Bandera española izada en el Islote Perejil
Medio siglo de política exterior frente a Marruecos: de la disuasión de Suárez a la capitulación de Sánchez
El colapso fronterizo de Ceuta es el resultado de un cambio de paradigma histórico. El análisis de las posturas de los presidentes del Gobierno revela cómo el Estado español ha transitado desde la firmeza defensiva hasta la política de apaciguamiento incondicional frente al reino alauita
La gestión de las relaciones bilaterales con Marruecos constituye el mayor desafío de la política exterior y de seguridad nacional de España.
Desde el inicio de la democracia, la estrategia del Palacio de la Moncloa ha oscilado entre dos polos diametralmente opuestos: la disuasión militar para frenar el expansionismo de Rabat y el pragmatismo económico para intentar garantizar la estabilidad fronteriza mediante incentivos financieros.
La actual presión demográfica sobre Ceuta es la consecuencia directa de décadas de cesiones políticas que han diluido progresivamente la autoridad del Estado frente al vecino del sur.
La eficacia de la disuasión militar
Los momentos de mayor estabilidad fronteriza y diplomática por parte de Marruecos han coincidido históricamente con los presidentes españoles que han estado dispuestos a utilizar el poder duro para defender la soberanía nacional.
El primer precedente de firmeza institucional lo estableció Adolfo Suárez. Tras la pérdida del Sáhara en la Marcha Verde, el presidente se enfrentó a un Hasán II que financiaba movimientos independentistas en Canarias y amenazaba a Ceuta y Melilla.
Suárez paralizó las ambiciones alauitas con una advertencia directa a los servicios de inteligencia marroquíes, fijando una línea roja mediante la amenaza de un ataque aéreo masivo sobre Rabat en cuarenta y ocho horas si se vulneraba el territorio nacional.
Esa misma línea de firmeza inquebrantable alcanzaría su máximo exponente institucional bajo la presidencia de José María Aznar. En julio 2002, ante la ocupación militar marroquí del islote de Perejil –una maniobra de la zona gris diseñada para medir la capacidad de respuesta española–, el Gobierno ejecutó la Operación Romeo-Sierra.
El despliegue de las Fuerzas Armadas para recuperar el territorio por la fuerza, sumado a la retirada del embajador español, demostró a Mohamed VI que España priorizaba la defensa militar antes que aceptar la consumación de una anexión territorial.
Pragmatismo y externalización de fronteras
Frente a esta doctrina defensiva, otros Ejecutivos apostaron por gestionar la frontera mediante la dependencia económica y la diplomacia de contención, asumiendo a Marruecos como un socio al que convenía estabilizar.
Felipe González optó por la institucionalización de las relaciones, firmando el Tratado de Amistad de 1991 y fomentando las inversiones españolas en el Magreb. No obstante, mantuvo el rigor legal al imponer por primera vez la exigencia de visado a los ciudadanos marroquíes ante los primeros picos de presión migratoria.
Años más tarde, Mariano Rajoy llevaría este pragmatismo al modelo de la subcontratación. Con el objetivo de evitar conflictos internacionales durante la crisis económica española, su estrategia consistió en externalizar el control fronterizo.
A cambio de apoyo político en foros internacionales y cuantiosas partidas presupuestarias para material policial, España dejó la contención migratoria en manos de la gendarmería marroquí.
Esta decisión consolidó una dependencia estructural, pues Marruecos comprobó que podía exigir contrapartidas económicas y diplomáticas mediante la simple amenaza de relajar el control de los flujos migratorios.
El inicio del apaciguamiento diplomático
El cambio definitivo de paradigma, que explica la actual vulnerabilidad estructural de Ceuta, se fraguó bajo las presidencias que apostaron por el apaciguamiento. José Luis Rodríguez Zapatero modificó drásticamente la política heredada de Aznar para priorizar la alianza con Mohamed VI bajo el marco de la Alianza de Civilizaciones.
Aunque en 2007 realizó una visita institucional a las ciudades autónomas que provocó la retirada temporal del embajador marroquí en Madrid, su mandato sentó las bases de una política exterior que rehuía la confrontación a toda costa y que cedía a Francia el protagonismo geoestratégico en el norte de África.
La cesión sobre el Sáhara Occidental
El punto de máxima debilidad histórica del Estado español frente a Marruecos se ha consumado durante el mandato de Pedro Sánchez. A pesar de sufrir ataques directos contra la integridad fronteriza, como la entrada masiva en Ceuta en mayo de 2021 y la actual crisis de agosto de 2026, el Ejecutivo ha respondido con concesiones sin precedentes.
En 2022, Sánchez alteró unilateralmente cuarenta y siete años de neutralidad diplomática española al respaldar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, otorgando a Mohamed VI su mayor victoria diplomática reciente.
El resultado operativo de esta decisión ha sido nulo para los intereses de España. Rabat no ha reabierto las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, rechaza renunciar por escrito a sus reivindicaciones territoriales y ha vuelto a utilizar el envío masivo de civiles en el verano de dos mil veintiséis para forzar el colapso institucional en el paso del Tarajal.
La propia historia certifica que Marruecos evalúa constantemente la capacidad de respuesta de España. La transición desde la disuasión militar de la época de Suárez hasta el apaciguamiento actual ha enviado un mensaje de debilidad institucional que Rabat explota de manera sistemática.