La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Senado italiano en vísperas del Consejo Europeo, en Roma
Meloni consigue sacar adelante la reforma judicial que plantea la separación de las carreras de fiscal y juez
Asimismo, la nueva norma recoge la creación de un doble Consejo Superior de la Magistratura (CSM) como mecanismo de gobierno institucional diferenciado
El Senado italiano ha aprobado, este jueves, la ley de reforma constitucional del sistema judicial a propuesta del Gobierno liderado por Giorgia Meloni, La reforma, que plantea la separación de las carreras de fiscal y juez, salió adelante con 112 votos a favor , 59 en contra y nueve abstenciones. Con esta aprobación, arranca la campaña rumbo al referéndum de primavera de 2026, en el que el Gobierno se juega que la norma pueda aplicarse.
La normativa votada —una de las grandes batallas del Ejecutivo— introduce la separación de las carreras de fiscales y jueces, de modo que quienes investigan ya no serán quienes juzgan. Además, se crearía un doble Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —uno para fiscales y otro para jueces— como mecanismo de gobierno institucional diferenciado, favoreciendo mayor claridad y especialización en el papel de cada magistrado.
Meloni lo resumió sin ambages: «Con la aprobación en cuarta y última lectura de la reforma constitucional de la justicia damos un paso importante hacia un sistema más eficiente, equilibrado y cercano a los ciudadanos. Un hito histórico y un compromiso concreto cumplido en favor de los italianos».
Desde la coalición gubernamental se plantea el referéndum como un paso más para garantizar un mejor funcionamiento del sistema judicial italiano. El Gobierno de Meloni, sin embargo, tiene por delante una ardua tarea. No se trata únicamente de convencer a los ciudadanos de la necesidad del cambio, sino también de movilizarlos para superar el umbral de participación del 50 % requerido para que el plebiscito sea válido.
La reforma aborda precisamente problemas largamente denunciados: la posibilidad de que magistrados cambien de rol sin mayor control y la excesiva dilación de los procesos. Al separar las trayectorias, se potencia la especialización: quienes juzgan lo hacen habiendo dedicado su carrera a la sentencia, y quienes investigan permanecen en esa función, evitando la confusión de roles y posibles conflictos de interés. Además, la independencia del juez frente a la fiscalía queda reforzada.
Por supuesto, no faltan las voces críticas: para la Associazione Nazionale Magistrati (ANM) la reforma pone en peligro la igualdad de los ciudadanos ante la ley, al debilitar al juez y acercar al fiscal al poder ejecutivo.
El Gobierno italiano defiende, por su parte, que esta aprobación es una victoria estratégica: demuestra que se puede reformar el corazón de las instituciones sin resignarse al inmovilismo. Si el «Sí» vence en el referéndum, Italia tendrá un sistema judicial más moderno, ágil y alineado con las exigencias de los ciudadanos.