El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de investidura en el Despacho Oval de la Casa Blanca
Trump, contra una bebé de cinco meses en la Corte Suprema: ser o no ser estadounidense
la segunda Presidencia de Donald Trump ha abierto la caja de los truenos de litigios insospechados hasta hace poco más de un año.
Primero fue la cascada de aranceles al mundo, por cuenta y riesgo del republicano, que la Corte Suprema, equivalente al Tribunal Supremo en España, echó por tierra. Ahora, la más alta instancia judicial de Estados Unidos tendrá que decidir si, entre otros, la orden ejecutiva del presidente que niega la ciudadanía automática a los nacidos en el país tiene plena validad o no se ajusta a derecho.
La Constitución de Estados Unidos, la más antigua del planeta, asume el principio de ius soli que otorga la nacionalidad a todos los nacidos en territorio estadounidenses. La norma no entró a valorar si los progenitores de la criatura estaban en situación irregular o sus documentos en regla. Tampoco si estos eran temporales (un visado) o su residencia tenía carácter permanente.
La ley de leyes dictada por los fundadores de la Carta Magna obvió también si la madre o el padre disponían de ciudadanía. Dicho esto, históricamente no se ha cuestionado ni puesto en duda la legitimidad de los recién nacidos hasta que llegó Donald Trump.
El presidente, con esa orden ejecutiva (decreto), niega la ciudadanía automática y argumenta que esta será efectiva únicamente si los padres son estadounidenses o son residentes permanentes. El caso ha provocado la demanda de un matrimonio que reclama la ciudadanía para su hija de cinco meses. El padre es argentino y la madre colombiana, ambos tienen residencia temporal y por lo tanto su hija no ha logrado tras su nacimiento el reconocimiento de la ciudadanía.
El matrimonio no ha dado su brazo a torcer y ha llegado hasta la Corte Suprema para que los magistrados –la mayoría republicanos, pero de criterio independiente– se pronuncien sobre la inconstitucionalidad de una norma que chocaría frontalmente contra un derecho establecido y reconocido por 239 años. Además, podría dar pie a un estatus inédito para miles de hijos inmigrantes irregulares que podrían convertirse en apátridas y en algunos caso, sin posibilidad de disponer de documentos de ningún país.
El Supremo de Estados Unidos no tiene plazo establecido para pronunciarse, pero tradicionalmente su diligencia en asuntos de interés público y de trascendencia como este es reconocida. Fuentes jurídicas estiman que su decisión no tardara en conocerse y el fallo se publicará en los próximos meses.
