Cuba y Venezuela: las otras guerras de Trump

En política internacional, como en los teatros, el público mira siempre donde apuntan los focos. Hoy el foco está –con razón– en el estrecho de Ormuz, en Irán, en los portaaviones y en esa guerra de atrición que se va instalando en la Casa Blanca. Pero mientras media prensa europea recuenta misiles, drones y barriles como si acabaran de descubrir la geopolítica, hay otros dos frentes donde Donald Trump y Marco Rubio pueden estar jugándose algo más que una victoria diplomática: Cuba y Venezuela.

No son guerras en el sentido clásico. Son guerras de oxígeno, dinero, licencias, petróleo, legitimidad y tiempo. Trump necesita victorias cerca de casa. Y Rubio, que conoce la región como una memoria familiar, sabe que el eje Caracas-La Habana no se derrota con comunicados solemnes ni con seminarios de derechos humanos. Se derrota cortándole la financiación, abriendo espacios a la propiedad privada y evitando que la burocracia americana convierta cada oportunidad en un formulario de 47 páginas.

Venezuela: estabilizar, producir, votar

En Venezuela, la hoja de ruta parece clara: estabilización, recuperación y transición. La primera fase, al menos por ahora, se ha cumplido mejor de lo que muchos esperaban. No ha habido guerra civil, no se ha producido una fractura militar masiva y la salida del núcleo más tóxico del chavismo no ha desembocado en el apocalipsis que anunciaban los habituales plañideros. Es decir: el país sigue roto, pero ya no necesariamente condenado.

La segunda fase es la recuperación económica, y aquí aparece el petróleo, ese viejo demonio que ha financiado tantos sueños bolivarianos, corrupción caribeña y amistades chinas a precio de saldo. La producción y las exportaciones ya han vuelto a niveles que no se veían desde 2018. Chevron ha reforzado su posición en la Faja del Orinoco; Repsol, Shell, Eni y BP vuelven a moverse; ConocoPhillips y Exxon están sobre el terreno con la prudencia de quien recuerda perfectamente cómo acabó la última fiesta.

El objetivo de Washington es evidente: que Venezuela vuelva a producir, que el petróleo fluya por canales trazables y que el dinero no termine, como de costumbre, en la caja de galletas del Cartel de los Soles. La idea de canalizar ingresos a través de cuentas supervisadas por el tesoro norteamericano puede parecer colonial para los amigos de Maduro como Sánchez, pero tiene una ventaja indiscutible: por primera vez en mucho tiempo, el régimen no puede meter la mano hasta el codo sin que alguien en Washington vea las migas.

También hay una consecuencia geopolítica no menor: China pierde una fuente de petróleo barato en el hemisferio occidental. Y si Irán queda limitado por la guerra y las sanciones, Pekín descubre que el descuento revolucionario sale bastante más caro cuando papá USA decide volver a mirar su patio trasero.

OFAC: el martillo que puede romper la mesa

Hasta aquí, bien. Pero entonces entra en escena OFAC, esa oficina del tesoro que en Washington funciona como una mezcla entre martillo jurídico, notaría imperial y pesadilla administrativa. Oficialmente se llama la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En realidad es la lista en la que nadie quiere aparecer, dado que OFAC administra todas las sanciones económicas del Gobierno estadounidense, sometiendo a castigos brutales a los americanos que no cumplan con la prohibición. Las sanciones son necesarias. Sin ellas, el chavismo y el castrismo habrían convertido la impunidad en una industria todavía más rentable. Pero una herramienta útil puede convertirse en estúpida si se aplica con mentalidad de ventanilla.

Las sanciones son necesarias. Sin ellas, el chavismo y el castrismo habrían convertido la impunidad en una industria todavía más rentable

Para que Venezuela se recupere hacen falta empresas, técnicos, repuestos, seguros, barcos, bancos, pagos, contratos, auditorías, servicios legales, proveedores y mil operaciones aburridísimas sin las cuales no existe la economía real. Si cada paso exige una bendición específica de OFAC, si cada factura se convierte en una consulta teológica y si cada proveedor necesita contratar a tres abogados de sanciones antes de vender una válvula, la recuperación llegará cuando Elon Musk abra el primer chiringuito en Marte.

Washington debe distinguir entre controlar los flujos y estrangularlos. Una cosa es impedir que el dinero financie redes criminales, militares o cubanas; otra muy distinta es someter a cualquier actor privado a un purgatorio administrativo permanente. La transición venezolana no se construirá con compliance. Se construirá con inversión, seguridad jurídica, propiedad privada y reglas claras. OFAC debe actuar como aduana estratégica, no como inquisición contable.

El riesgo del chavismo reciclado

La recuperación económica también tiene riesgos. El primero es que el chavismo reformado intente presentarse como el administrador responsable del renacimiento petrolero. Después de destruir una de las economías más ricas del continente, siempre queda la tentación de reaparecer con casco blanco, chaleco reflectante y sonrisa de tecnócrata, como si el incendio lo hubiera provocado una tormenta tropical y no una pandilla de pirómanos con carnet revolucionario.

Delcy Rodríguez y los supervivientes del aparato saben que el dinero compra tiempo, y el tiempo compra impunidad. También saben que una oposición venezolana dividida siempre ha sido el mejor seguro de vida del chavismo. La buena noticia es que María Corina Machado parece haber entendido que, en esta fase, la unidad es una condición para la supervivencia. La mala es que los políticos venezolanos tienen una capacidad casi artística para convertir una autopista en un laberinto.

Antes de cualquier elección aceptable hacen falta reformas de verdad: un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo formado por juristas y no por comisarios políticos, observación internacional seria y un ecosistema mediático que permita a los venezolanos escuchar algo más que la megafonía del poder. Sin eso, la transición sería una lavadora institucional: entra dictadura manchada, sale autoritarismo perfumado.

Cuba: el hueso histórico de Rubio

Cuba es otra cosa. Venezuela tiene petróleo, territorio, reservas, una diáspora empresarial y un músculo económico que, si se le quita el parásito de encima, puede volver a moverse. Cuba tiene ruina, apagones, hoteles vacíos, un aparato represivo envejecido y una economía que lleva seis décadas entrenando a sus ciudadanos en el arte de sobrevivir sin prosperar.

Por eso el endurecimiento de las sanciones anunciado por Trump ayer mismo tiene toda la lógica política. El nuevo paquete amplía el alcance contra sectores clave del régimen –energía, defensa, minería, finanzas y seguridad– y amenaza también a terceros que faciliten operaciones con los sancionados. Es una escalada seria. Es el mensaje clásico de Washington cuando decide que la fiesta se ha acabado: pueden ustedes comerciar con el régimen, pero no con el régimen y con Estados Unidos al mismo tiempo.

Este viernes, Trump, fiel a su estilo de matón de barra con megáfono, lo envolvió además en la fanfarronada del portaaviones: que si después de Irán, que si la costa cubana, que si se rinden en cuanto vean la sombra del Abraham Lincoln. Uno nunca sabe con Trump dónde termina la amenaza y dónde empieza el número de Las Vegas. Pero en Cuba, el ruido importa menos que el cerco. La isla vive una crisis energética brutal, ha perdido el oxígeno venezolano y sus proveedores externos empiezan a descubrir que el negocio cubano quizá no compense perder acceso al dólar.

Propiedad, productividad y miedo

Pero cuidado con simplificar. Cuba no es solo un régimen que cae cuando se le corta el diésel. Es una sociedad moldeada durante más de 60 años por la dependencia, la vigilancia y la pobreza organizada. El comunismo no solo destruye empresas: destruye hábitos, incentivos, confianza y la idea de que el futuro depende del esfuerzo individual y no del permiso administrativo.

Aquí la ley Helms-Burton añade otro nivel de complejidad. Los ciudadanos estadounidenses –incluidos cubanos nacionalizados– con reclamaciones sobre propiedades confiscadas pueden perseguir responsabilidades contra quienes trafiquen con esos activos. En algunos supuestos, los daños pueden triplicarse. Desde el punto de vista moral, es difícil negar la legitimidad de esas reclamaciones: robar propiedades durante una revolución no deja de ser robarlas porque el ladrón lleve boina y cite a Marx. Desde el punto de vista práctico, esto convierte cada hotel, cada puerto, cada terreno y cada inversión extranjera en un campo minado.

El comunismo no solo destruye empresas: destruye hábitos, incentivos, confianza y la idea de que el futuro depende del esfuerzo individual y no del permiso administrativo

La transición cubana necesitará resolver ese problema sin traicionar el derecho de propiedad. Habrá que diseñar mecanismos de compensación, titulización, arbitraje, privatización y devolución parcial que sean jurídicamente creíbles y económicamente viables. Si no, Cuba pasará de estar paralizada por el comunismo a estar paralizada por litigios.

La libertad no se administra

También hará falta reconstruir el capital humano. El chiste soviético lo explicaba mejor que cualquier informe del Banco Mundial: «Ellos fingen que nos pagan y nosotros fingimos que trabajamos». En Cuba, durante generaciones, demasiados ciudadanos han aprendido que producir más no necesariamente mejora tu vida, que destacar puede ser peligroso y que el éxito privado despierta sospechas públicas. Esa mentalidad no desaparece con un decreto presidencial ni con un discurso de Rubio.

La solución no puede ser sustituir el Estado comunista por un Estado benefactor administrado desde Washington. Cuba necesita propiedad privada, mercados abiertos, crédito, seguridad jurídica, libertad de prensa, libertad sindical real y libertad para fracasar. Sí, también para fracasar. Porque sin derecho a equivocarse no hay emprendimiento, solo obediencia con mejor papelería.

Estados Unidos puede ayudar a derribar el muro e imponer condiciones razonables. Pero no puede fabricar una sociedad libre desde un escritorio del Departamento de Estado. La libertad no se administra: se permite. Y eso, para cualquier Gobierno, siempre resulta incómodo, pues en gran medida, implica quitarse del medio. También va requerir un esfuerzo significativo de la diáspora cubana.

La guerra que se gana sin invadir

El calendario aprieta. Trump necesita resultados antes de noviembre. No necesariamente una democracia caribeña perfecta, pero sí señales claras: petróleo venezolano produciendo bajo reglas nuevas, China fuera del descuento bolivariano, un proceso electoral venezolano encaminado y una Cuba con el régimen perdiendo el monopolio del miedo. Rubio necesita algo todavía más difícil: demostrar que su dureza no es nostalgia del exilio, sino una estrategia de Estado.

La victoria no se medirá por cuántos sancionados añade OFAC a una lista, ni por cuántas veces Trump amenaza con aparcar un portaaviones frente al Malecón. La victoria real será más revolucionaria: un venezolano votando sin miedo; un cubano abriendo un negocio sin pedir permiso al comisario; una empresa invirtiendo sin sobornar al ministro; un periodista escribiendo sin calcular cuántos años de cárcel cuesta cada frase; una familia prosperando porque el Estado, por fin, deja de hacerle sombra.

Esa es la guerra que Trump y Rubio pueden ganar. No la guerra del ruido, sino la del oxígeno. No la del portaaviones, sino la de la propiedad privada. No la de la bandera plantada en la playa, sino la del ciudadano que recupera su derecho a vivir sin tutela revolucionaria ni permiso burocrático. Si Washington estrangula a los tiranos, pero también asfixia a quienes deben reconstruir la libertad, habrá ganado el titular y perdido la historia. Pero si logra cortar el flujo de dinero a las dictaduras y abrir espacio para que la sociedad civil respire, entonces Cuba y Venezuela no serán las otras guerras de Trump. Serán sus otras victorias. Y quizá, las más duraderas.