Un Tribunal de Apelaciones congela el intento de desacato contra Trump por las deportaciones a El Salvador

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha suspendido de forma provisional el proceso judicial que buscaba declarar en desacato al gobierno del presidente Donald Trump. La medida responde a un recurso presentado por la Administración, que solicitó más tiempo para defender su actuación tras haber desobedecido una orden judicial que le prohibía deportar migrantes a El Salvador.

La disputa legal surgió a raíz de una resolución del juez federal James Boasberg, quien la semana pasada acusó al Ejecutivo de actuar con «absoluto desprecio» por el mandato del tribunal, luego de que más de 200 migrantes —en su mayoría ciudadanos venezolanos— fueran enviados a territorio salvadoreño en contra de lo ordenado por la corte.

En su decisión de más de 40 páginas, Boasberg advirtió que permitir al Gobierno ignorar los fallos judiciales compromete gravemente el Estado de derecho. «La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de sus disposiciones, y menos aún por parte de quienes han prometido protegerla», señaló el magistrado. También expresó que tal conducta transformaría el sistema constitucional en una «burla solemne».

El núcleo de la controversia radica en la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por Trump el 14 de marzo para justificar la expulsión de cientos de migrantes, a quienes acusó de estar relacionados con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Esta ley, concebida en contextos bélicos, rara vez ha sido utilizada en la era moderna, lo que ha alimentado las críticas sobre su empleo en situaciones de migración.

Apenas un día después, Boasberg suspendió de inmediato la aplicación de la norma y ordenó detener los vuelos que trasladaban a los migrantes hacia Centroamérica. No obstante, la orden fue desobedecida: los aviones aterrizaron en El Salvador, lo que agudizó la disputa institucional entre el poder judicial y la Casa Blanca. El propio Trump llegó a sugerir que Boasberg debía enfrentar un juicio político por su decisión.

Los migrantes fueron internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión salvadoreña de máxima seguridad que ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos debido a las denuncias de tortura y tratos inhumanos. Un reciente informe de Human Rights Watch llegó a calificar estas deportaciones como una forma de «desaparición forzada», al denunciar la falta de información sobre el paradero y las condiciones en las que se encuentran los expulsados.

En defensa de su política, la Administración Trump ha alegado que los migrantes deportados están vinculados a estructuras criminales como Tren de Aragua y la pandilla MS-13, ambas recientemente catalogadas como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, diversas investigaciones periodísticas han revelado que la mayoría de los deportados no tienen antecedentes penales ni vínculos comprobados con el crimen organizado.

Según trascendió, el envío de los migrantes fue posible gracias a un acuerdo entre Washington y el gobierno de Nayib Bukele, que incluyó el traslado de detenidos al CECOT. Como parte del pacto, Estados Unidos se comprometió a transferir seis millones de dólares anuales a El Salvador para colaborar en el mantenimiento de su sistema penitenciario, aunque los detalles del convenio no han sido revelados públicamente.