Lo que Trump y los cubanos tienen en común

El régimen cubano, a través de un sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, que acumula además los cargos de viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, anunció un paquete de medidas destinado a «facilitar» la participación de los cubanos en el exterior en la vida económica del país. Curiosamente, ese día el sistema electroenergético nacional colapsó por enésima vez y retrotrajo a la isla a un estado similar al que tenía cuando la avistó Colón en 1492: sin un solo vatio de electricidad. Para redondear el «buen augurio», en la madrugada un terremoto de casi 6 grados en la escala de Richter sacudió el oriente insular, sumido en la más absoluta oscuridad.

El contenido de las nuevas medidas —liberalización económica sin cambios políticos, básicamente— guarda sospechosa sintonía con diversas filtraciones de medios estadounidenses que parecen conocer con precisión quirúrgica los contornos del plan de la administración Trump para Cuba. Si se compilaran, esas filtraciones bien podrían llenar un volumen de proporciones cervantinas.

Que el régimen haya adoptado estas medidas ahora, bajo presión externa, revela algo que La Habana lleva décadas empeñada en ocultar, con la complicidad de buena parte de la izquierda internacional: el principal obstáculo al desarrollo de Cuba no es el embargo estadounidense, comodín retórico que todo lo explica y todo lo excusa, sino el propio régimen. Si ha bastado con que Trump apretara las tuercas para que brotaran reformas, cabe preguntarse qué impidió que esas reformas se hicieran antes. La respuesta es que nunca hubo voluntad política real de adoptarlas, como tampoco la hay ahora. El régimen solo busca ganar tiempo hasta las elecciones de mid-terms en Estados Unidos, con la esperanza de que un eventual congreso demócrata le sea más favorable.

Durante el deshielo con la administración Obama, La Habana desplegó una coreografía similar de aperturas y gestos conciliadores que se evaporaron en cuanto cambiaron las tornas. Lo que el régimen cubano concede bajo coerción, lo recupera cuando puede. Ahí reside el nudo gordiano de la cuestión: mientras permanezca intacto, cualquier reforma será provisional, reversible, poco confiable.

Si el objetivo estratégico de Washington es consolidar una zona de seguridad en su frontera sur, necesita en Cuba un gobierno no hostil y un país mínimamente estable. Pero esa estabilidad requiere inversión e inserción en la economía internacional, y ambas chocan con dos obstáculos: por un lado, la ley Helms-Burton, que codifica las sanciones norteamericanas a la isla, condiciona su levantamiento a un proceso de transición política con horizonte electoral; por otro, la completa falta de credibilidad del régimen como contraparte, incapaz de garantizar seguridad jurídica ni de honrar sus compromisos financieros.

Algunos datos lo confirman: según el Panorama de Inversión Española en Iberoamérica 2024, publicado en mayo de 2025 por IE University, Auxadi e Iberia, apenas el 1 % de las empresas españolas con presencia en la región estarían dispuestas a aportar capital fresco en Cuba, y señalan la «inseguridad jurídica» como factor determinante. Es difícil estabilizar un país colapsado donde los inversores no quieren poner recursos y la presión de una administración que en menos de tres años habrá cambiado no es garantía suficiente para nadie.

Cambiar el régimen político cubano es condición indispensable para estabilizar la isla e impedir, de paso, que el 78 % de los cubanos que confirmaron el pasado septiembre al Observatorio Cubano de Derechos Humanos su deseo de emigrar se lancen en balsas al estrecho de La Florida huyendo de una pobreza extrema que, según el mismo organismo con sede en Madrid, padece el 89 % de la población. Tal oleada migratoria difícilmente podría beneficiar a un Marco Rubio cada vez más «presidenciable», puesto que satisfacer simultáneamente a sus votantes MAGA y a su comunidad cubanoamericana es un ejercicio de equilibrismo que ningún político envidiaría.

Hay, además, una coincidencia que merece atención. Los objetivos estratégicos de Washington y los deseos de libertad del pueblo cubano apuntan, con más intensidad que nunca, en la misma dirección. Mientras la administración Trump presiona en busca de estabilidad regional, los cubanos llevan días protestando en distintos puntos de la isla. La más significativa de estas protestas tuvo lugar en Morón, ciudad centro oriental del país, donde los manifestantes asaltaron la sede del Partido Comunista y quemaron su mobiliario. La imagen no necesita explicación.

Asaltaron la sede del poder que saben que los ha empobrecido. Porque aunque se culpe al embargo o a las recientes medidas de la administración Trump de la pésima situación de la isla, la responsabilidad es del régimen. Un dato como botón de muestra: en un país donde el Estado controla cerca del 80 % de la tierra —el comunismo es alérgico a la propiedad privada—, la inversión pública en agricultura, ganadería y pesca en 2024, última cifra disponible, fue de apenas el 2,7 % del capital ejecutado. La escasez de alimentos, por tanto, no es consecuencia del embargo, sino de un sistema político «intrínsecamente perverso» que prefiere gastar más en reprimir que en producir.

No es casual que Cuba acumule una de las mayores concentraciones de presos políticos del mundo, con cantidades en torno al millar. Cambiar ese régimen no es solo lo que necesita Washington para satisfacer sus objetivos; es también, y sobre todo, lo que llevan décadas exigiendo los cubanos sin éxito, pero con una tenacidad que ni sesenta años de represión han logrado doblegar. Extirparlo como a un cáncer cuya metástasis sembró de guerrillas Hispanoamérica y plantó al chavismo en Venezuela y al orteguismo en Nicaragua, es una cuestión que trasciende la geopolítica estadounidense y debería ser una exigencia moral y política que interpele a cualquier democracia que se tome en serio a sí misma.