El activista propalestino Mahmoud Khalil recurrirá al Supremo tras avalarse su posible deportación de EE.UU.

El activista palestino Mahmoud Khalil acudirá al Tribunal Supremo de Estados Unidos después de que un tribunal federal de apelaciones mantuviera este viernes la decisión que permite su nueva detención y una eventual deportación, en un caso que se ha convertido en uno de los principales símbolos del enfrentamiento entre la Administración de Donald Trump y el activismo propalestino en las universidades estadounidenses.

Khalil, de 31 años y residente legal en Estados Unidos, saltó a la primera línea mediática por liderar las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza en la Universidad de Columbia, en Nueva York, a comienzos de 2024. Desde entonces, pasó a ser uno de los objetivos de la campaña impulsada por el Gobierno republicano para reforzar el control sobre los movimientos políticos y el discurso ideológico en los campus universitarios.

Casado con una ciudadana estadounidense, Khalil fue detenido en marzo de 2025 por las autoridades migratorias tras ser señalado por el Ejecutivo de Trump debido a su situación migratoria. Permaneció durante tres meses en un centro de inmigración en Luisiana hasta que un juez federal ordenó su liberación bajo fianza al considerar inconstitucional su retención.

Sin embargo, tras quedar en libertad, el Departamento de Justicia lo acusó de haber mentido en su solicitud de residencia permanente, abriendo un nuevo frente judicial.

El caso dio un giro en enero de 2026, cuando el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, revocó la decisión del juez federal al entender que este carecía de jurisdicción para ordenar la salida de Khalil del centro de detención. Esa resolución dejaba nuevamente abierta la posibilidad de arrestarlo y avanzar hacia su deportación.

Los abogados del activista solicitaron posteriormente que el pleno del tribunal revisara el fallo, pero los magistrados decidieron este viernes mantener la resolución por un estrecho margen de seis votos frente a cinco.

La división interna del tribunal quedó reflejada en el voto discrepante de la jueza Cheryl Ann Krause, que alertó de que esa interpretación limita la capacidad de la Justicia para proteger las libertades civiles de los no ciudadanos y permite que el poder ejecutivo «se controle a sí mismo», debilitando el papel de los tribunales.

Uno de los abogados de Khalil, Baher Azmy, director legal del Centro para los Derechos Constitucionales, confirmó que recurrirán ahora ante el Tribunal Supremo y expresó su confianza en que el alto tribunal «reconozca cuán peligrosa fue la decisión del tercer circuito».

Azmy sostuvo además que la resolución judicial «da luz verde» a mantener detenidas durante largos periodos a personas sin acceso a una revisión judicial efectiva y denunció que estas medidas buscan castigar y disuadir a quienes discrepan de la política exterior estadounidense.