Argentina estrecha el cerco sobre el petróleo de las Malvinas y abre expedientes contra 45 personas y empresas

El Gobierno de Javier Milei ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra las actividades petroleras desarrolladas en las islas Malvinas. La Cancillería argentina ha abierto procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas a las que investiga por su posible participación en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

La decisión llega después de que Milei firmara un decreto destinado a agilizar la aplicación de la legislación argentina sobre las actividades hidrocarburíferas en su plataforma continental. La medida permitirá a los organismos de la Administración comunicar de forma inmediata cualquier actividad desarrollada en las Malvinas que, según Buenos Aires, se lleve a cabo sin autorización argentina.

Los expedientes no se limitarán a las compañías que participan directamente en la explotación petrolera. La normativa contempla también a las personas y empresas que proporcionen servicios a estos proyectos, de manera que la investigación puede alcanzar a quienes colaboren indirectamente con las actividades cuestionadas por Argentina.

La legislación en la que se apoya la medida fue aprobada en 2011. La Ley 26.659 establece sanciones para las compañías que exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización, así como para quienes intervengan o presten servicios relacionados con esas operaciones.

Antecedentes contra empresas petroleras

Buenos Aires ya utilizó esta legislación contra dos compañías vinculadas al proyecto Sea Lion. En 2013 sancionó a la británica Rockhopper y en 2022 a la israelí Navitas, ambas socias en el desarrollo petrolero situado al norte de las Malvinas. Las dos compañías fueron entonces inhabilitadas para operar en Argentina durante veinte años.

Sea Lion se encuentra actualmente en una fase inicial de desarrollo. Navitas es la operadora del proyecto, después de que las empresas implicadas anunciaran a finales de 2025 su decisión final de inversión. El objetivo fijado es comenzar la extracción de crudo en marzo de 2028.

La nueva ofensiva amplía ahora el foco de las autoridades argentinas a un total de 45 sujetos, entre personas físicas y empresas. El Ejecutivo pretende además utilizar otro mecanismo de presión: quienes incumplan la legislación quedarán excluidos de los proyectos acogidos al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el programa creado por Milei en 2024 para atraer grandes inversiones y que incluye iniciativas del sector de los hidrocarburos.

La decisión vuelve a situar la disputa por las Malvinas en el centro de la política exterior argentina. El Gobierno de Milei reiteró en su comunicado oficial su reivindicación de la soberanía sobre las islas y sobre los espacios marítimos vinculados al archipiélago, una posición que mantiene frente al control británico del territorio.