La Reforma Política nace en un chalecito de Navacerrada

«La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana». La frase se atribuye a Napoleón y puede aplicarse a la paternidad de la Ley para la Reforma Política que, aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976, abrió de par en par las puertas de la democracia. ¿Quién fue el autor de esta norma decisiva?

Para responder a la pregunta hay que remontarse al nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno el 3 de julio anterior.

Ese día el Rey escoge uno de los tres nombres salidos de la preceptiva terna del Consejo del Reino y de la chistera del prestidigitador que lo preside, Torcuato Fernández-Miranda. Será su último gran nombramiento, quizá escuetamente el último, realizado conforme a las atribuciones recogidas en la franquista Ley Orgánica del Estado.

En el imaginario colectivo la decisión ha quedado como uno de los grandes golpes de efecto de la Transición: nombrar a un demócrata encubierto y, por tanto, a salvo de las suspicacias del bunker. Para otros, obedece al impulso de Fernández-Miranda de asumir el liderazgo de la reforma a través de persona interpuesta. El recurrente hombre de paja es un político joven y atractivo, que, por ciencia infusa y haber dirigido Radiotelevisión Española, maneja bien los medios de comunicación.

Pero precisamente son estos medios los que peor le reciben, sorprendidos, a pie cambiado y estupefactos ante el nombramiento del «joven falangista». «El apagón» o «¡Qué error, qué inmenso error» resultan titulares sobradamente expresivos del recibimiento que se brinda al nuevo gabinete y, muy especialmente, a quien lo encabeza.

Con la negativa de Fraga y Areilza a colaborar, Suárez designa un consejo de ministros en gran medida facilitado por el vicepresidente Osorio y, por tanto, de orientación democristiana.

Sin pensarlo el nuevo presidente se lanza a revocar el tajante veredicto de la opinión pública. Lo logra casi de inmediato al emitirse el 6 de julio un mensaje grabado en el que rehúye la solemnidad de las grandes declaraciones franquistas. Desde su casa de Puerta de Hierro, Suárez anuncia su intención de que el pueblo español sea «dueño de su destino».

A lo largo de ese mes multiplica su actividad: viaje relámpago a París, almuerzos con la prensa y medidos encuentros con algunos líderes opositores. Tras el Consejo de Ministros del día 16 se anuncia una amnistía política y la celebración de elecciones el 30 de junio del año siguiente a más tardar.

Al día siguiente, a las tres de la mañana, comparece el ministro de Información y Turismo para dar cuenta a la prensa de la «declaración de intenciones gubernamental». Como señala el gran biógrafo de Suárez, el historiador Juan Francisco Fuentes, se desvelaba que el presidente concebía una transición muy apta para noctámbulos, a diferencia de la fallida de Fraga, que abandonaba cualquier compromiso a las doce de la noche con destino a la cama.

Había mucha prisa, sin duda, pero las ideas no estaban tan claras. Se deseaba desembocar en la democracia a través de un proceso que concluyera en las Cortes. Suárez confiaba en obrar rápido para mantener la iniciativa y ganarse a la oposición política y al pueblo español. Desconocía, sin embargo, cuál debía ser la llave –legislativa– maestra.

Por tanto, ese verano desecha tomar vacaciones (a cambio de alargar los fines de semana en Almería) y encarga diversos borradores de leyes para acometer la reforma democrática.

Hubo, al menos, tres textos, solicitados a los Ministerios de Justicia, Secretaría General del Movimiento y Presidencia. Los redactaron, respectivamente, Miguel Herrero, Eduardo Navarro y José Manuel Otero. También se recabó un documento de trabajo que elaboró el catedrático Carlos Ollero.

Lo que resulta apenas conocido es que se plantearon como alternativas un referéndum prospectivo al pueblo español, la disolución de las Cortes (para convocar otras de nueva composición) e incluso proseguir con la reforma Fraga que había emprendido el Gobierno anterior; de hecho, ya se habían aprobado las Leyes relativas al derecho de reunión y de asociación política, si bien naufragó la reforma parcial del Código Penal (que despenalizaría los partidos).

En el Consejo Nacional del Movimiento seguía su curso la discusión sobre los acuerdos alcanzados por la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional, una idea procesal propuesta por el Suárez ministro con la irónica complacencia de Fernández-Miranda. Quizá pudiera desencallarse. De haberse seguido esta última opción, no obstante, la pregunta resulta obvia: ¿A qué respondía entonces el cambio de Gobierno?

Aunque tanto Suárez como una parte de los miembros de su gabinete se esforzarían posteriormente en desnaturalizar la paternidad de la criatura, el embrión de la Ley para la Reforma Política se debió al hombre al que el presidente le debía su nombramiento.

En el Consejo de Ministros del 10 de agosto parece cundir la indecisión. Nadie se atreve a asumir el liderazgo de la reforma ni a decantarse por un texto concreto. La comisión restringida de ministros que se ha conformado para desatascar la encrucijada «constitucional» ofrece varias posibilidades, pero Suárez duda y acaba recurriendo al seco catedrático de Derecho Político que le ha facilitado un Ministerio en el primer Gobierno de la Monarquía.

Telefonea así el 16 de agosto al presidente de las Cortes, que acude a Madrid desde Asturias. Otra vez le es aplicable al antiguo preceptor del Rey la máxima de Talleyrand, aquel taimado maestro soberano de la diplomacia: «No me he apresurado nunca y jamás he llegado tarde».

El presidente y Fernández-Miranda, que una vez más llega a tiempo, mantienen varios encuentros entre los días 17 y 20. Este último se recluye en «La Braña», su casita de Navacerrada, el fin de semana del 21-22 de agosto y redacta una Ley Básica de Reforma Política cuyo texto teclea él mismo en una vieja máquina de escribir.

La escueta norma tiene poco de improvisada. Sus papeles personales, examinados por su hija y su sobrino en el libro Lo que el Rey me ha pedido, testimonian la paciente preparación de las Cortes por parte del hombre de confianza del monarca, así como la estrategia escogida. Frente a los retoques más o menos profundos de las leyes fundamentales auspiciados por Fraga, ha llegado la hora de un solo texto normativo, puramente instrumental.

El desafío también viene de lejos: «reforma desde la Ley de Sucesión» y referéndum del pueblo español tras aprobación de mayoría de dos tercios en Cortes. Esta Ley, en todo caso, consta de un preámbulo (que modificará más que otra cosa estilísticamente el Gobierno y que luego desaparecerá del texto final presentado a las Cortes), cuatro artículos y una disposición transitoria. Consagra la democracia, basada en el «imperio y supremacía de la ley» (como expresión de la «voluntad mayoritaria» del pueblo) como fundamento político del Estado español y un sistema bicameral que acabará imponiéndose para las elecciones de junio de 1977.

El día 23 Fernández-Miranda le entrega el texto mecanografiado a Suárez con explícitas palabras: «Aquí te entrego esto que no tiene padre». Y, un día más tarde y sin mencionar a su autor, el presidente esgrimió aquel folio ante sus ministros como la solución al problema de la democratización en el que estaba comprometido su ejecutivo.