El expresidente de Colombia Andrés Pastrana y el actual presidente Gustavo Petro
Colombia
Gustavo Petro arremete judicialmente contra Andrés Pastrana para acallar sus críticas
En un hecho inédito en la política colombiana y de judicialización de la política, un presidente en activo denunció penalmente a un exmandatario por sus críticas contra su Gobierno. Gustavo Petro ha denunciado a Andrés Pastrana ante la Fiscalía de Colombia por los delitos de injurias y calumnias por un tuit que publicó el 28 de noviembre de 2022.
Pastrana señaló entonces: «Su campaña y su presidencia @petrogustavo no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total» en referencia a las decisiones políticas del Gobierno de Colombia que estarían favoreciendo a la criminalidad transnacional del narcotráfico.
Tales señalamientos, son considerados por Petro como «acusaciones completamente falsas» y «un ataque directo» a su «derecho a la honra y el buen nombre» y por eso presentó una denuncia de cuatro páginas ante la Fiscalía a cargo de Francisco Barbosa.
En esa denuncia, Petro pide que la misma «no sea interpretada no como acto político, sino como una legítima acción ciudadana». Sin embargo, Pastrana respondió en otro tuit que «la política se debate en la plaza pública y no en los tribunales».
Precisamente los exjefes de Estado y Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) alertó en una declaración «el peligro que para la democracia significa la judicialización de la política en Colombia».
Los líderes reunidos en IDEA, entre los que se encuentran el expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, el expresidente mexicano Vicente Fox y el premio nobel de la paz y expresidente de Costa Rica Óscar Arias, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que «en la arena del debate sobre temas de alto interés público no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas, sino también aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos».
Así mismo, la Internacional Demócrata de Centro y la Internacional Demócrata Cristiana (IDC-CDI), organizaciones interpartidistas con sede en Bruselas, rechazó a la «persecución política» contra «el líder de la oposición en Colombia».
La IDC-CDI también manifestó «su enorme preocupación frente a las violaciones a los derechos de libertad de pensamiento y expresión, al derecho a la honra y dignidad y a los derechos políticos, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la Constitución Política de Colombia».
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