Un joven pasa por la puerta del centro de primera acogida de menores situado en Casa de Campo, en Madrid
Denuncian al director del centro de menas de Batán por agresiones, compraventa de drogas y fugas de los menores
Un ex vigilante de seguridad revela que tanto la dirección como la Fundación Diagrama son obligados a guardar silencio ante estas prácticas
Los mediadores habrían torpedeado los procesos judiciales abiertos por las conductas de los menores, contradiciendo las versiones de los agentes de seguridad
El director del Centro de Primera Acogida de la Casa de Campo ha sido denunciado por presuntas agresiones a los menores, compraventa de drogas y fugas de los residentes. Ha sido un antiguo miembro de la seguridad del centro —que trabajaba hasta hace unos meses— quien ha puesto estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional.
De la misma forma, el directivo habría obligado tanto a la dirección del centro como a la Fundación Diagrama —responsable del centro— a guardar silencio ante estos delitos cometidos, según el escrito al que ha tenido acceso El Mundo. El ex vigilante señala al director —de origen magrebí, experimentado en el cargo— por haber agredido repetidamente a cinco menores tutelados hasta el punto de precisar de la intervención de los propios vigilantes para impedir otros intentos.
Uno de esos episodios ocurrió en el pasado mes de mayo, cuando amenazó a uno de los chicos con «engancharlo» por saltarse el código de vestimenta. A empujones y golpeándole en la espalda trataba de sacarlo fuera, hasta que la seguridad actuó.
En el texto también se incluye el conocimiento de las fugas de los menores «a sabiendas de que las empleaban para delinquir y consumir drogas». Igualmente, se señala que el Camino del Robledal es uno de los lugares más habituales para estas prácticas, donde consumen, atemorizan y roban a los viandantes. Antiguos residentes proporcionan de alcohol y estupefacientes a los menores, incluso delante de miembros de la dirección. La denuncia comenta que existen documentos internos que constatan las prácticas.
Los mediadores torpedean la judicialización
De la misma forma, el denunciante cuenta que los vigilantes tendrían prohibido avisar a la Policía, enfrentando así sanciones disciplinarias. Por su parte, los mediadores torpedean los procesos judiciales abiertos por las conductas de los menores, contradiciendo las versiones de la seguridad. Algunos hechos conflictivos han sido presentados ante la Fiscalía, con pruebas, sin ningún efecto. Asimismo, narra que los educadores temen revelar lo que realmente ocurre.
A la vez, reclamaba la falta de medios para mantener la seguridad del centro, desde la falta de botiquines y de uniformes, hasta la ausencia de chalecos anticorte, escudos o emisoras que funcionen adecuadamente.
La denuncia del ex vigilante —despedido en dos ocasiones por no cumplir sus obligaciones— no consta oficialmente a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Sin embargo, la Asociación Mayores y Familia afirma haber pedido una reunión con la Consejería para tratar la «recuperación y los problemas» que atraviesa el albergue.
