Una herramienta de reconstrucción hemisférica, el verdadero sentido de El Escudo de las Américas

América Latina necesita seguridad. No seguridad como consigna electoral, ni como espectáculo de uniformes y helicópteros, sino seguridad real atada al bien común: la que permite que un niño vaya a la escuela, que un comerciante abra su negocio sin pagar extorsión, que un alcalde no sea rehén de una banda, que un juez no tema dictar sentencia y que una frontera no sea propiedad de narcos, guerrillas o mafias.

Por eso el anuncio del presidente Donald Trump y del secretario Marco Rubio sobre el llamado Escudo de las Américas merece ser tomado en serio. La iniciativa, presentada en Miami como una coalición multinacional contra los carteles y el crimen organizado transnacional, busca algo que la región ha postergado durante demasiado tiempo: coordinar inteligencia, operaciones, capacidades militares, policiales y judiciales frente a estructuras criminales que hace años dejaron de ser locales.

Los carteles no respetan fronteras. El Tren de Aragua no pide visa. El narcotráfico no entiende de soberanías románticas. Hezbollah no opera con nostalgia ideológica. Las mafias se mueven por donde el Estado no llega, por donde la ley no funciona y por donde la corrupción abre la puerta. Pero no se ha quedado allí, el crimen organizado en Hispanoamérica ha penetrado al Estado, a los gobiernos locales, a los medios, al sector privado y, en definitiva, a la democracia. Frente a eso, ningún país puede defenderse solo.

El Escudo de las Américas nace con una lista significativa de países: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y con Colombia sumándose al esfuerzo, mientras se espera también la incorporación de Perú. La ausencia de México, Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua dice tanto como la presencia de los demás. La región está dividida no solo por ideologías, sino por la manera en que cada país entiende la amenaza del crimen organizado y la penetración de actores extrahemisféricos. El progresismo de izquierdazo se equivoca si quiere teñir de ideología un problema preideológico.

Aquí está el punto central. El crimen organizado ya no es un problema policial. Es una forma de poder. Controla territorios, financia campañas, impone candidatos, administra cárceles, trafica inmigrantes, lava dinero, infiltra jueces y convierte a poblaciones enteras en rehenes. En algunos países, el crimen negocia con el Estado. En otros, lo penetra. En el caso venezolano bajo Maduro, llegó a confundirse con él.

Por eso, si el Escudo de las Américas quiere ser algo más que una operación de fuerza, debe tener una ambición mayor. Tiene que servir para desmantelar carteles, sí; para reducir cultivos, cortar rutas, atacar laboratorios, seguir el dinero y capturar jefes criminales. Pero también debe servir para reconstruir instituciones. De nada sirve golpear una estructura criminal si la policía está corrompida, si los tribunales no funcionan, si las cárceles siguen siendo universidades del delito o si la política se financia con dinero oscuro.

La fuerza es necesaria. Sería ingenuo negarlo. Pero no debemos confundir la necesidad de fuerza con algo que puede ser un disfraz para autoritarismo. La fuerza debe ser un medio para más y mejor democracia, más y mejor justicia. Hay mafias que solo retroceden cuando sienten un poder legítimo superior. Pero la fuerza sin Estado de Derecho puede convertirse en simple administración del miedo. Y el Estado de Derecho sin fuerza termina siendo una declaración hermosa frente a hombres armados. América Latina necesita las dos cosas: autoridad y legalidad, inteligencia y justicia, frontera y escuela, helicóptero y juez independiente.

También hay una dimensión geopolítica que no podemos ignorar. Durante años, regímenes como el de Maduro, el castrismo en Cuba y la dictadura de Ortega en Nicaragua abrieron espacio a Irán, Rusia y China en nuestro hemisferio. No como simples socios comerciales, sino como actores interesados en debilitar la democracia occidental desde dentro. En Venezuela vimos cómo ese proceso convirtió al país en plataforma de crimen, propaganda, inteligencia y alianzas hostiles a la libertad.

Sacar del hemisferio esa influencia antioccidental no es una obsesión norteamericana; es una necesidad democrática latinoamericana. Hispanoamérica no puede construir futuro si normaliza la presencia de poderes que desprecian los derechos humanos, la libertad religiosa, la alternancia y la dignidad plena de la persona.

Ahora bien, el Escudo debe ser también un escudo para la democracia. Si se limita a operaciones militares, nacerá incompleto. Si se convierte en una alianza ganar-ganar, puede inaugurar una etapa distinta: más comercio, más cooperación, más inversión, más instituciones, más seguridad jurídica y más libertades. La seguridad no puede ser el sustituto de la democracia; debe ser su condición de posibilidad.

Venezuela será la gran prueba. Después de la caída de Maduro, nuestro país necesita desmontar el crimen organizado, recuperar el control territorial, liberar definitivamente las instituciones y volver a tener elecciones libres. Si el Escudo ayuda a que Venezuela vuelva a ser una democracia fuerte, como lo fue durante décadas, entonces no será solo una coalición contra carteles. Será una herramienta de reconstrucción hemisférica.

América Latina no necesita aliados lejanos ni discursos vacíos de antioccidente. Necesita aliados, reglas, fuerza legítima y libertad. Si el Escudo de las Américas logra unir esas cuatro cosas, puede convertirse en una nueva alianza para el progreso: no solo contra el crimen, sino a favor de la vida democrática.