Las listas, los autobuses y las fosas: cómo se organizó la matanza de Paracuellos hace 90 años

El calendario señala en este otoño de 1936 el nonagésimo aniversario de la mayor matanza organizada en la retaguardia durante la guerra civil española: las ejecuciones sistemáticas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz.

El análisis de los fondos documentales –desde los expedientes penitenciarios del Centro Documental de la Memoria Histórica hasta los despachos diplomáticos del Foreign Office británico y las legaciones hispanoamericanas– ha cerrado el debate historiográfico en torno al origen de los crímenes.

Lejos de responder a una explosión espontánea de odio popular o a desmanes de grupos marginales ajenos a la autoridad, los fusilamientos colectivos fueron el resultado de una operación burocratizada, planificada y ejecutada bajo la supervisión directa de las estructuras de orden público del Frente Popular en Madrid.

El vacío de poder y la Junta de Defensa

El detonante operativo de las matanzas se produjo a principios de noviembre de 1936. Con las columnas del Ejército de África del general Francisco Franco alcanzando los arrabales de Carabanchel y la Casa de Campo, el Gobierno de la República, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, decidió evacuar la capital en la tarde del 6 de noviembre y trasladar la sede ministerial a Valencia.

La marcha gubernamental dejó la administración de la ciudad sitiada en manos de un organismo de emergencia: la Junta de Defensa de Madrid, formalmente constituida el 7 de noviembre bajo la presidencia militar del general José Miaja.

En el reparto de responsabilidades políticas de la nueva Junta, el control del orden público y de la policía civil se entregó a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), organización plenamente alineada con la disciplina del Partido Comunista de España y asesorada por delegados de la Internacional Comunista en la capital, entre ellos Mijaíl Koltsov y cuadros de la NKVD soviética, entre cuyas funciones destacaba el manejo de los gulags o la guardia fronteriza.

La Consejería de Orden Público recayó en un dirigente de veintiún años, Santiago Carrillo, quien designó como su delegado y ejecutor inmediato a Segundo Serrano Poncela. A través de este engranaje, el aparato policial republicano asumió la tutela administrativa sobre los centros de reclusión de Madrid, donde permanecían hacinados miles de ciudadanos detenidos desde el estallido del conflicto en julio.

La logística de las 'sacas' oficiales

El argumento de los «incontrolados» queda desmentido por la minuciosa intendencia necesaria para llevar a cabo los traslados. La extracción de prisioneros no se produjo mediante asaltos armados a los recintos carcelarios, sino a través de mandatos oficiales tramitados ante las direcciones de las prisiones Modelo, Porlier, San Antón y Ventas. Las denominadas «sacas» se ejecutaban de madrugada utilizando listados mecanografiados y sellados por la Delegación de Orden Público de la Junta de Defensa.

Para movilizar a contingentes diarios que oscilaban entre trescientas y quinientas personas, los comités emplearon la flota de autobuses de dos pisos de la Sociedad Madrileña de Tranvías y camiones requisados por las milicias. Los reclusos eran llamados nominalmente, conducidos a los rastrillos de salida, despojados de sus pertenencias personales y atados de dos en dos por los codos mediante cuerdas o alambres.

Los convoyes abandonaban el perímetro urbano de Madrid atravesando hasta quince puestos de control y retenes milicianos en la carretera de Aragón y la de Valencia, los cuales exigían contraseñas oficiales expedidas por la Dirección General de Seguridad.

El destino final eran los parajes del Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz, y los terrenos próximos al arroyo de San José, en Paracuellos del Jarama, donde cuadrillas de campesinos de los pueblos limítrofes habían sido movilizadas por los comités locales para excavar zanjas de enterramiento de decenas de metros de longitud.