Centro de menores extranjeros no acompañados en La Cantueña (Fuenlabrada)
Comunidad de Madrid
La Justicia vuelve a dar la razón al Gobierno de Ayuso sobre el centro de menores extranjeros de Fuenlabrada
Una vez más, y ya van una decena, la Justicia ha dado la razón al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la guerra judicial abierta con el Ayuntamiento de Fuenlabrada por el centro de menores extranjeros no acompañados de La Catueña.
El Gobierno socialista del municipio se ha opuesto desde el principio a ese centro, a pesar de defender el reparto de menores del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha intentado por todos los medios torpedearlo y que cierre sus puertas.
En concreto, ahora ha sido la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid la que ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Ejecutivo regional contra las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Desde el Consistorio han esgrimido desde meses antes de la puesta en marcha del centro, en septiembre de 2024, que se trataba de un espacio cedido por el Ayuntamiento de hace más de 20 años a la Comunidad de Madrid con el objetivo de establecer en el mismo un centro de difusión ambiental.
Según el Consistorio, el acuerdo para la cesión preveía unos usos determinados y establecía una cláusula resolutoria en caso de no cumplirse la finalidad para la que fueron entregados los terrenos. Argumento con el cual la Junta de Gobierno aprobó terminar con la cesión, revertiendo la titularidad de dicho centro al Ayuntamiento para impedir la apertura de ese centro.
La resolución judicial ratifica ahora que la Comunidad de Madrid tiene la única y exclusiva propiedad de La Cantueña y elimina cualquier tipo de injerencia del Ayuntamiento que pueda dificultar el ejercicio de sus competencias en materia de tutela y protección de menores, según han informado a este periódico fuentes de la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo regional.
Además, el tribunal ha condenado en costas al Ayuntamiento de Fuenlabrada, con el socialista Javier Ayala a la cabeza.
Por otra parte, desde el grupo municipal de Vox en la localidad también han pedido al Gobierno de Ayuso el cierre del centro porque considera que se trata de «un modelo fracasado que ha convertido el entorno en un foco permanente de inseguridad y violencia».
La formación recordó en un Pleno a principios del año en el Consistorio que el centro acumula agresiones a trabajadores, motines, reyertas y agresiones sexuales. Además, denunció la «hipocresía» del PP, que exige el cierre de centros similares en municipios como Pozuelo de Alarcón o Alcalá de Henares, mientras mantiene y financia el centro de la Cantueña.