Francia paga 2.000 millones de euros anuales por favorecer la inmigración argelina

Dos mil millones de euros al año. Ese es el coste que supondría la excepción migratoria argelina para las finanzas de Francia, según revelan en un informe parlamentario los diputados macronistas Charles Rodwell y Mathieu Lefèvre –recientemente nombrado ministro adjunto de Transición Ecológica en el segundo Gobierno de Sébastien Lecornu– sobre el coste del acuerdo franco-argelino de 1968, presentado el 15 de octubre en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Para corroborar sus conclusiones, ambos ponentes se basan en el estatuto excepcional del que gozan los argelinos en virtud de los acuerdos firmados por París y Argel en 1962 y 1968, así como en el convenio general de seguridad social de 1980. Y se esfuerzan por evaluar su coste, a pesar de «la extrema dificultad para obtener datos de las administraciones», señaló Rodwell, quien denuncia abiertamente «la ausencia o incluso la retención de datos, en particular administrativos» en relación con el asunto.

El acuerdo en cuestión, cuyo objetivo inicial era regular la inmigración laboral y limitar al mismo tiempo el acceso a las prestaciones sociales, no impone en realidad ninguna cláusula de reciprocidad a la parte argelina. «Los ciudadanos argelinos en Francia disfrutan de un estatus especial que se deriva de acuerdos excepcionales, una serie de interpretaciones jurisprudenciales favorables y dificultades diplomáticas recurrentes con el Gobierno argelino», señala el informe. Este régimen migratorio excepcional, que se mantiene desde hace más de cincuenta años, concede así a los ciudadanos argelinos un acceso facilitado a la residencia, la reagrupación familiar y las ayudas sociales, sin reciprocidad ni control real.

En el plano concreto significa, por ejemplo, que doce meses de presencia en el territorio galo son suficientes para presentar la solicitud de reagrupación familiar, frente a los dieciocho meses exigidos a ciudadanos de otras nacionalidades. El umbral de recursos mensuales se reduce al salario mínimo interprofesional, frente a los más de 1.900 euros exigidos a un hogar de cuatro personas en el derecho común. En 2023, las solicitudes argelinas de reagrupación familiar representaron el 24,15 % del total de Francia, «un porcentaje muy superior a la proporción de argelinos en la inmigración, que es del 10,5 %», subrayan los ponentes.

En 2023, las solicitudes argelinas de reagrupación familiar representaron el 24,15 % del total de Francia

Más: los cónyuges argelinos de ciudadanos franceses pueden ser beneficiarios de un visado sin comprobar previamente la convivencia. Esta flexibilidad facilita los trámites, pero también da lugar a abusos: en 2022, se expidieron cerca de 6.000 permisos para «cónyuges de ciudadanos franceses», y apenas el 13 % se renovó al año siguiente, cuando se debe demostrar la convivencia, lo que indica un elevado número de uniones rotas o ficticias. Un año de matrimonio es suficiente para obtener un permiso de diez años, frente a los tres años que se exigen a otras nacionalidades.

Tampoco lo argelinos están sujetos al contrato de compromiso republicano, una disposición de 2021 que «concierne a todo extranjero que solicite un permiso de residencia. Al firmarlo, se compromete a no infringir ninguno de los principios que constituyen los cimientos de la República y garantizan la cohesión de la sociedad francesa». La lista de derogaciones se extiende, igualmente, a las prestaciones sociales, especialmente al ingreso de solidaridad activa –ingreso mínimo– o la asignación de solidaridad para personas mayores desde el momento en que obtienen su permiso de residencia, sin condiciones de duración de la residencia.

Una excepción convalidada en 2007 por el Consejo de Estado –máxima jurisdicción administrativa francesa– en 2007, basándose sobre una disposición incluida en anexo a los Acuerdos de Évian, que otorgaron la independencia a Argelia.

Una de las consecuencias más molestas para Francia es la imposibilidad en la práctica de retirar los permisos de residencia que se han convertido en irrevocables. Ninguna cláusula del acuerdo de 1968 contempla la retirada o la no renovación de un permiso, ni siquiera en caso de alteración del orden público. La jurisprudencia es constante: una condena penal no basta para justificar una medida de expulsión.

El torrente de privilegios y derogaciones tiene un coste, que Rodwell y Lefèvre cifran en 2.000 millones de euros anuales para el erario francés. Cifra aproximativa, pues los ponentes se quejan de la escasa colaboración de las administraciones cuando se trató de facilitar datos. Además, la publicación del informe estaba prevista para junio. Se aplazó posteriormente a julio. Al final ha tenido lugar a principios de otoño: París no quiere empeorar sus ya delicadas relaciones con Argel.