Adolfo Suárez, el único presidente elegido por el Rey

El «tapado» era Torcuato Fernández-Miranda, catedrático de Derecho Político, antiguo preceptor del Príncipe de España y presidente del Gobierno en funciones por espacio de unas escasas horas tras la muerte en atentado terrorista del almirante Carrero Blanco.

El magnicidio del 20 de diciembre de 1973 había retirado de la escena, bien que temporalmente, al hombre de confianza de don Juan Carlos. Franco sajó de cuajo sus expectativas de gobernar porque estimaba que Fernández-Miranda carecía de simpatías entre la clase política. Y estaba en lo cierto.

El envarado asturiano había convencido a don Juan Carlos de que podía jurar ante las Cortes de Franco como sucesor de este en la Jefatura del Estado «a título de Rey» sin incurrir en el perjurio. El juramento de las Leyes Fundamentales y los Principios del Movimiento Nacional, colocada la mano sobre los Evangelios, incluía el grueso de estas y la norma concreta que albergaba los segundos y, muy en especial, el decisivo artículo 10 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.

Esta disposición concreta contemplaba la reforma y derogación de los textos «constitucionales» franquistas con arreglo tan solo a cierta mecánica procesal (voto favorable por mayoría de dos tercios en las Cortes y ratificación en referéndum del pueblo español). Por tanto, el adusto catedrático era el hombre en el que confiaba el Príncipe, el depositario de sus zozobras, temores y propósitos.

No obstante, el nuevo Gobierno se conformaría el 4 de enero de 1974 y lo encabezaría el menos probable de los recambios, el ministro de la Gobernación incapaz de proteger al desaparecido presidente. Carlos Arias Navarro, cuya carrera política franquista se había forjado en los gobiernos civiles y la seguridad del Estado, con un largo interregno en la Alcaldía capitalina, acabaría resultando, por circunstancias fortuitas, el último premier de Franco y el primero de la Monarquía.

Aunque enarboló un inicial programa aperturista, que la prensa bautizó como «espíritu del 12 de febrero», sufrió el recurrente acoso del búnker, se enfrentó con la jerarquía eclesiástica y, sobre todo, demostró una congénita incapacidad para entenderse con el designado para suceder a su caudillo.

Con un Franco en la fase terminal de su enfermedad, don Juan Carlos acarició la posibilidad de sustituir a Arias por el «tecnócrata» José María López de Letona. Desechada la denominada «Operación Lolita», y fallecido el general el 20 de noviembre de 1975, Arias resultó un presidente encastillado en su mandato de cinco años (ni siquiera le presentó la renuncia al Rey por deferencia) y, por tanto, heredado.

Don Juan Carlos hubo de mantenerlo por razones de prudencia. Como ha apuntado Ortí Bordás, tanto para el monarca como para su sagaz consejero, Arias siempre fue «un presidente interino que encabezaba un Gobierno rigurosamente provisional. Su relevo estuvo previsto desde el principio».

En esas circunstancias, Fernández-Miranda renunció ante el monarca a presidir el Gobierno y eligió la privilegiada atalaya de la Presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino. Quizá no le permitiría saborear públicamente las mieles del triunfo, pero sí manejar los engranajes de la Reforma Política desde bambalinas.

La decisión, a juicio de un crítico mordaz de la Transición, reveló más clarividencia que generosidad. Lo prueba que Arias, sabedor de quién era su auténtico rival, colaborara en su nombramiento aconsejando que su nombre se deslizara en la preceptiva terna del Consejo del Reino.

La composición del nuevo Gobierno Arias, el primero de la Monarquía, se decide en la Zarzuela. A cambio de su continuidad, el resistente primer ministro acepta los nombres reformistas que le sugiere el Rey: Fraga, Areilza, Garrigues u Osorio.

El flamante presidente de las Cortes solo logra colar en el gabinete a un político de peso pluma, Adolfo Suárez, entonces presidente de la asociación política Unión del Pueblo Español (UDPE). Aparentemente, este no representa amenaza para nadie y se convierte en ministro de la Secretaría General del Movimiento, un departamento amortizable en el futuro más inmediato.

Aunque a trompicones, la reforma del vicepresidente Fraga avanzará en los meses siguientes. Pero la interinidad de Arias no ha salido nunca de la mente del Rey y los tiempos los marca ahora su antiguo preceptor. Don Juan Carlos no se entiende con Arias. Será presidente el hombre que él decida… porque previamente lo habrá convencido Fernández-Miranda. «Alguien que haga lo que yo le diga». Esa es la divisa de su candidato para relevar a Arias, según desvela a un confidente.

En la primavera de 1976, la estrella de Arias se apaga. La prensa lo tilda de cadáver político y el Rey se decide al relevo tras su exitoso viaje a Washington. Sobre el papel, la alternativa parece sencilla. Lo más razonable para un monarca impaciente consiste en acudir a uno de los pesos pesados del reformismo postfranquista incluidos en el Gobierno Arias.

Entre estos descuella Manuel Fraga, algo quemado tras su paso por el Ministerio de la Gobernación. Le sigue Areilza, aristócrata monárquico que goza del favor de las cancillerías europeas y el beneplácito de la prensa. El búnker no lo traga, por lo que Garrigues padre podría constituir pieza de repuesto. Sin embargo, ni el vicepresidente ni los ministros de Exteriores y Justicia tienen posibilidad alguna.

Torcuato Fernández-Miranda anhela convertirse en presidente desde las sombras, llevar la manija de la Reforma Política por medio de persona interpuesta. Se fabrica, por tanto, el alambicado pretexto de un retrato robot con el que dirimir el nombre del elegido. Será fundamentalmente afecto al Rey y deudor tan solo de él mismo.

El aspirante debe ser un político joven; carecer de patrimonio económico personal, y presentar una ortodoxa hoja de servicios franquista. La juventud le inscribe en la generación del Rey, le aleja de la Guerra Civil. Representar algo muy distinto a la «tecnocracia» bancaria y financiera del país le va a permitir conectar con las clases medias.

La carrera política en el Movimiento, que conecta con el extendido franquismo sociológico, le granjeará la simpatía de los sectores más conservadores. Se explica así el trampolín de la Secretaría General del Movimiento, con competencia sobre los deportes, desde el que Fernández-Miranda lanzará a su candidato.

Tres son los posibles aspirantes, pesos medios (y, en algún caso, ligero), en definitiva: Rodolfo Martín Villa, José Miguel Ortí Bordás y Adolfo Suárez. El primero, con una meteórica carrera en el Movimiento, no se ha manifestado especialmente aperturista en el pasado y cuenta con menos valedores. A Ortí Bordás le juega en contra su independencia de criterio. Le dimitió a Fernández-Miranda como vicesecretario general del Movimiento y la eminencia gris del Rey no desea otra cosa que un dócil pupilo.

Aunque probablemente «tapado» del general Armada, el hombre que susurra a don Juan Carlos en la Zarzuela, resulta vetado por Fernández-Miranda en el primer Gobierno de la Monarquía. Su lugar, en la Secretaría General del Movimiento, lo ocupa proverbial y significativamente un político abulense llamado Adolfo Suárez.

Más tarde, el damnificado de la crisis adivinará el propósito de su antiguo ministro: fundar, a la manera de Maquiavelo, una colonia en el Gobierno, un peón en el que confiar y al que, posteriormente, elevar al alfil ejecutor de su política. De ahí que Ortí tilde a su antiguo amigo, que no correligionario, de «criatura política de Fernández-Miranda».

Nacido en Cebreros en 1932 y de tempranas inquietudes religiosas, mediocre estudiante de Derecho en Salamanca, Suárez tuvo a su primer y gran valedor en Fernando Herrero Tejedor, gobernador civil de Ávila y militante del Opus Dei. A su abrigo, Suárez accedió a la Secretaría General del Movimiento y acabó ocupando el Gobierno Civil de Segovia.

Director general de Radio Televisión Española (1969-1973), con el valimiento del almirante Carrero, Suárez fue nombrado vicesecretario general del Movimiento en abril de 1975, de nuevo a la sombra de Herrero Tejedor. No obstante, la muerte de este, en junio de ese año, pareció finiquitar su irrefrenable ascensión política. Nada más lejos de la realidad. El 11 de diciembre de 1975, Suárez se convirtió en ministro a sugerencia de Torcuato Fernández-Miranda.

El primer guiño a su candidatura debió de plantearse en abril de 1976. Por entonces, el antiguo profesor del Rey elaboró un perfil acorde a sus propósitos. El candidato debía reunir tres condiciones: adhesión a la empresa democratizadora y legalista de la Corona, carencia de proyecto propio y capacidad de diálogo y seducción.

Se asemejaba, sin duda, al retrato de Suárez más que al de cualquier otro. El guionista de la Transición estaba decidido a promoverlo, aun cuando unas semanas atrás hubiera adivinado en él una «desmesurada codicia de poder» al sugerirle la posibilidad del nombramiento.

El Rey apreciaba personalmente a Suárez, pero lo encontraba «muy verde» en términos políticos. Y el presidente de las Cortes hubo de emplearse a fondo para convencerlo. Después de la brillante defensa ante las Cortes de la Ley de Asociación Política por parte de Suárez y, sobre todo, del globo sonda que el monarca lanzó a este en la final de la Copa («¿no crees que hacen falta presidentes jóvenes?», le espetó señalando a don Santiago Bernabéu), la cosa estaba casi hecha.

El 1 de julio de 1976, don Juan Carlos forzó la dimisión de Arias Navarro en el Palacio de Oriente. Dos días después del «borboneo», Fernández-Miranda lograba obtener el nombre apetecido en la terna preceptiva del Consejo del Reino. El 3 de julio, Adolfo Suárez se convertía en el primer —y último— presidente del Gobierno elegido por don Juan Carlos.