La crisis de Ceuta y el Consejo de Seguridad Nacional (II)

No por predecibles dejan de ser decepcionantes los resultados del Consejo de Seguridad Nacional celebrado el pasado martes. Se reconoce la crisis —sería imposible evitarlo a estas alturas— pero no se identifica a los culpables. Ni a los de dentro ni a los de fuera. Si exceptuamos las disculpas de Margarita Robles, los ministros parecen defender que todo lo han hecho a la perfección. Incluso Albares, que rara vez sabe de dónde sopla el viento, parece sentirse tan satisfecho de sí mismo como en él es habitual.

Nadie en el Gobierno de España o en los medios de comunicación políticamente afines menciona a Marruecos en sus titulares —para El País, la noticia destacada de ayer ha sido, una vez más, el ático comprado por el Gobierno de Ayuso— y eso demuestra que es en Rabat donde sí que han hecho las cosas a la perfección. Solo que conforme a sus intereses, diametralmente opuestos a los nuestros.

Un tsunami de autor

Lo imaginábamos, es verdad, pero duele reconocer que, si atendemos a las medidas que se han ido tomando para contener la crisis, tal parece que ha sido un terremoto, un huracán o un tsunami —un acto de Dios, como se decía antes— el que ha dejado varados en Ceuta a un número de magrebíes que el Gobierno ni siquiera parece capaz de contar. Ningún motivo hay para sorprenderse. ¿Cómo podría hacerlo si prefiere cerrar los ojos mientras se afana en tapar los de los demás?

Lo cierto es que la ciudad autónoma ha sufrido un tsunami humano, pero no natural sino provocado. Un tsunami diseñado en Rabat con precisión de cirujano. Un tsunami de autor, se podría decir. Y eso, quizá, explica las diferencias entre Defensa e Interior a la hora de reconocer la existencia o no de avisos previos del CNI.

Personalmente, no tengo ninguna duda de que esos avisos existieron. Lo que estaba ocurriendo en las redes sociales marroquíes y, ya en el mundo físico, alrededor de nuestra frontera era demasiado obvio para pasar desapercibido. Los anzuelos para pescar jóvenes marroquíes dispuestos a correr el riesgo de entrar en Ceuta no estaban ocultos, sino a la vista de cientos de miles de usuarios de redes sociales. Algunos de esos anzuelos, para más inri, habían sido cebados por España: la regularización masiva, por una parte, y por la otra la sentencia del Supremo que obligaba a poner obstáculos físicos en la mar para justificar la devolución en caliente, algo que el Gobierno no se molestó en hacer hasta que fue demasiado tarde.

Si existían avisos, y no solo del CNI, ¿por qué no se hizo nada para contener la marea humana? Eso se pregunta públicamente el ministro Marlaska para tratar de defender su implausible versión de los acontecimientos, pero sabe la respuesta tan bien como yo. De lo que no quiso enterarse el día 29 de julio —y de lo que no quiere darse por enterado todavía— es de que Marruecos iba a mirar para otro lado con el mismo descaro que hace cinco años, cuando castigó con el salto masivo de la valla de Ceuta la acogida al secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir atención médica. El entonces ministro de Derechos Humanos del Gobierno de Marruecos, Mustafá Ramid, reconoció en las redes sociales la relación causa efecto entre ambos hechos con estas palabras, no demasiado sutiles: «¿Qué esperaba España de Marruecos al acoger al líder de una banda que se levantó en armas contra ella?»

Otra batalla perdida

La única diferencia entre lo ocurrido en 2021 y lo de hace cuatro semanas es que ahora los inmigrantes han sido muchos más. Y, sin embargo, nadie en el Gobierno quiere mirar más allá de la frontera de Ceuta, en un esfuerzo bien coordinado —de hecho, es lo único que parece funcionar correctamente en el gabinete de crisis— para permitir que, por cualesquiera oscuras razones, el culpable quede impune.

Repare el lector en que, a pesar de sus desacuerdos públicos, ni Marlaska ni Robles han cruzado la verdadera línea roja del presidente para una gestión que ya no es de la crisis, sino solo de sus consecuencias: no mencionar a Marruecos. Un hecho que es más llamativo en el caso del ministerio de Defensa, el único que admite la influencia de actores desestabilizadores… pero parece incapaz de identificarlos. Es una ceguera extraña, pero no nueva en la política española de este siglo. En los documentos estratégicos y militares publicados en nuestra nación en las últimas décadas —incluida la vigente Directiva de Defensa Nacional— Marruecos se llama extraoficialmente «amenaza no compartida». Para no enfadarlos. Una cortesía que quizá podría tener sentido… pero solo si se aplicara en las dos direcciones.

A quienes de verdad nos preocupa la seguridad nacional —que es de lo que tendría que haber ido el Consejo— nos duele que este nuevo asalto en la guerra híbrida que nos enfrenta a Marruecos lo haya vuelto a ganar Rabat sin siquiera tener que pelear. Ellos lo celebran sin disimulo, reivindicando ante el mundo con toda desfachatez —y hasta ahora sin ningún éxito, todo hay que decirlo, porque no tienen ningún argumento para defender sus reclamaciones— la soberanía sobre las dos ciudades españolas que la historia quiso situar en el norte de África.

En contraste con el marroquí, nuestro Gobierno, preocupado únicamente por su imagen, prefiere disimular su derrota a buscar la victoria. Y mientras tanto, Ceuta —que es española desde 1640 cuando, por propia decisión, se separó de la corona de Portugal para quedarse con nosotros— tiene que resignarse a ver como se consuma una injustica histórica. Ciudad maltratada por ser lo que hace casi cuatro siglos eligió libremente, solo puede aspirar a ver, con el tiempo, curadas sus heridas; pero no —no con este Gobierno, al menos— a que se la defienda de su maltratador.