de promoción privada y otras 14.211 municipales con ayudas autonómicas.

Además, el consejero afirmó que se han puesto las bases para que en los próximos 15 años se construyan en Madrid entre 280.000 y 290.000 nuevas viviendas.

Unos números con los que el Gobierno de Ayuso quiere confrontar con el de Pedro Sánchez. «Madrid responde con gestión y construcción, no con anuncios», esgrimen en la Puerta del Sol, donde ayer se aprobó la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que permitirá incrementar la capacidad residencial sin consumir nuevo suelo, al ampliar un 30 % la densidad y un 20 % la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida.

Sin embargo, desde el Partido Socialista cuestionan estas cifras y recuerdan que de las 14.000 viviendas prometidas por el Plan Vive, por el momento, se han entregado poco más de 5.300.

Madrid no renuncia al plan estatal

Con todo, a pesar de las fuertes críticas a este nuevo Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno de Ayuso se va a sumar porque es «responsable y serio». Así lo reconocía este miércoles en rueda de prensa el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, pero, al mismo tiempo, exigía a La Moncloa llevarlo a cabo de manera «solvente».

Rodrigo insistió en sus críticas al planteamiento que, recuerda, obliga a las comunidades autónomas a aportar el 40 %, por lo que, esgrimió, «algo tendrán que decir al respecto». Y es que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el plan sin haberlo consultado con las comunidades autónomas, quienes se enteraron de su resultado final por los medios de comunicación, según aseguró Rodrigo en un vídeo que colgó en sus redes sociales.

En ese vídeo, el consejero expuso la posición del Ejecutivo y subrayó que Madrid considera que la receta para hacer frente al grave problema de la vivienda es otra. No obstante, en ningún momento dijo que la región fuera a rechazarlo.

Aún así, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, hablaba ayer de «rectificación» por parte del Gobierno de Ayuso. Una rectificación que no es tal.

Lo que sí ha hecho Madrid es expresar sus reservas a la idoneidad de ese texto y matizar que no va a renunciar a él, siempre y cuando sea debatido en la Conferencia Sectorial, donde está representado el ministerio de Vivienda y las comunidades, y se sepa el detalle del reparto de fondos.

Y es que, según añaden fuentes de la consejería a este periódico, el plan es una suerte de chantaje a las comunidades, como ya lo fueron las bonificaciones al transporte, en las que el Gobierno te daba un 30 % siempre y cuando la autonomía aportara mínimo otro 20 % del descuento. Ahora esto se traslada a que, de los 1.113 millones que corresponden a Madrid, el Ejecutivo central aporta un 60 % y el Gobierno de Ayuso tiene que aportar el 40 % restante, y lo mismo con el resto de comunidades autónomas.