¿Quién tiene la última palabra en asuntos de guerra en EE.UU.: Trump o el Congreso?

En medio de las negociaciones en curso para cerrar un acuerdo de paz entre Estados Unidos y el régimen de Irán, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una resolución que busca frenar la guerra lanzada por el presidente Donald Trump, sin embargo se considera de valor simbólica ya que aunque sea ratificada por el Senado no tendría fuerza de ley.

Es importante recordar que Estados Unidos goza de un sistema presidencialista con balances que garantizan frenos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso ostenta la máxima autoridad formal para declarar la guerra. Sin embargo, en la práctica, el presidente ejerce un poder inmenso como Comandante en Jefe, lo que genera una lucha de poder constante y sin resolver.

El Poder Legislativo (Congreso bicameral), según el artículo I, Sección 8 de la Constitución de EE.UU., posee la facultad exclusiva de «declarar la guerra» y también controla el «poder presupuestario», lo que le permite financiar o desfinanciar conflictos militares.

Por su parte, el Poder Ejecutivo liderado en esta caso por Trump, conforme el Artículo II, Sección 2 de la Constitución, funge como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y los mandatarios estadounidenses suelen argumentar que esto les otorga la autoridad incuestionable para desplegar tropas y responder a amenazas inmediatas sin aprobación previa.

La limitación de los 60 días

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, promulgada para limitar la capacidad del presidente para declarar las hostilidades después de la Guerra de Vietnam, exige que el presidente notifique al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al despliegue de fuerzas militares.

Según los registros del propio Senado de los Estados Unidos, el Congreso no ha emitido una declaración formal de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. En cambio, ha recurrido a las Autorizaciones para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) o a resoluciones para autorizar los conflictos.

Según la ley 1973, el presidente debe poner fin a las acciones militares en un plazo de 60 días si no obtiene la aprobación del Congreso. Adicionalmente el presidente dispone de 30 días adicionales si considera que es «inevitable» y necesario continuar utilizando las fuerzas armadas estadounidenses para garantizar su retirada segura.

En una carta al Congreso del 1 de mayo, Trump afirmó que ya no necesitaba la aprobación del Congreso porque el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que entró en vigor el 8 de abril, puso fin a la guerra. El mes pasado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también declaró que creía que el plazo de 60 días se había reiniciado cuando Trump anunció el alto el fuego.

Por otro lado, la Ley de Poderes de Guerra también otorga al Congreso la facultad de poner fin a una acción militar, aunque generalmente está sujeta al veto presidencial.

La medida adoptada el pasado miércoles en la Cámara de Representantes es una resolución concurrente que por tanto debe ser aprobada por el Senado, pero no requiere la aprobación de Trump y este no puede vetarla. Sin embargo, las resoluciones concurrentes generalmente no tienen fuerza de ley y se utilizan normalmente para expresar la opinión del Congreso.

Debido a que la Corte Suprema de EE.UU. ha evitado en gran medida definir los límites exactos de este conflicto de competencias entre Ejecutivo y Legislativo, la «última palabra» en cuanto a la guerra oscila entre un presidente que actúa con rapidez de manera unilateral y un poder legislativo que utiliza su financiación y sus facultades legales para frenar o condicionar al mandatario en su condición de Jefe de las Fuerzas Armadas.