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Evo Morales, expresidente de BoliviaAizar Raldes / AFP

Choque judicial en Bolivia: decisiones judiciales contradictorias mantienen en vilo el proceso contra Evo Morales

Una jueza de Santa Cruz anuló la orden de aprehensión contra el exmandatario por un caso de trata agravada, pero otro juez en La Paz restituyó la medida dos días después, agudizando la crisis institucional

La situación jurídica del expresidente boliviano Evo Morales (2006–2019) atraviesa un momento de alta tensión e incertidumbre, luego de que dos decisiones judiciales opuestas fueran emitidas en menos de 72 horas respecto a una orden de captura en su contra, vinculada a un proceso por presunta trata agravada de personas.

El pasado miércoles, la jueza Lilian Moreno, perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió una resolución que dejaba sin efecto la orden de aprehensión dictada en octubre de 2023 por un juez en Tarija. Dicha medida fue considerada como una victoria por la defensa de Morales, que había planteado semanas atrás una queja formal solicitando que el caso fuera derivado a un «juez natural» en Villa Tunari, en Cochabamba, bastión político del exmandatario y lugar donde reside desde noviembre del año pasado.

El abogado Nelson Cox, representante legal de Morales, explicó que el fallo de Moreno no solo anulaba la orden de detención, sino que además reconocía la libertad irrestricta del exgobernante y no contemplaba posibilidad de apelación. El expresidente, por su parte, celebró la decisión al manifestar que, «después de mucho tiempo, sentí que llegó la justicia».

Sin embargo, la reacción institucional no se hizo esperar. Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, criticó abiertamente la resolución de la jueza cruceña. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), expresó su rechazo a decisiones que, en su opinión, permiten «que ciudadanos procesados por hechos de pedofilia se burlen de la justicia». Similar postura asumió el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, quien anunció el inicio de una investigación sobre la actuación de Moreno.

El expresidente boliviano, Evo MoralesAFP

En este contexto, este viernes se conoció un nuevo giro en el proceso. El juez Franz Zabaleta, desde La Paz, emitió una resolución que ordena mantener vigente la orden de aprehensión contra Morales como medida cautelar. En su fallo, Zabaleta suspende temporalmente los efectos de cualquier resolución previa —incluida la de la jueza Moreno—, hasta tanto se resuelva la queja presentada ante su jurisdicción.

La defensa del exmandatario respondió de inmediato. El abogado Wilfredo Chávez calificó la decisión de Zabaleta como «antijurídica» y producto de «presiones políticas», señalando además que la norma boliviana no permite que una acción de libertad anule otra ya ejecutada. A juicio del jurista, esta nueva disposición representa un exceso de atribuciones por parte del juez de La Paz, lo cual, advirtió, podría desembocar en un «caos jurídico».

Reacción de Morales

Morales, por su parte, acusó directamente al Gobierno de Luis Arce de estar detrás de lo que denominó una maniobra judicial desesperada. Además, cuestionó al juez Zabaleta, a quien vinculó con «antecedentes nefastos», y reiteró su confianza en que su libertad está garantizada.

Pese a la turbulencia legal y política que rodea el caso, el exgobernante confirmó su intención de marchar el próximo 16 de mayo hacia La Paz con el objetivo de inscribirse como candidato a las elecciones presidenciales. Este anuncio no solo profundiza la tensión institucional, sino que anticipa un escenario electoral marcado por la judicialización del proceso político.