Celebración de la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936

Celebración de la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936

La cita electoral de 1936: las elecciones que España debería mirar antes de volver a las urnas

Una democracia no exige que nos gusten quienes ganan las elecciones. Exige algo mucho más sencillo y, a veces, mucho más difícil: aceptar que también tienen derecho a ganarlas

Salvo adelanto electoral, dentro de aproximadamente un año Pedro Sánchez tendrá que volver a convocar a los españoles a las urnas. Las últimas elecciones generales se celebraron el 23 de julio de 2023 y la legislatura tiene constitucionalmente una duración máxima de cuatro años.

Llegaremos, por tanto, a 2027 después de una legislatura especialmente bronca, marcada por la amnistía, la dependencia parlamentaria de los partidos independentistas, los enfrentamientos entre Gobierno y oposición y una creciente batalla en torno a instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía.

No sabemos qué ocurrirá de aquí a entonces. Tampoco estamos en 1936. La España actual es una democracia consolidada, miembro de la Unión Europea, sin organizaciones paramilitares de masas, una violencia política comparable o un Ejército conspirando contra el régimen constitucional. Establecer equivalencias entre partidos o dirigentes actuales y los de la Segunda República sería, además de simplista, históricamente incorrecto.

¿Qué pasó en las elecciones de 1936?

La Historia no necesita repetirse exactamente para resultar útil. A veces basta con observar determinadas dinámicas. El 16 de febrero de 1936 los españoles acudieron a las urnas en un país profundamente dividido.

A un lado se encontraba el Frente Popular, que agrupaba a republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, entre otras fuerzas; enfrente, unas derechas que concurrieron mediante distintas alianzas y cuyo principal partido era la CEDA de José María Gil-Robles. Entre ambos quedaba un centro cada vez más debilitado.

Ganó el Frente Popular y Manuel Azaña acabaría presidiendo primero el Gobierno y, desde mayo, la República.

Aquellas elecciones han sido objeto de una intensa discusión historiográfica por las irregularidades, episodios de violencia y alteraciones producidas durante determinadas fases del proceso electoral.

Pero afirmar sin matices que unas elecciones fraudulentas provocaron la Guerra Civil sería una simplificación difícilmente sostenible ya que la guerra tampoco comenzó al día siguiente. En Historia, si queremos ser rigurosos, no podemos caer en simplificaciones ni en argumentos que favorezcan ideologías propias.

Entre febrero y julio España vivió una creciente violencia política, huelgas, ocupaciones de tierras, ataques contra edificios religiosos, enfrentamientos callejeros y asesinatos, mientras una parte del Ejército conspiraba contra la República.

El asesinato de José Calvo Sotelo, el 13 de julio, cometido por miembros de las fuerzas de seguridad y militantes socialistas como represalia por el asesinato previo del teniente José Castillo, fue uno de los últimos aceleradores de una conspiración militar que ya estaba en marcha.

Para comprender 1936 hay que retroceder hasta 1933.

Las elecciones de noviembre de aquel año, las primeras generales en las que pudieron votar las mujeres, cambiaron el mapa político. La izquierda republicana sufrió una severa derrota, el Partido Radical de Alejandro Lerroux obtuvo 102 diputados y la CEDA se convirtió, con 115, en la fuerza con mayor representación parlamentaria, es decir, habían ganado las derechas y el centro.

Y aquí aparece una de las cuestiones más interesantes de aquel periodo: sectores de la izquierda no interpretaron aquel resultado simplemente como una derrota electoral que debía revertirse en las siguientes elecciones. La llegada de la CEDA al Gobierno era contemplada por parte del socialismo como una amenaza para la propia República.

Gil-Robles tampoco ayudaba a disipar los temores. La CEDA era católica, conservadora y accidentalista respecto a la forma de Estado y su líder había utilizado una retórica autoritaria que, en una Europa donde Hitler acababa de alcanzar el poder, inquietaba a sus adversarios.

Cuando en octubre de 1934 tres ministros de la CEDA entraron finalmente en el Gobierno, PSOE y UGT impulsaron una insurrección que alcanzó su máxima expresión en Asturias. Simultáneamente, Lluís Companys proclamó el «Estado Catalán de la República Federal Española». La autonomía catalana fue suspendida y Companys terminó encarcelado. Todo patas arriba.

Octubre de 1934 dejó muertos, detenidos y una enorme fractura social, pero también algo mucho más difícil de reparar: la convicción creciente de que el adversario político no era simplemente alguien al que había que derrotar en las urnas, sino alguien al que había que impedir gobernar. Si queremos establecer un paralelismo entre aquel momento y el actual es aquí, aunque, eso sí, salvando las distancias.

Cuando el adversario se convierte en enemigo

Las elecciones de febrero de 1936 fueron extraordinariamente ajustadas en votos. Una reconstrucción sitúa al Frente Popular y sus aliados en torno al 47 % y a las derechas y el centroderecha alrededor del 46,5 %. Sin embargo, el sistema electoral convirtió aquella mínima diferencia en una enorme distancia parlamentaria, siendo lo más significativo no la existencia de dos bloques, sino lo que había sucedido entre ellos: el centro se había hundido.

Salvando nuevamente las distancias, algo de esa dinámica puede observarse hoy. PP y PSOE necesitan mirar hacia sus respectivos flancos para construir mayorías. Vox se ha consolidado a la derecha y el espacio situado a la izquierda del PSOE continúa fragmentado, mientras los intentos por reconstruir un gran centro encuentran enormes dificultades.

Quizá porque en épocas de polarización el centro tiene un problema y que grita poco. El problema comienza cuando el principal argumento para pedir el voto deja de ser lo que uno hará si gobierna y pasa a ser el miedo a lo que ocurrirá si gobierna el contrario.

En 1936 una parte de la izquierda veía en las derechas el peligro del fascismo mientras una parte de la derecha contemplaba al Frente Popular como la antesala de una revolución.

Para muchos españoles no se elegía simplemente un Gobierno: se decidía qué España iba a sobrevivir. No estamos, ni remotamente, en aquel punto. Pero resulta difícil no reconocer el mecanismo cuando escuchamos «frenar a la ultraderecha», «acabar con el sanchismo», «salvar la democracia» o «defender la Constitución». Cada convocatoria electoral parece más definitiva que la anterior.

Las instituciones entran en la batalla

Una democracia necesita lugares que incluso quien pierde considere legítimos. España vive hoy una permanente discusión sobre la independencia de algunas de sus principales instituciones: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, los tribunales, el Congreso e incluso la Corona aparecen recurrentemente incorporados a la confrontación.

Si cada sentencia favorable demuestra que la «Justicia funciona» y cada sentencia contraria que «los jueces están politizados», quizá el problema sea más profundo que la resolución concreta que estemos discutiendo.

También Cataluña atravesaba la política española de 1936. Llegaba a aquellas elecciones después de octubre de 1934, Companys encarcelado y la autonomía suspendida. Una de las primeras decisiones tras la victoria del Frente Popular fue precisamente la amnistía de los condenados por aquellos acontecimientos.

Ochenta y tantos años después España ha vivido un intento independentista, condenas judiciales, indultos y una ley de amnistía. Equiparar ambos momentos sería tramposo, pero existe una constante histórica difícil de ignorar: la cuestión territorial vuelve periódicamente al centro de la política española y condiciona mayorías y gobiernos.

Por eso comparar 1936 y 2027 no consiste en anunciar que la Historia vaya a repetirse sino en recordar precisamente qué ocurre cuando una sociedad deja de considerar al contrario un adversario y empieza a considerarlo un enemigo.

Una democracia no exige que nos gusten quienes ganan las elecciones. Exige algo mucho más sencillo y, a veces, mucho más difícil: aceptar que también tienen derecho a ganarlas. En 2027 volveremos a votar. Quizá antes de preguntarnos quién queremos que gane deberíamos hacernos la gran pregunta: ¿estamos dispuestos a aceptar que ganen los otros?

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