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22 de julio de 2024

Patricia Santos
AnálisisPatricia SantosBruselas

La Policía belga yerra de objetivo (y las autoridades también)

En una sociedad democrática, es fundamental proteger el derecho de los ciudadanos a congregarse pacíficamente y debatir sobre cuestiones de interés público, sin temor a la represión o la interferencia indebida de las autoridades

Bruselas Actualizada 06:50

La policía belga bloqueó el acceso al recinto Claridge para evitar que se celebrara el eventp

La policía belga bloqueó el acceso al recinto Claridge para evitar que se celebrara el eventoAFP

'National Conservatism' es un movimiento intelectual con proyección pública iniciado desde la Fundación Burke y formado por periodistas, académicos, políticos e investigadores sociales que comparten interés por el enfoque conservador de las políticas nacionales e internacionales

En su declaración de principios los impulsores del movimiento se alinean con las siguientes opciones políticas: soberanía e independencia nacionales, rechazo de cualquier imperialismo y del globalismo, reconocimiento público del cristianismo como religión mayoritaria y fundacional de Occidente, reconocimiento del Estado de derecho y sus valores de igualdad, libertad, separación de poderes, legalidad y seguridad jurídicas; la economía de libre mercado; el apoyo de la investigación con fondos públicos que esté al servicio de las necesidades nacionales; la defensa de la familia tradicional y de los derechos de la infancia; el apoyo a la inmigración legal que se integra en el país de acogida; y el rechazo del racismo, incompatible con una idea de nacionalismo que respeta y combina las necesidades únicas de comunidades minoritarias particulares y el bien común de la nación en su conjunto.

Las conferencias NatCon Conferences son un formato empleado por esta fundación para ofrecer espacios de diálogo y encuentro a quienes deseen debatir estas ideas en público, contando con el respeto necesario para que se produzca un verdadero intercambio de ideas. Los días 16 y 17 estaba convocado uno de estos encuentros en Bruselas al más alto nivel, contando entre los ponentes a Viktor Orbán, Eric Zemmour, Mateusz Morawiecki y Nigel Farage, entre otros.

En un giro inesperado para un país democrático que dice ser la sede del Parlamento de todas las democracias europeas, las autoridades locales han decidido cancelar el evento previamente autorizado y organizado por este grupo respetable, a sabiendas que algunos de sus invitados han sido elegidos democráticamente para representar a una parte significativa de la población de sus respectivos países.

La conferencia, que prometía reunir a destacados expertos y líderes de diferentes campos, fue abruptamente prohibida por la policía belga sin una explicación clara.

El evento había sido planificado meticulosamente durante meses, estaba destinado a ser una plataforma para el intercambio de ideas y el debate sobre temas cruciales que afectan al pensamiento conservador europeo.

Parece ser que el título de la conferencia de dos días: «The National Conservatism Conference: Preserving the Nation-State in Europe» ha sido motivo suficiente para activar los resortes del establishment europeo que ha ejercido su presión sobre sus homólogos locales para que neutralizasen el evento cancelando consecutivamente el alquiler realizado en dos hoteles y finalmente en una sala de bodas, mediante el envío de la policía.

La cancelación repentina ha dejado a organizadores y participantes desconcertados y preocupados por el estado de la libertad de expresión y la democracia local, en el corazón de Europa.

Entre los aspectos más alarmantes de esta situación se encuentra la falta de transparencia por parte de las autoridades.

No se ha proporcionado ningún motivo oficial para la cancelación del evento, lo que ha generado especulaciones y sospechas sobre posibles motivaciones ocultas detrás de esta acción drástica.

Una interpretación apunta que la «foto» de los policías en la puerta de la sala donde se celebraba es una forma de estigmatizar a todos los asistentes, a pesar de no haber dado la más mínima señal de desorden público.

Esta cancelación significa sobre todo un acto de censura por parte de las autoridades, que buscan suprimir ideas o perspectivas que no estén alineadas con su agenda política.

La ausencia de una explicación clara pone en cuestión el compromiso de las autoridades europeas y belgas con los principios democráticos y los derechos fundamentales que dicen mantener.

Las autoridades locales han defendido su decisión como una medida de precaución en respuesta a preocupaciones de seguridad o posibles disturbios públicos.

Argumentan que la presencia de invitados externos podía generar tensiones innecesarias o incluso representar un riesgo para la seguridad de la comunidad.

En Bruselas se celebran diariamente en torno a un centenar de eventos relacionados con los asuntos públicos desde múltiples perspectivas (excepto ésta).

Además la ciudad tiene otros problemas de seguridad evidentes como cuna de células terroristas y extremismos radicales islamistas, sin embargo, ha preferido enviar un grupo de policías a un lugar donde todos los asistentes pedían las cosas por favor y daban las gracias, donde no se ha levantado la voz, y donde todo transcurría con normalidad, a pesar de haber sido modificado tres veces el lugar de celebración en menos de 48 horas.

La justificación esgrimida por la policía en un uso muy limitado de la lengua inglesa, no ha convencido a nadie, quedando bastante en evidencia una acción que los tribunales decidirán si comprende una violación flagrante de la libertad de reunión y expresión.

En una sociedad democrática, es fundamental proteger el derecho de los ciudadanos a congregarse pacíficamente y debatir sobre cuestiones de interés público, sin temor a la represión o la interferencia indebida de las autoridades. Se debe poder estar de acuerdo o disentir en público sobre diferentes modelos de Europa, lo contrario es un ataque a los principios democráticos.

La cancelación de este evento organizado legal y pacíficamente plantea serias preocupaciones sobre la salud de la democracia local y la protección de los derechos fundamentales, y supone un recordatorio oportuno de que la libertad no puede darse por sentada, ni siquiera en Bruselas.

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