El Gobierno vasco defiende que la Ertzaintza investigue a los detenidos por «graves delitos de terrorismo»

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha defendido este miércoles la investigación de la Ertzaintza, bajo las órdenes de la Audiencia Nacional (AN), que ha desembocado en la detención y envío a prisión de dos personas acusadas de «graves» delitos de terrorismo vinculadas con Jardun, calificada por el consejero como «organización alegal».

Zupiria ha explicado que la primera comunicación que realizó la Ertzaintza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se produjo la misma noche en que se identificó a estas personas, el pasado 26 de septiembre, durante un control en la localidad guipuzcoana de Escoriaza. Los dos detenidos iban con una tercera persona, de nacionalidad irlandesa, en un vehículo.

Preguntado por qué no se les detuvo aquel día, ha recordado que este es un Estado «garantista» respecto a la libertad de movimiento de todos los ciudadanos. «En el momento en el que se produjo esta identificación de estas personas no estaban cometiendo ningún delito. Por lo tanto, no podían ser detenidas in fraganti, y lo que se ha hecho es investigar y poner a disposición de la Justicia la información que se les ha encontrado», ha explicado.

En declaraciones a la prensa tras el acto de toma de posesión de Cristina González como consejera de Turismo, Bingen Zupiria ha indicado que, tras la identificación, se solicitó a la Audiencia Nacional autorización para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la Justicia los indicios encontrados, «y luego se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente».

Tras recordar que el Gobierno Vasco ha pedido «permanentemente que se condene y deslegitime el uso de la violencia» de ETA desde el fin de la organización terrorista hace ahora 15 años, Zupiria ha vuelto a remitirse a la Audiencia Nacional porque es este órgano judicial quien tiene que «determinar los hechos que se han podido producir o no», con garantías de cumplimiento de los procedimientos y de los derechos de los detenidos.

Según ha subrayado, el auto del juez califica los hechos y las sospechas las califica como «graves». En cuanto a Jardun, Aske y Jarki, a los que supuestamente pertenecen los detenidos, ha recordado que «son organizaciones alegales, no se encuentran inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos», por lo que «hay mucha información» sobre ellas «que no es conocida públicamente».

El juez acordó este pasado martes la prisión provisional por delito de terrorismo para la mujer de 22 años y el hombre de 34, que, según el auto, pertenecen a la coordinadora Jardun, organización compuesta por Jarki y Aske, colectivos integrados por disidentes de la izquierda abertzale.

Los detenidos habían sido identificados por la Ertzaintza en un control el 26 de septiembre en el municipio guipuzcoano de Escoriaza, y se les encontró, entre otras cosas, planos de situación de zulos que fueron de ETA, listados de guardias civiles y de otros cuerpos policiales, anotaciones de matrículas, y dispositivos encriptados.

Este material incluía fotografías de entrenamiento «para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública» o fotografías de banderas de ETA. En el coche también localizaron «evidencias sospechosas relacionadas con informaciones sobre un posible zulo con material», tal como consta en la resolución judicial.

Zupiria ha recordado que la Audiencia Nacional hace referencia a la supuesta comisión por parte de los dos detenidos de delitos vinculados al terrorismo, y que se basa en «evidencias» que la Ertzaintza le ha facilitado. «La decisión del juez es la de iniciar una investigación para comprobar qué delitos se han podido cometer, también su gravedad y, como medida preventiva, ha decidido enviarlos a prisión mientras se desarrolla esta investigación», ha recordado.

El consejero de Seguridad ha recordado que el Gobierno Vasco, desde hace 15 años, cuando se produjo la disolución de ETA, «lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y deslegitime el uso de la violencia», así como su justificación, porque «lo piden así las instituciones, pero también la mayoría de la sociedad vasca».