Ecuador, laboratorio de la nueva guerra de Trump contra los carteles

La nueva estrategia de Estados Unidos contra los carteles latinoamericanos ha entrado en una nueva fase. Lo que comenzó en marzo como una coalición política impulsada por Washington para coordinar a sus aliados contra el narcotráfico cuenta ahora con un brazo ejecutor y una estructura militar destinada a convertir esa cooperación en operaciones concretas.

La reciente incorporación de Colombia eleva a 19 los países que forman parte de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), impulsada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y formada por socios latinoamericanos como Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Perú y Honduras, entre otros.

También conocida como Escudo de las Américas, la alianza celebró un encuentro regional el 12 de agosto en Panamá, donde se puso el foco en la necesidad de pasar de los discursos a la acción conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Con la adhesión de Bogotá, anunciada oficialmente en dicha cita, el salto fue mucho más que numérico. Y es que Washington plantea, si no es que ha llevado a cabo ya, operaciones militares conjuntas con algunos de sus socios contra organizaciones criminales y grupos armados.

Ecuador, el primer campo de pruebas

En ese proceso, Ecuador ocupa un lugar particular. Es uno de los aliados más estrechos de la Administración Trump en la región y fue el primer país donde Estados Unidos puso en marcha operaciones militares conjuntas contra organizaciones calificadas por Washington como terroristas.

El 3 de marzo, fuerzas estadounidenses y ecuatorianas comenzaron operaciones contra organizaciones designadas por Washington como terroristas, en lo que el SOUTHCOM presentó como una acción conjunta contra el «narcoterrorismo».

La cooperación con Washington suponía una profundización de la relación bilateral en inteligencia, seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, en un país que cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina.

Esa búsqueda del apoyo estadounidense para recuperar el control de su territorio incluye también una cooperación inédita entre Fuerzas Armadas y Policía y nuevas iniciativas institucionales como la apertura de una oficina del FBI en Ecuador.

Para el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, la alianza responde a la necesidad urgente de contener una crisis de violencia que ha transformado al país en uno de los principales epicentros del crimen organizado en Hispanoamérica.

En los últimos meses, la relación se ha profundizado con cooperación en inteligencia, vigilancia, conocimiento del espacio aéreo, entrenamiento e interoperabilidad militar. El propio SOUTHCOM ha presentado Ecuador como un socio central de su nueva estrategia y su comandante, Francis Donovan, visitó el país en julio para ampliar estos esfuerzos y mantener reuniones con responsables militares ecuatorianos.

Ecuador se ha convertido así en el primer escenario donde puede observarse sobre el terreno cómo el combate al crimen organizado vinculado al narcotráfico deja de ser principalmente una cuestión policial y de seguridad interna para incorporar capacidades militares estadounidenses.

De la coalición política a la estructura militar

El 4 de agosto, el SOUTHCOM anunció la creación de la Fuerza Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés), concebida como un brazo operativo para sincronizar las operaciones militares estadounidenses con las de sus aliados y socios y hacer frente a amenazas en el hemisferio.

La incorporación de Colombia añade, además, un socio de especial peso. El país fue durante décadas el principal aliado militar de Washington y bajo el «Plan Colombia» se desarrolló una especie de lucha tutelada por Washington contra el narcotráfico, por lo que su entrada vuelve a situarlo en el centro de la estrategia estadounidense.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, ha hablado incluso de posibles operaciones conjuntas contra el ELN y disidencias de las FARC.

En el encuentro en Panamá advirtió que la cruzada contra los carteles «va en serio» y mencionó que los objetivos irán desde «el tráfico de cocaína, hasta el fentanilo en las plazas de México», además de los remanentes de las guerrillas colombianas que definió como «objetivos legítimos».

México, donde operan poderosas organizaciones criminales, no forma parte de la alianza hemisférica, pero Washington mantiene con Claudia Sheinbaum otro enfoque. Funcionarios norteamericanos acaban de revelar un acuerdo para que México le compre drones y antidrones para combatir a los cárteles. Con ello, Estados Unidos espera fortalecer las «capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías» de su vecino del sur.

Los ataques que Washington no reconoce

Es en este contexto de cooperación donde se han producido desconcertantes ataques contra embarcaciones ecuatorianas, lo que introduce una incógnita especialmente sensible.

Entre enero y marzo, al menos tres pesqueros ecuatorianos fueron atacados en distintos puntos del Pacífico oriental, en circunstancias todavía no esclarecidas. El Fiorella desapareció el 20 de enero en aguas internacionales; la Negra Francisca Duarte II fue atacada el 17 de marzo y el Don Maca, nueve días después. Ocho pescadores de la primera embarcación continúan desaparecidos.

En algunos casos, supervivientes han descrito drones, hombres armados y personas que hablaban inglés. Investigaciones de medios estadounidenses han apuntado a una posible participación estadounidense. The Washington Post informó de que los ataques podrían estar relacionados con un programa encubierto de la CIA, aunque no ha quedado demostrado públicamente quién ejecutó las operaciones.

Washington, sin embargo, niega haber participado en los ataques. El Pentágono ha rechazado las informaciones que lo vinculan con las operaciones y las autoridades ecuatorianas tampoco han establecido públicamente quién estuvo detrás de ellas.

Los supervivientes de dos de los pesqueros atacados fueron posteriormente entregados a autoridades salvadoreñas, después de haber sido interceptados por hombres armados que, según sus testimonios, hablaban inglés.

La analista ecuatoriana Carolina Andrade, especialista en seguridad regional, recuerda a El Debate que «en América Latina tanto El Salvador como Ecuador han servido justamente durante estos últimos meses como los puntos importantes, claves de este tipo de acciones militares».

Estados Unidos, Ecuador y El Salvador anunciaron el año pasado un refuerzo de su cooperación contra el narcotráfico en el Pacífico oriental, una de las principales rutas de la cocaína hacia el norte, que incluye intercambio de inteligencia, vigilancia e interdicciones coordinadas.

En paralelo, The Washington Post ha identificado vuelos de vigilancia desde El Salvador hacia las zonas donde se encontraban los barcos ecuatorianos antes de los ataques.

Estos episodios contrastan con los ataques contra supuestas narcolanchas que EE.UU. sí ha reconocido públicamente y plantean interrogantes sobre los límites de la nueva estrategia cuando se desarrolla en territorio marítimo de un país aliado.

La Administración Trump lanzó en septiembre pasado una campaña de ataques contra presuntas lanchas de narcotráfico que en un primer momento Washington vinculó con Venezuela, en el Caribe y el océano Pacífico oriental, que hasta la fecha ha dejado al menos 221 muertos, según cifras recopiladas por The New York Times.

Los ataques fueron ordenados sin una autorización específica del Congreso y su legalidad ha sido cuestionada tanto por legisladores como por expertos. Organizaciones como Amnistía Internacional los han calificado de ejecuciones extrajudiciales ilegales.

Colombia y la expansión del modelo

La incorporación de Colombia coincide con el anuncio de posibles operaciones militares conjuntas y con el esfuerzo de Estados Unidos por ampliar la cooperación a Honduras y otros miembros de la coalición. El propio Hegseth ha señalado que Colombia ya ha solicitado cooperación estadounidense para combatir a grupos que Washington califica de «narcoterroristas».

Para Andrade, «la entrada de Colombia supone es que esto se va a ampliar», con posibles operaciones conjuntas entre Ecuador y Colombia «sobre puntos y campamentos ubicados en tierra».

Colombia tiene una capacidad militar muy superior a la de otros socios y una larga experiencia de cooperación con Washington. Su incorporación podría convertirlo en un centro regional de la nueva estrategia.

Una nueva guerra contra los carteles

La evolución de la coalición refleja también un cambio en el lenguaje de Washington. El empleo de una terminología asociada al terrorismo permite justificar una respuesta militar más amplia y sitúa la lucha contra los carteles dentro de una estrategia de seguridad hemisférica.

El jefe del Pentágono fue más lejos al señalar que «dondequiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios», esas organizaciones son un objetivo, «igual que ISIS o Al Qaida».

La propia coalición ha resumido esta nueva lógica con un lema anunciado por Hegseth durante la reunión de Panamá: «Hacemos cosas malas a gente mala».