El Constitucional de Perú anula la condena a Ollanta Humala por considerar ilegal el proceso y ordena su excarcelación

El expresidente de Perú, Ollanta Humala (2011-2016), recuperó este viernes la libertad después de que el Tribunal Constitucional anulara el proceso que lo llevó a ser condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales. El alto tribunal concluyó que la causa fue ilegal, al considerar que la acusación por lavado de activos carecía de sustento y que la ocultación de donaciones para campañas electorales no estaba tipificada como delito en el momento de los hechos.

Tras la resolución del Tribunal Constitucional, un magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó su excarcelación inmediata, atendiendo la petición presentada por la defensa del exmandatario. Humala abandonó la prisión de Barbadillo, el penal destinado exclusivamente a expresidentes peruanos, donde permanecía recluido desde abril de 2025.

A su salida de la cárcel, el exjefe de Estado aseguró que tanto él como su familia fueron víctimas de una «persecución política y judicial». «El 15 de abril de 2025 fui secuestrado por el Estado», afirmó ante los periodistas, antes de insistir en que «nunca» recibió aportaciones para sus campañas «ni de Venezuela ni de Brasil».

Humala sostuvo igualmente que los fiscales del Equipo Especial Lava Jato lo llevaron a juicio por su ideología política y acusó a ese grupo de actuar como «el brazo armado del Ministerio Público». «Jamás pudieron probar un solo sol de Venezuela», declaró, al tiempo que reiteró que el proceso que acabó con su condena era el principal de una serie de investigaciones relacionadas con empresas brasileñas que aún siguen abiertas y que, según dijo, afrontará ante la Justicia.

El caso se centraba en la supuesta financiación irregular de las campañas presidenciales de 2006 y 2011 mediante presuntos aportes procedentes del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, que no habrían sido declarados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la Fiscalía no logró acreditar los elementos necesarios para configurar un delito de lavado de dinero y recordó que la ocultación de esas donaciones no constituía un ilícito penal cuando ocurrieron los hechos investigados.

El fallo también beneficia a la esposa del expresidente, Nadine Heredia, condenada igualmente en esta causa y actualmente asilada en Brasil. Humala afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional demuestra que solicitar el asilo político para su esposa y su hijo «fue lo correcto» y expresó su confianza en que la Justicia permita el regreso de Heredia a Perú.

El exmandatario también recordó que ya pasó diez meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018 por esta misma investigación, una medida que igualmente fue revocada en su momento por el Tribunal Constitucional.

A la salida del penal de Barbadillo, Humala fue recibido por un grupo de simpatizantes que coreaba su nombre y estuvo acompañado por sus abogados y antiguos miembros del Partido Nacionalista Peruano. El expresidente sostuvo además que su formación política fue «criminalizada» durante estos años y aseguró que «el Estado nos debe una disculpa».