Trump insiste en la Corte Suprema: nueva ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

La administración del presidente Donald Trump ha vuelto a recurrir este viernes al Tribunal Supremo de Estados Unidos para solicitar la revisión de la constitucionalidad de su orden ejecutiva destinada a eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Esta es la segunda ocasión en la que la Casa Blanca impulsa a los magistrados a pronunciarse sobre un asunto que, desde hace décadas, se considera un pilar fundamental de la identidad jurídica estadounidense.

La iniciativa de Trump pretende que los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas con visados temporales dejen de acceder de manera automática a la ciudadanía por el simple hecho de haber nacido en territorio estadounidense. La medida choca de lleno con lo dispuesto en la Enmienda 14 de la Constitución, que establece con claridad que toda persona nacida en Estados Unidos es reconocida como ciudadana, sin distinción de origen o estatus migratorio de sus progenitores.

En su recurso, citado por CNN, el procurador general D. John Sauer argumenta que las resoluciones emitidas por tribunales inferiores —que en varios casos han anulado la orden ejecutiva de Trump— «socavan» la seguridad fronteriza y conceden, sin fundamento jurídico, un beneficio de ciudadanía a cientos de miles de personas. Según Sauer, la interpretación vigente de la Enmienda 14 está siendo utilizada como un incentivo para la inmigración irregular y dificulta el control migratorio que el Ejecutivo republicano considera esencial.

No obstante, hasta el momento, al menos tres jueces federales, entre ellos un tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones en California y un juez de New Hampshire, han rechazado la medida, manteniendo en suspenso su aplicación a nivel nacional. Estas resoluciones han ratificado que el alcance de la Enmienda 14 no puede ser restringido por decreto presidencial, sentando un precedente que refuerza la protección constitucional de los nacidos en territorio estadounidense.

Trump, por su parte, sostiene que la enmienda fue concebida en su momento para garantizar derechos a los hijos de esclavos liberados tras la Guerra Civil, y no para aplicarse a los hijos de inmigrantes que llegan de forma irregular al país. Con esta interpretación histórica, el expresidente intenta legitimar su ofensiva contra un principio que, según él, fomenta la inmigración ilegal.

El caso actual se suma a una serie de litigios en curso que reflejan el choque entre el poder ejecutivo y el judicial en torno al alcance de los decretos presidenciales. En junio pasado, la Corte Suprema ya otorgó una victoria parcial a Trump, no en cuanto al fondo del debate, sino al limitar la capacidad de los tribunales menores para bloquear de manera nacional las órdenes ejecutivas. Aun así, el tribunal evitó pronunciarse sobre la validez sustantiva de la orden, dejando abierta la puerta a un nuevo enfrentamiento jurídico.

Más allá de lo estrictamente legal, el debate sobre la ciudadanía por nacimiento tiene implicaciones sociales y políticas de gran envergadura. Eliminar este derecho supondría un giro radical en la tradición estadounidense, que desde hace más de un siglo ha hecho de la Enmienda 14 un símbolo de inclusión y de igualdad ante la ley. Además, podría generar situaciones de apatridia para miles de niños, cuyas familias no tendrían otra vía clara de regularización.