La salida de Maduro: ¿Acuerdo para la gobernabilidad y la paz o pacto de salvación?

Desde que el presidente Gustavo Petro propuso un tal «plebiscito de garantías» para el perdedor en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, se puso en movimiento un discreto debate acerca del significado de tal propuesta.

Hemos sabido de las diligencias de la líder María Corina Machado con el embajador de Colombia en el país y con el propio canciller colombiano sobre el tema, pero sin mayores detalles.

También, el candidato opositor Edmundo González Urrutia, ha señalado que se requiere de un Pacto de Convivencia con el gobierno, en vista de que habría que esperar los 6 meses que median entre la elección y la toma de posesión en enero de 2025, además de tener que esperar cerca de un año hasta la elección de una nueva Asamblea Nacional para poder sustituir a los componentes de los poderes públicos (TSJ, Fiscalía, CNE, Contraloría, procuraduría y Defensoría del Pueblo), pero tampoco sabemos mucho acerca de los términos que podría contener tal Acuerdo.

No obstante, el tema se ha prestado para muchas interpretaciones, aunque la más consensuada es que, por primera vez, sus aliados reconocen la debilidad política del gobierno y advierten también que se enfrenta a la amenaza real de perder el poder.

Ahora, reciente y sorpresivamente, nos encontramos con una propuesta pública liderizada por el economista Víctor Álvarez (ex ministro de Chávez) con el título de «Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la presidencia de la república», cuyo editorial comienza con un desventurado párrafo en el cual se lee lo siguiente (subrayado nuestro): «Cualquier régimen sometido a persecución judicial y recompensas no va dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo».

He aquí el primer error, pues no es cierto que cualquier régimen respondería de ese modo a la posibilidad de perder una elección; eso solo se esperaría de una dictadura, pues los gobiernos democráticos están bien conscientes y practican el principio de la alternabilidad.

Más adelante señala que el propósito del pacto es: «garantizar los derechos políticos de los que están en el gobierno» … «en el caso de que tengan que entregar el poder».

Segundo error, amigo Víctor, pues esos derechos políticos ya están garantizados en la Constitución Nacional, aunque el gobierno no los respete.

Cierra el preámbulo editorial con la afirmación de que el pacto sería firmado solo por los candidatos presidenciales que finalmente lograron inscribir su candidatura ante el CNE.

Pero eso no es todo; cuando entra a lo medular, el pacto aspira a crear una Comisión de la Verdad que evalúe los delitos cometidos y que permita lograr «el indulto, sobreseimiento de causa o extinción de la acción penal, a favor de las personas investigadas, imputadas, acusadas o condenadas como autores o partícipes en actos punibles» descritos en el texto, pero incluyendo al gobierno y a la oposición que, además, solo serán juzgados por la justicia ordinaria del país, cuyos tribunales transicionales podrán considerar la aplicación de medidas especiales de amnistía, sobreseimiento, indulto y extinción de causa penal.

Es decir, se aspira sin decirlo, a anular la intervención de la Corte Penal Internacional en el juzgamiento de delitos de violación de derechos humanos y de lesa humanidad, así como de las recompensas ofrecidas por la justicia norteamericana para la captura de un grupo de altos funcionarios.

Se solicita, adicionalmente, no involucrar a la FANB, ni atacarla, en el desarrollo de la campaña electoral ni en el debate político nacional.

Más adelante, y para evitar la previsible crisis de gobernabilidad que surgirá luego del triunfo opositor, se propone que los candidatos reconocidos por el CNE y solo ellos, concierten un Programa Básico de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales, que permita gestionar las relaciones con el gobierno central, gobernaciones estadales y alcaldías, que incluye la oferta de incorporación de algunos opositores al Consejo de Ministros existente.

Luego, también se agrega la gestión de una solicitud de levantamiento de todas las sanciones, el desbloqueo de los bienes retenidos y la devolución de los activos «incautados» en varios países del mundo.

La «guinda del postre» es que el pacto que se propone deja en manos de los candidatos escogidos por el CNE, la ejecución y el seguimiento de todo el proceso de transición democrática, desde la elección presidencial del 28 de julio hasta la elección de la Asamblea Nacional en 2025.

Así que lo que tenemos aquí es un «pacto de salvación» para el gobierno, en vez de lo que verdaderamente requerimos que es un Acuerdo para garantizar la paz y la gobernabilidad, el cual comienza con el reconocimiento y el respeto al otro.

Esperemos por la respuesta y las opciones que ofrecerán los partidos de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado y el candidato Edmundo González.