Trump condiciona la entrega de fondos antiterroristas a los estados a que exijan para votar un DNI

El Gobierno de Donald Trump exige a los estados que realicen una reforma electoral para garantizar la trasparencia del voto, o se arriesgan a perder decenas de millones de dólares en fondos federales para la prevención del terrorismo.

Entre las nuevas medidas que exige la Administración Trump figuran marcar manualmente las papeletas en papel y verificar la identidad los votantes mediante la presentación de un documento oficial, requisito que no se aplica en muchos estados.

El Gobierno también cuestiona el voto por correo. Donald Trump lo considera fraudulento y pretende limitar su uso en futuras elecciones. El objetivo para la Administración es la vuelta al «papel y boli» y así asegurar que los resultados sean limpios.

En Estados Unidos las competencias en materia electoral las tienen los gobiernos estatales, no el presidente del Gobierno ni su Administración.

Los estados que se resisten a cambiar las normas corren el riesgo de que se les retenga el 20% de algunas de las subvenciones de lucha contra el terrorismo. Estas aportaciones ascienden a mil millones de dólares anuales.

La reforma para el Gobierno resulta necesaria para «proteger la integridad de las elecciones estadounidenses». Los estados que dependen más de estas subvenciones son California, Texas y Nueva York.

El pasado mes de junio la jueza Sooknanan, nombrada por el expresidente Joe Biden en 2024, bloqueó el uso del sistema de verificación SAVE, una base de datos nacional con información sobre los ciudadanos y su empadronamiento porque, a su juicio, «el Gobierno federal ha pisoteado deliberadamente el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho a voto.»

Los demócratas apelan a la Constitución para defender las competencias de los estados en las elecciones sobre el poder Ejecutivo nacional. El Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado que la integridad de las elecciones eran prioridad absoluta del gobierno y que los beneficiarios de las subvenciones debían rendir cuentas.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathleen Hochul, respondió que «tras negar fondos para ayudar en casos de desastre y recortar millones de dólares de los programas antiterroristas, la Administración Trump vuelve a poner en riesgo la vida de los neoyorquinos para impulsar su agenda política».

Los estados advierten que volver a las papeletas marcadas a mano supondría un coste de cientos de millones de dólares además de retrasar significativamente el escrutinio.