Las lágrimas de Fraga en Vitoria

Quizá el mayor error de Manuel Fraga, al asumir la vicepresidencia política del primer Gobierno de la Monarquía, fuese aceptar la cartera de la Gobernación. Con un proceso de democratización en marcha, el ministerio competente sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y al que el antifranquismo identificaba con la represión, no parecía precisamente la atalaya más adecuada desde la que convencer a la oposición de la sinceridad de los cambios emprendidos.

Fraga, no obstante, sabía que su proyecto saldría adelante si superaba la ola de huelgas que se desataron en España a partir de enero de 1976. Sánchez-Cuenca, que ha estudiado el fracaso de su reforma política desde la legalidad franquista, afirma que en solo tres puntos concretos se planteó una ruptura abierta del orden «constitucional» vigente: Getafe, Sabadell y Vitoria. Solo en estos núcleos fabriles surgió una alternativa revolucionaria que iba más allá de las estrictas reivindicaciones laborales.

Lo paradójico es que quizá fuese la inacción gubernamental lo que facilitara el enquistamiento de la situación y el posterior estallido sangriento en la capital alavesa. Todo se remontaba al mes de enero, cuando arranca un conflicto de reivindicaciones laborales en el sector metalúrgico de la provincia.

Las dos partes implicadas fracasan estrepitosamente en el diálogo. Los directivos empresariales se enrocan y no ceden ante ninguna de las peticiones laborales. Los trabajadores, por su parte, no solo renuncian a la representación de los aún oficiales sindicatos verticales; desechan acudir a líderes de las aún clandestinas, pero cada vez más toleradas, UGT y Comisiones Obreras y se echan en brazos de organizaciones de extrema izquierda como la Liga Comunista Revolucionaria-ETA VI Asamblea y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT).

En otras palabras, quienes instrumentalizan las penurias ciertas de aquellos trabajadores se relacionan con una organización terrorista y un partido marxista-leninista que, por ilegal, no podrá presentarse a las elecciones de junio de 1977. La cara visible, no obstante, de los insurrectos será el activo ex jesuita Jesús Fernández Naves.

Haciendo caso omiso el director general de Seguridad de la petición de su compañero en Política Interior, José Manuel Otero Novas, la guarnición policial de Vitoria no se refuerza. Y Fraga, desmintiendo los eslóganes fáciles de sus adversarios (que le atribuyen el grito «¡La calle es mía!»), no desea aparecer como un agente de las patronales. Cuando la sangre llegue a las calles estará, desgraciadamente, de viaje oficial en Alemania.

El día aciago es el 3 de marzo. Ese Miércoles de Ceniza se ha convocado una asamblea no autorizada en la iglesia de San Francisco de Asís, del barrio obrero de Zaramaga. La exigua dotación de la Policía Armada desplazada al lugar (apenas una veintena de hombres) recibe la orden de desalojar el templo e, incapaz de lograrlo de forma pacífica, procede al lanzamiento de gases lacrimógenos.

Los reunidos abandonan, como marabunta, el interior de la iglesia y chocan con los agentes, a los que ya están agrediendo manifestantes en el exterior. Desarbolados, los uniformados practican disparos y matan a tres hombres. Otros tres, heridos de gravedad, fallecerán en los siguientes días.

A continuación, la ciudad se convierte en un escenario revolucionario. Se levantan barricadas y se cortan carreteras. Se lanzan cócteles molotov contra una comisaría.

Aquella tarde hay reunión en la sede del Consejo Nacional del Movimiento (que hoy alberga, de nuevo, el Senado) de la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional que prepara las leyes de reforma democrática de Fraga. La preside Arias Navarro, que palidece cuando el subsecretario de la Presidencia le susurra al oído lo que acaba de suceder en la capital alavesa.

El presidente se dirige a los reunidos para informar de los hechos y encarga a Adolfo Suárez que abandone el encuentro y se haga cargo de la situación. En ausencia de Fraga, a quien el presidente indicará que complete su visita oficial, tiene encomendadas las responsabilidades de Gobernación. Uno de los asistentes, José Miguel Ortí Bordás, ha relatado cómo el «silencio, sólido y aplastante» vuelve a romperlo el presidente, quien, sucesivamente, solicita a los ministros Osorio y Martín Villa que auxilien a Suárez.

El último queda momentáneamente conmocionado al golpearse la cabeza con una de las lámparas de la estancia que, extrañamente, penden a baja altura. Varias décadas después, la jueza argentina María Servini de Cubría encausará a Martín Villa como «responsable de la represión» y autor de crímenes de lesa humanidad en una mediática y estrambótica causa basada en el principio de jurisdicción universal. El Consejo de Ministros español denegará la extradición en 2015.

Desechada la declaración del estado de excepción, Suárez gestiona bien la crisis. Refuerza policialmente Vitoria desde las provincias limítrofes y organiza con determinación el dispositivo de seguridad de los funerales. Pero no acudirá al lugar de los hechos. Lo hará Fraga, a quien esperará al pie de la escalerilla del avión en Barajas. El vicepresidente se dirige a Vitoria en helicóptero junto a Martín Villa. Ambos, con escogidos equipos ministeriales, mediarán entre las partes enfrentadas para dar carpetazo al conflicto.

El ministro de Relaciones Sindicales recordará luego a un Fraga al que se le derramaron gruesas lágrimas sobre sus papeles antes de afrontar las conversaciones decisivas. En su visita a los hospitalizados se les encararán algunos familiares: «¿A qué venís? ¿A rematarlos?».

Vitoria fue el punto álgido de la subversión opositora contra el Gobierno Arias. Fraga prosiguió con sus planes y los rescoldos se fueron apagando hasta el punto de que a mediados de año ya no existía alternativa rupturista en las calles a sus planes y el líder socialista, Felipe González, accedía a reunirse con él.

No obstante, había aparecido la Platajunta y se había enconado la relación entre el Rey y Arias, que encabezaba unas reformas que en ocasiones parecía asumir con desagrado. No eran, desde luego, las auspiciadas por el monarca, que ya se había fijado en la resolución de un joven ministro con el que hacía años que congeniaba. Se iba despejando el camino para que, aupado por Fernández-Miranda, Adolfo Suárez se convirtiese en presidente del Gobierno.