Nicolás Maduro posando ante las cámaras a su llegada a Nueva York
Nicolás Maduro y su mujer siguen sin poder costear su defensa y solicitan a la Fiscalía poder justificarlo
También siguen solicitando a la fiscalía que pueda el régimen venezolano sufragar los costes de su defensa
Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores han reiterado este jueves ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y han dicho que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita, para reforzar su petición de desestimar la acusación.
Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Barry Pollack y Mark E. Donelly, lo han corroborado en un documento enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno de Venezuela sufrague su defensa.
El papel contiene declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran «no poder costear sus abogados» y manifiestan su disposición a «presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere».
Esta declaración, presentada este jueves ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de este mes.
Los impedimientos de la Oficina
Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.
La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde el 2015 que buscaban presionar a Maduro para provocar un cambio político, y el Gobierno de EE.UU. no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
En el escrito, la defensa de Maduro destaca que la negativa a permitir que Venezuela pague los honorarios legales viola la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que establece el derecho a elegir defensa, y la Quinta Enmienda, que ampara el debido proceso.
Los abogados también recuerdan que la OFAC ha permitido en otras ocasiones «que un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada», algo que consideran inconsistente con su caso.
Señalan además que la propuesta del Gobierno de que acepten un abogado de oficio «no constituye en absoluto un remedio», ya que estarían obligados a aceptar una defensa que no escogieron.