Afganistán: el país donde la vida de una oveja vale más que la de una mujer

Afganistán vuelve a estar en el foco informativo por su guerra abierta contra Pakistán; sin embargo, pocas veces ocupa los principales titulares por el apartheid de género –término usado por Naciones Unidas– al que está sometida la mitad de su población: las mujeres. Desde la vuelta al poder de los talibanes, en agosto de 2021, este colectivo ha ido perdiendo cada día más derechos y libertades, hasta acabar reducido a sobrevivir entre cuatro paredes.

Esta situación se ha visto agravada aún más, si cabe, tras la aprobación de un nuevo código penal el pasado mes de enero, en el que se legaliza la violencia contra la mujer. Las agresiones contra el colectivo ya eran algo habitual en el Afganistán de los talibanes; pero, esta nueva legislación deja negro sobre blanco que los animales tienen mayor protección ante la ley que las propias afganas.

La nueva normativa —119 artículos, tres capítulos y diez secciones— de los extremistas islámicos establece, entre otros muchos agravios, una pena de cinco meses de cárcel por maltratar a una oveja, camello o pollo, mientras que por romperle una extremidad a una mujer la pena es de tan solo 15 días. «Si un marido golpea a su esposa con golpes excesivos que le causan fracturas, lesiones o la aparición de hematomas en el cuerpo, y la esposa prueba su reclamación ante el juez, el marido será considerado un delincuente; el juez lo condenará a quince días de prisión», reza la normativa.

Expertos y organizaciones de derechos humanos como Rawadari alertan de que las mujeres no acudirán a denunciar a sus maridos si, dos semanas después, estos quedan en libertad y las consecuencias de haberlos acusado podrían provocar una reacción aún más violenta. Por el contrario, el daño a los animales –perros, camellos, ovejas, aves u otros animales similares– conlleva una pena más severa, «lo que indica que la integridad física de las mujeres recibe menos protección que el bienestar animal», analiza la abogada de derechos humanos e investigadora Belquis Ahmadi.

A esto hay que sumar que se restringe todavía más la libertad de movimiento de las mujeres. Concretamente, en el artículo 34 los talibanes consideran delito que una esposa abandone su casa sin permiso del marido y prevén hasta tres meses de prisión tanto para ella como para los familiares que la acojan si se niegan a devolverla tras una orden judicial. Un exhaustivo estudio del Instituto de Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad (GIWPS, por sus siglas en inglés) denuncia que la regulación autoriza el castigo contra las mujeres por parte de su marido o de un «amo».

«En conjunto, estas disposiciones reducen a las mujeres a la condición de dependientes bajo el control masculino, les niegan autonomía sobre sus cuerpos, movimientos y creencias, e institucionalizan la violencia como herramienta de disciplina social. El reglamento no reconoce a las mujeres como titulares de derechos, sino como sujetos que deben ser controlados, castigados y devueltos por la fuerza si es necesario», explica el GIWPS.

Además, se establece una división de la sociedad afgana entre personas «libres» y «esclavizadas», y se estratifica aún más a la población en cuatro clases: eruditos religiosos, élites como ancianos tribales y comerciantes, la clase media y aquellos designados como «clase baja». En Afganistán, las mujeres ya habían visto reducido al mínimo cualquier tipo de derecho, como el acceso a la educación o al trabajo. Este jueves, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió la revocación del código penal de los talibanes, que ni siquiera fue debatido ni anunciado públicamente por los radicales islamistas.

«Las mujeres y niñas de Afganistán se enfrentan a una discriminación y opresión extremas por motivos de género que equivalen a una persecución. El sistema de segregación recuerda al apartheid, basado en el género en lugar de en la raza», declaró Türk. El alto comisionado para los Derechos Humanos recordó que los talibanes han criminalizado, en la práctica, la presencia de mujeres y niñas en la vida pública. «Se les prohíbe acceder a la educación secundaria y superior, así como a la mayoría de los empleos. La discriminación afecta a su atención sanitaria, su acceso al espacio cívico y su libertad de movimiento y expresión», alertó.