Ocho de cada diez niños con necesidades especiales van al cole con nuestros hijos: ¿Haría falta más inclusión?
Belén González-Laguillo, doctora en Educación, profesora y especialista en educación especial analiza los cinco factores que familias y centros deben exigir para garantizar la plena inclusión de los niños con necesidades educativas.
Ocho de cada diez niños con necesidades educativas especiales van a colegios ordinarios
Según la publicación Datos y cifras. Curso escolar 2025/2026 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (2025) el 85,2% del alumnado con necesidades educativas especiales está escolarizado en aulas ordinarias.
Sin embargo, esa cifra presenta ciertos matices. Mientras que el alumnado con trastornos de la comunicación se escolariza en centros ordinarios en un 98,6% de los casos y el alumnado con discapacidad auditiva en un 95,8%, los porcentajes descienden al 76,1% en el caso de la discapacidad intelectual y al 48,5% cuando existe pluridiscapacidad.
¿Cómo podemos valorar estas cifras? Probablemente la respuesta dependa de nuestras experiencias personales. Habrá familias y profesores que las consideren elevadas y otros que las perciba insuficientes. Quizá nuestras abuelas todavía se sorprendan al imaginar a un alumno con discapacidad compartiendo aula con el resto de sus compañeros. En cambio, para muchos niños y niñas de hoy resulta difícil entender que hubo un tiempo en que apenas convivían en la escuela con compañeros con síndrome de Down, autismo o discapacidad motora.
Y, sin embargo, la verdadera pregunta no es si estos porcentajes son altos o bajos, sino qué escuela queremos construir para nuestros hijos y para las próximas generaciones.
Aunque el camino hacia una educación plenamente inclusiva está lejos de completarse, el progreso alcanzado en las últimas décadas resulta innegable. Cada vez más alumnos con discapacidad comparten espacios de aprendizaje con sus compañeros, algo que habría parecido impensable para generaciones anteriores.
Más allá de cualquier debate educativo, existe una aspiración común a todas las familias: que sus hijos sean felices, desarrollen al máximo sus capacidades y puedan construir una vida plena. Las familias de niños y niñas con discapacidad no desean algo diferente.
La educación española lleva décadas avanzando hacia ese horizonte. Desde la LOGSE de 1990, las sucesivas reformas educativas han impulsado, con mayor o menor éxito, modelos progresivamente más inclusivos.
Además, no estamos solos en este camino. Países como Italia, Portugal, Canadá o Finlandia han evolucionado desde hace años hacia sistemas donde el apoyo especializado se desplaza progresivamente hacia los centros ordinarios y donde la inclusión forma parte de la organización escolar.
El caso de Italia resulta especialmente significativo. Hace décadas abandonó la escolarización segregada como modelo general y desarrolló una extensa red de profesorado de apoyo dentro de las escuelas ordinarias.
Pero existe una lección importante que podemos aprender de estos países: ninguno alcanzó mayores niveles de inclusión mediante una ley exclusivamente. Los avances llegaron cuando las normas fueron acompañadas de inversión, formación y una profunda reorganización del sistema educativo.
Ningún país ha alcanzado mayores niveles de inclusión mediante una ley exclusivamente. Los avances llegan cuando las normas van acompañadas de inversión, formación y una profunda reorganización del sistema.
Por eso, creo que es importante reconocer algo que con frecuencia se olvida en este debate. Muchos defensores de la educación especial no rechazan la inclusión por falta de sensibilidad ni de compromiso con sus hijos. La rechazan porque han visto aulas masificadas, centros sin recursos suficientes, profesorado sobrecargado, ausencia de especialistas o situaciones donde el sistema no ha sabido responder adecuadamente a las necesidades de los alumnos más vulnerables.
Y tienen razón en una cosa: cuando el sistema falla, quienes más lo sufren son los niños.
La inclusión sin apoyos no es inclusión.
La inclusión sin recursos no es inclusión.
La inclusión sin profesionales preparados no es inclusión.
Por eso, quienes creemos en una educación inclusiva debemos defenderla desde la responsabilidad y no desde el voluntarismo. No basta con compartir un ideal. Es necesario construir las condiciones que permitan hacerlo realidad.
Los cinco pilares de la inclusión
La experiencia internacional y la evidencia científica señalan que existen al menos cinco pilares fundamentales para construir un sistema educativo más inclusivo.
En primer lugar, las políticas inclusivas y la inversión educativa. Hablar de inclusión exige hablar de recursos. No es posible atender mejor a la diversidad sin más profesionales, más apoyos y una financiación suficiente y estable.
En segundo lugar, la formación docente. La inclusión no puede depender exclusivamente de la buena voluntad del profesorado. Los docentes necesitan herramientas, conocimientos y oportunidades de desarrollo profesional para responder a contextos cada vez más diversos. Sin olvidar que, antes de todo ello, es necesaria una actitud positiva hacia la diversidad y el compromiso con los principios inclusivos.
En tercer lugar, los recursos especializados. Lejos de desaparecer, los especialistas deben desempeñar un papel aún más relevante. Orientadores, logopedas, fisioterapeutas, profesionales de audición y lenguaje o pedagogía terapéutica son piezas esenciales para garantizar que ningún alumno quede atrás.
En cuarto lugar, la organización escolar. La inclusión no es una metodología concreta, sino una forma de entender la escuela. Requiere coordinación entre profesionales, co-docencia, agrupamientos flexibles, colaboración con las familias y una cultura compartida por toda la comunidad educativa.
Durante mi tesis doctoral tuve la oportunidad de visitar centros referentes en inclusión, como Tres Olivos, Sagrado Corazón de Chamartín, CEIP El Sol, Ponce de León o Areteia. En todos ellos encontré algo en común: la inclusión entendida como un compromiso institucional que se traducía en apoyos organizados, recursos especializados y una colaboración profesional continua.
Y, finalmente, la flexibilidad curricular. No todos los alumnos aprenden de la misma manera ni demuestran lo que saben del mismo modo. La inclusión no consiste en reducir la exigencia académica, sino en ofrecer diferentes caminos para alcanzar metas ambiciosas y valiosas.
La inclusión no consiste en reducir la exigencia académica, sino en ofrecer diferentes caminos para alcanzar metas ambiciosas y valiosas.
Quizá por eso me considero una optimista. Porque cuando observo lo que hemos avanzado en apenas unas décadas, resulta difícil no imaginar nuevos progresos en las próximas.
Hace no tanto tiempo parecía impensable que la mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales compartiera los mismos espacios educativos que sus compañeros. Hoy es una realidad para más de ocho de cada diez estudiantes.
Quizá dentro de treinta años nuestros hijos miren hacia atrás con la misma sorpresa con la que nosotros contemplamos hoy algunas prácticas del pasado.
La educación inclusiva no está terminada. Es un proyecto en construcción. Requiere inversión, formación, apoyos y compromiso colectivo. Pero, sobre todo, requiere una convicción: que cada niño y cada niña merece sentirse parte de su comunidad mientras desarrolla al máximo sus capacidades.
Porque una escuela para todos no es únicamente una aspiración educativa o una demanda de las familias. Es la mejor oportunidad que tenemos para construir una sociedad que reconozca la dignidad de cada persona, valore la diversidad como riqueza y permita que todas contribuyan al bien común.
- Belén González-Laguillo es doctora en Educación del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, profesora e investigadora de la Universidad San Pablo-CEU