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Un juez de Nueva York prohíbe al ICE detener inmigrantes en los tribunales de la ciudad
La Justicia revoca una práctica clave de la política migratoria de Trump al considerar que se sustentaba en una interpretación errónea de las directrices federales
Nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por la Administración Trump. Un juez federal de Nueva York prohibió este lunes, en gran medida, que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen detenciones dentro o en las inmediaciones de los tribunales de inmigración de la ciudad, una práctica que durante años generó una fuerte polémica en Estados Unidos.
La decisión fue adoptada por el juez Kevin Castel, del distrito sur de Nueva York, quien concluyó que el Gobierno federal aplicó de forma incorrecta las directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional utilizadas para justificar los arrestos de inmigrantes que acudían a sus audiencias judiciales.
La resolución supone además un importante cambio de criterio del propio magistrado, que en fallos anteriores había permitido la continuidad de estas actuaciones. El giro se produjo después de que el Gobierno reconociera el pasado mes de marzo haber cometido un error al interpretar una guía administrativa que servía de base legal para las detenciones.
Durante los últimos años, los arrestos ejecutados por agentes del ICE en tribunales de inmigración se convirtieron en uno de los pilares más controvertidos de la estrategia migratoria de Donald Trump en Nueva York. La práctica consistía en detener a inmigrantes cuando acudían a comparecencias rutinarias ante los jueces de inmigración, incluso en procedimientos administrativos sin antecedentes penales asociados.
Diversas organizaciones civiles denunciaron reiteradamente que estas actuaciones provocaban un efecto disuasorio entre los inmigrantes, muchos de los cuales optaban por no acudir a sus audiencias por miedo a ser detenidos y deportados. Los demandantes sostuvieron ante el tribunal que esa situación podía vulnerar el derecho al debido proceso y dificultar el acceso a la Justicia.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió hasta ahora la legalidad de la medida y argumentó que las detenciones eran necesarias para ejecutar órdenes de deportación y reforzar el control migratorio.
La resolución judicial representa un nuevo capítulo en la batalla legal sobre la política migratoria en Estados Unidos, uno de los asuntos más divisivos del debate político norteamericano. La decisión limita de manera significativa la capacidad del ICE para actuar en los tribunales de inmigración de Nueva York y cuestiona directamente los fundamentos jurídicos empleados por la Administración federal para sostener esta estrategia.
