Chile protesta ante Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes y la cumbre Kast-Milei cierra el episodio

Conviene empezar por el mapa. El Estrecho de Magallanes es un laberinto de canales de unos 570 kilómetros que corta el extremo sur del continente americano y une el Atlántico con el Pacífico sin obligar a doblar el cabo de Hornos. Está íntegramente en territorio chileno —su capital regional es Punta Arenas— y por él pasan buques de todas las banderas.

Su condición jurídica está fijada desde el Tratado de Límites de 1881: soberanía chilena, navegación libre y «neutralización a perpetuidad». El Protocolo de 1893 añadió una regla de oro que sigue vigente: Chile no se proyecta al Atlántico y Argentina no se proyecta al Pacífico. Y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 —firmado bajo mediación vaticana, después de que ambos países estuvieran al borde de la guerra en 1978— precisó en su artículo 10 dónde termina el estrecho por el este: la línea que une Punta Dungeness con el cabo del Espíritu Santo.

El 23 de agosto, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Valverde, afirmó en un podcast que «Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía» y reclamó «hacer presencia» en lo que llamó una llave bioceánica. Santiago envió una nota formal de protesta y su canciller, Francisco Pérez Mackenna, zanjó que el estrecho «es indiscutiblemente chileno». La Casa Rosada respondió que su posición es la de los tratados de 1881 y 1984. El ministro de Defensa argentino atribuyó las palabras de Valverde a una confusión.

Casi en paralelo, la Armada argentina difundió un vídeo del destructor ARA Almirante Brown navegando por canales chilenos descritos como escenario propio; el texto se corrigió después. En enero, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino había sostenido que el estrecho es chileno «excepto la boca». Y de fondo persiste el Decreto 457/2021, la directiva de defensa firmada por Alberto Fernández que habla de «exploración, estudio y control conjunto» sobre Magallanes y el mar de Hoces. Buenos Aires reconoció en 2025 que se trataba de un error y preparó un documento para dejarlo sin efecto, que espera la firma de Javier Milei desde marzo.

El miércoles, el presidente José Antonio Kast se subió a la fragata Prat, en pleno estrecho, rodeado de ejercicios navales, para declarar que «Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control» sobre el paso. Pero descartó exigir a Milei que firmara: los tratados, argumentó, ya establecen la soberanía chilena. El jueves ambos se reunieron en La Moneda, poco más de media hora, después de que Milei abriera el Foro Madrid, el encuentro de la derecha internacional impulsado por la Fundación Disenso, ligada a Vox. A la entrada, un periodista preguntó al argentino por el decreto 457. No respondió, y salió del palacio sin hablar con la prensa.

La respuesta llegó por escrito esa misma tarde. En una declaración conjunta, ambos gobiernos coincidieron en la total soberanía chilena sobre el estrecho y describieron los tratados de 1881 y 1984 como instrumentos «plenamente vigentes» y de carácter definitivo para los dos Estados. El texto recoge además acuerdos en minería, energía, seguridad y cooperación antártica, y el compromiso argentino de avanzar en la detención y extradición de Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán. Del decreto 457, en cambio, no dice una palabra.

Lo que está en juego

Julio Leiva, comandante en jefe de la Armada chilena entre 2017 y 2021, lo planteó en Tele13 Radio: Chile necesita exponer sus puntos «de forma clara, concreta, y también a veces firme». Ningún especialista sostiene que exista una disputa jurídica abierta. El problema es otro.

El analista en defensa Jorge Sanz Jofré lo formula en clave de derecho internacional: «Si no hay reclamación, se puede interpretar como aceptación». De ahí la insistencia chilena en protestar por escrito cada vez, y de ahí que cinco años de documentos y declaraciones apuntando en la misma dirección inquieten más que un exabrupto aislado.

Hay un segundo plano, más incómodo para Santiago. Con el canal de Panamá bajo presión y una competencia creciente por rutas y recursos antárticos, el sur austral gana valor. Carlos Alsua, académico de la Universidad Andrés Bello, resume la receta: «menos retórica y más presencia efectiva», es decir, inversión, conectividad, ciencia y población.

La declaración conjunta cierra el episodio, pero no el expediente. El decreto 457 sigue vigente, y su derogación lleva esperando una firma desde marzo.

El flanco de las Malvinas

El mismo día de la cumbre apareció un ingrediente inesperado. Según adelantó el medio chileno Ex-Ante, el alcalde de Punta Arenas confirmó que la agencia de desarrollo del gobierno de las Malvinas cerró un contrato con una naviera chilena para abrir una segunda ruta marítima al archipiélago, con primer zarpe previsto en noviembre. Hasta ahora el único enlace es Montevideo, a casi 2.000 kilómetros; desde Punta Arenas la distancia se reduce a la mitad. No es un acuerdo entre Estados, sino un contrato privado con el municipio como promotor. Pero Chile respalda el reclamo argentino sobre las islas: en la declaración conjunta, Kast lo reiteró y pidió que Buenos Aires y Londres reanuden negociaciones, mientras Milei agradecía ese apoyo y decía valorar los esfuerzos chilenos para evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona en disputa.

Esa misma noche, ya en Buenos Aires, Milei se dirigió a los argentinos por cadena nacional. Anunció sanciones a las petroleras que operen en aguas de las islas —por el proyecto británico Sea Lion—, una base naval en Tierra del Fuego llamada a ser el mayor polo logístico del Atlántico Sur y un Consejo de Seguridad Nacional. Habló de «vientos de cambio» favorables, apoyándose en las palabras de Donald Trump, que días antes había insinuado que Washington podría revisar su tradicional neutralidad en la disputa. Del Estrecho de Magallanes, ni una palabra.

Londres respondió el viernes por la mañana. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, escribió en X que el archipiélago es británico porque sus habitantes eligieron serlo —en alusión al referéndum de 2013, donde la permanencia obtuvo el 99,8% de los votos— y calificó el compromiso de su país de absoluto e inquebrantable. El discurso de Milei, añadió, dice más sobre la política interna argentina que sobre las islas. Desde Downing Street recordaron a la BBC que la autodeterminación de los isleños incluye el derecho a explotar sus recursos naturales.