Los carteles criminales y de corrupción en Venezuela
Estos grupos fueron inicialmente promovidos, financiados y armados a través de la creación de las eufemísticamente denominadas «Zonas de Paz», junto con los «círculos bolivarianos»
Un hombre pasa junto a un mural pintado en la pared frente a la sede de PDVSA, Venezuela
El más reciente informe de la ONG Transparencia Venezuela (Crimen organizado y corrupción en Venezuela: un problema de Estado, 2020, actualizado), señala que la delincuencia criminal se ha convertido en «… Un grave problema que mantiene en constante peligro a la población y cuyos efectos han traspasado fronteras, especialmente hacia países de América Latina».
El informe ubica, identifica y describe a los principales carteles del crimen organizado y de la corrupción (todos promovidos por el gobierno), cuya dimensión y poder muestra las debilidades institucionales del Estado y la profunda crisis política y social en que nos ha sumido, además del desastre económico.
Con relación a los carteles criminales, destacan, en primer lugar, las «MegaBandas», unas 19 identificadas hasta ahora, cada una conformada por numerosos (con frecuencia más de 100) miembros asociados y que operan en los barrios de las principales ciudades del país, particularmente en Caracas.
Ellas fueron originalmente promovidas, financiadas y armadas a través de la creación de las eufemísticamente denominadas «Zonas de Paz», junto con los «círculos bolivarianos», como primera fuerza de choque o contención para la defensa del gobierno, pero que luego se independizaron y desarrollaron sus propios objetivos. La conocida megabanda «El tren de Aragua» es un buen ejemplo de lo dicho.
El resultado fue la creación de una red criminal de exportación, que funciona con casi total impunidad dentro del país y controlan no solo el delito en todas sus formas, sino también a las comunidades en las cuales operan, apoyadas por pequeñas bandas (unas 18.000) dispersas en el territorio nacional, y eventualmente, por los colectivos armados denominados «Guardianes de la Revolución», que son grupos civiles con unos 8.000 miembros que dominan pequeños territorios en sus localidades y actúan vinculados con los organismos de seguridad del Estado.
Luego están los «Sindicatos criminales», que manejan las ofertas de empleo y extorsionan a las empresas empleadoras y a los trabajadores, especialmente en el área de la construcción y en las actividades mineras y petroleras.
Estos «sindicatos» viven a la sombra de los grandes proyectos del Estado, como las obras públicas de envergadura, el Arco Minero del Orinoco y las empresas del hierro y el aluminio, entre otras, para garantizar el «orden y la seguridad» y hasta se ocupan de administrar justicia en las zonas que controlan.
Pero son, además, responsables de los altos índices de homicidios en las zonas donde se desempeñan (entre 450 y 620 homicidios por 100 mil hectáreas) y de unas 40 masacres conocidas como las ocurridas en Tumeremo, en el Arco Minero del Orinoco.
Otro cartel criminal descrito es el de los «Pranes (jefes) de organizaciones carcelarias», también auspiciadas por las autoridades para ejercer un «eficiente control de los penales» y poner orden en el tráfico de drogas y armas, en la distribución de los privilegios, la protección y la comisión de delitos fuera de la cárcel, como la extorsión vía telefónica y el sicariato; todo ello, a través de estructuras jerárquicas organizadas, dirigidas por los propios prisioneros, con anuencia de las autoridades de cada penal.
Un cartel destacado en el informe de Transparencia Venezuela, es el de las «Bandas Criminales Fronterizas», conformadas, en primer lugar, por los «grupos paramilitares exguerrilleros de las FARC y el ELN» que operan en los Estados fronterizos Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, actuando como protección y resguardo de los corredores de narcóticos provenientes de Colombia, pero también como fuerza de choque y contención a favor del gobierno venezolano.
Solo el ELN tiene presencia en 12 Estados, posee emisoras radiales clandestinas, ejerce control sobre las actividades económicas por medio de la extorsión, el robo y el sicariato contra ganaderos y comerciantes, y tienen una fuerte inherencia en la actividad minera en los Estados Amazonas y Bolívar.
Otro grupo asociado a este cartel es el de las «Bandas Criminales colombianas» (BACRIM), unas 15 organizaciones conocidas, dedicadas a la extorsión, secuestro y sicariato contra ganaderos, comerciantes y empresarios, y al control de los caminos verdes (trochas) para la movilización de migrantes venezolanos.
También conforma este cartel, el Frente Bolivariano de Liberación (FBL), con 1.000 a 4.000 miembros, un grupo paramilitar dedicado a la extorsión de ganaderos y comerciantes en los Estados fronterizos con Colombia, y ahora vinculado también a la extorsión y tráfico de personas entre los migrantes que cruzan por Colombia y Panamá hacia Centroamérica y los EE.UU.
Finalmente, el informe describe los carteles responsables de la mayor producción y movilización de dinero proveniente del delito en el país: el cartel del «Narcotráfico» y el cartel de la «Corrupción».
El «cartel del narcotráfico» moviliza a través de Venezuela cerca del 41 % de la droga (principalmente cocaína y marihuana) colombiana; es decir, casi la mitad de lo que produce, que es a su vez el 71 % de lo que se consume en el mundo.
Buena parte de ella sale por vía aérea en aviones oficiales o privados y vuelos comerciales, o por vía acuática en barcos de instituciones gubernamentales o de la marina mercante que parten desde nuestros puertos y aeropuertos, con protección y total impunidad. No hay precisión respecto al volumen de drogas que se moviliza, pero por lo que se sabe representa miles de kilogramos al año y centenares de millones de dólares.
Adicionalmente, hay que señalar que no hay duda de que el tráfico de drogas es una actividad que atraviesa a todos los carteles que se han citado en el informe.
Por su parte, el «cartel de la corrupción», conformado por numerosos funcionarios públicos de alto y medio nivel y sus empresarios privados, banqueros nacionales e internacionales, bufetes de abogados, organismos policiales y de seguridad y del sistema judicial asociados, con presencia en más de 70 países, ha extraído del erario público por distintas vías, una suma de más de 750.000 millones de dólares en los últimos 20 años.
Solo el reciente affaire PDVSA-Criptomonedas de El Aissamí involucró unos 100.000 millones de dólares.
Tiene razón entonces la gente de Transparencia Venezuela, al señalar al crimen organizado y a la corrupción como un grave problema de Estado.
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