El referéndum suizo sobre inmigración marcará el camino para el resto de Europa

¿Apoya usted la iniciativa popular «¡No a una Suiza de diez millones de habitantes! (iniciativa por la sostenibilidad)»? Esa es la pregunta a la que tendrán que responder hoy los votantes suizos. La iniciativa congregó 114.600 firmas, muy por encima del umbral requerido de 100.000 firmas en un plazo de dieciocho meses, y lleva varios mensajes indirectos que todos los suizos han entendido claramente.

Primer mensaje: el deseo de consagrar las restricciones a la inmigración en la Constitución, una larga batalla impulsada por la Unión Democrática y de Centro (UDC), la principal formación conservadora y populista de Suiza y promotora del referéndum. El segundo mensaje tiene que ver con el rechazo a una Suiza que, si bien es miembro del espacio Schengen desde el 12 de diciembre de 2008 –aunque no de la Unión Europea–, se abriría demasiado a los trabajadores transfronterizos de países vecinos. El tercero es, según los partidarios del «sí», la preservación del paisaje urbano actual. La mayoría de las ciudades suizas son ahora mucho más verdes que las de los países vecinos y tienen muchos menos edificios altos o bloques de viviendas sociales.

Es la primera vez, por lo tanto, que se vincula de forma tan directa la cuestión migratoria con la medioambiental. Sin embargo, más allá de esta origina innovación, lo realmente impactante serían las consecuencias de una victoria del sí. Para entenderlas, conviene analizar las premisas de la iniciativa.

Ésta tiene como objetivo limitar la población residente permanente: no se debe superar la marca de los diez millones antes de 2050. Si, para entonces, se supera el umbral de los 9,5 millones, el Consejo Federal –el Ejecutivo de la Confederación Helvética– y el Parlamento tendrán que adoptar medidas, en particular en materia de asilo y reagrupación familiar. El Consejo Federal también tendrá que invocar o negociar cláusulas de excepción o salvaguardia en los acuerdos internacionales suscritos por la Confederación que promueven el crecimiento demográfico.

Si se supera el umbral de los diez millones, Suiza tendrá que denunciar estos acuerdos, incluido, después de dos años, el acuerdo con la UE sobre la libre circulación de personas. Los demás acuerdos bilaterales también quedarían entonces sin efecto. La participación de Suiza en los acuerdos de Schengen y Dublín –de los que forma parte, pese a no ser miembro de la UE– y, por consiguiente, la estrecha cooperación en materia de asilo y seguridad, también se verían comprometidas.

En clave estrictamente demográfica, a finales de 2025, Suiza contaba con aproximadamente 9,1 millones de habitantes. Desde la introducción de la libre circulación de personas en 2002, la población ha aumentado en alrededor de 1,7 millones de personas, principalmente debido a la inmigración. El número de inmigrantes depende principalmente del mercado laboral. Cuando la economía va viento en popa, la mano de obra disponible en Suiza es insuficiente. Por ello, no solo las empresas, sino también las instituciones públicas como hospitales y residencias de ancianos, suelen recurrir a los países de la UE para encontrar personal cualificado. De triunfar el sí, esta facultad estaría en peligro.

Para ser aprobada mañana, la iniciativa popular debe obtener más del 50 % del voto nacional y el apoyo de más de la mitad de los 26 cantones que conforman la Confederación. La tendencia de las últimas décadas en este tipo de referéndums indica que los votantes suelen mostrarse cautelosos a la hora de mantener el statu quo a medida que se acerca la votación. Una buena relación con la Unión Europea es estratégicamente importante para la mayoría de los líderes de opinión. Además, la votación de este fin de semana se produce cuatro meses después de que Suiza y la UE firmaran una serie de acuerdos destinados a fortalecer su cooperación, en particular en materia de libre circulación de personas, comercio y transporte.

Mas en Suiza, como en el resto de países europeos, un amplio sector de la opinión pública mantiene posiciones duras en materia de inmigración. Los resultados de los recientes referendos sobre esa temática así los demuestran: en 2009 y 2021, fueron aprobadas las iniciativas de la UDC que prohibían los minaretes y el burka. En 2014, los suizos aprobaron una iniciativa del mismo partido que reintroducía las cuotas para los inmigrantes, especialmente los procedentes de Europa, pero el partido considera que el Consejo Federal no la ha implementado por completo. El debate revela una división entre la Suiza de habla alemana, generalmente más favorable a las restricciones migratorias, y la Suiza de habla francesa, de cariz más europeísta. De los últimos sondeos se desprende que el «no» vencería por un margen de dos puntos.