El desprestigio del Nobel de la Paz

La elección de la jurista sudafricana Navi Pillay como Premio Nobel de la Paz vuelve a poner de manifiesto el extraño proceso de degradación de un galardón que, por su historia y por su nombre, debería representar algo parecido a una autoridad moral universal. No hace falta caricaturizar a Pillay para llegar a esa conclusión. Todo lo contrario.

Su biografía tiene algunos capítulos admirables. Comenzó como abogada de opositores al apartheid, rompió barreras raciales y profesionales en Sudáfrica, fue juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda –donde contribuyó al desarrollo jurídico que permitió considerar la violencia sexual como un instrumento de genocidio–, pasó por la Corte Penal Internacional y fue Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Comité Nobel la ha premiado, supuestamente, por su defensa del derecho internacional y de la rendición de cuentas por crímenes atroces. Todo esto es verdad. También lo es lo que viene después.

Del activismo al arbitraje

Durante los últimos años, Pillay ha sido una de las figuras más activas dentro del aparato de Naciones Unidas en sus acusaciones contra Israel. El problema no consiste en criticar al Gobierno israelí. Criticar a Benjamin Netanyahu, cuestionar la proporcionalidad de la campaña de Gaza o exigir responsabilidades por posibles crímenes de guerra es perfectamente legítimo.

El problema aparece cuando quien debe actuar como árbitro había tomado partido antes de colocarse la toga. Antes de presidir la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos, Pillay había suscrito una campaña reclamando sanciones contra el «apartheid israelí» y había firmado una carta para el presidente Joe Biden denunciando la «opresión» israelí sobre los palestinos. Posteriormente fue designada para dirigir precisamente la comisión encargada de investigar esas materias. Incluso la Administración Biden –difícilmente sospechosa de trumpismo– denunció en 2022 a aquella comisión y calificó su aproximación de unilateral y sesgada.

Eso plantea una pregunta básica: ¿aceptaríamos en cualquier otro procedimiento que quien ya ha pedido sanciones contra una de las partes presida después el tribunal moral encargado de juzgarla? Parece que en Naciones Unidas sí.

En 2025, la comisión presidida por Pillay dio el salto definitivo y concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. Fundamentó la existencia de intención genocida tanto en la conducta militar como en declaraciones de dirigentes israelíes. La evidencia brilló por su ausencia y el comité ignoró la evidencia que sí tenía ante sí.

Conviene ser rigurosos. La misma comisión también concluyó que Hamás y otros grupos palestinos habían cometido el 7 de octubre crímenes de guerra: asesinatos deliberados de civiles, torturas, secuestros y violencia sexual. Pero justificó la acción por el «apartheid israelí» antes mencionado.

Ósea, una institución que se presenta como tribunal neutral permitió que una persona con posiciones públicas previas y profundamente sesgadas sobre una de las partes dirigiera una investigación cuyas conclusiones poseían una enorme carga política. Y ahora otra institución internacional la recompensa

El problema se llama Oslo

Aquí llegamos al verdadero problema del Nobel de la Paz. A diferencia de los Nobel científicos, el premio de la Paz no puede descansar sobre un descubrimiento susceptible de comprobación. No existe un equivalente político de demostrar una molécula, una teoría física o un avance médico. La «paz» se interpreta. Y quien interpreta termina inevitablemente proyectando su ideología.

El Nobel de la Paz lo decide un comité de cinco miembros nombrados por el Parlamento noruego. Su propia organización reconoce que la composición del comité refleja las fuerzas políticas representadas en el Storting. No es una acusación de conspiración. Es peor: es el sistema en sí.

Alfred Nobel sí creó expresamente el premio –conviene corregir aquí una leyenda bastante extendida– y fue él mismo quien dispuso que lo adjudicara un comité designado por el Parlamento noruego. Pero que Nobel lo diseñara así en 1895 no convierte a cinco noruegos nombrados mediante un procedimiento político en oráculos universales de la virtud. Con el tiempo el premio ha pasado demasiadas veces de reconocer la paz conseguida a intentar dirigir la política que sus miembros consideran deseable.

El Nobel preventivo

El caso más cómico es Barack Obama. Recibió el Nobel en 2009, cuando llevaba menos de ocho meses como presidente. Pero hay un detalle todavía más extraordinario: las candidaturas deben presentarse antes del 1 de febrero. Obama tomó posesión el 20 de enero. Es decir, cuando venció el plazo para proponer candidatos llevaba doce días en el cargo. Aquello no fue un premio. Fue una indicación de lo que se esperaba de él.

El propio comité explicó que quería respaldar su visión de la diplomacia multilateral, el desarme nuclear y la cooperación internacional. En otras palabras, no recompensaba principalmente lo que Obama había hecho. Bendecía lo que esperaba que hiciera. Y, sobre todo, en un caso claro de señalamiento de virtud, bendijo que, por fin, los americanos habían escogido a un negro.

No era la primera vez. En 1973, se premió a Henry Kissinger y Le Duc Tho por el acuerdo de Vietnam. Tho rechazó el Nobel porque, detalle menor, la paz todavía no existía. Dos miembros del propio Comité Nobel dimitieron en protesta.

En 1994, se le entregó a Yasser Arafat junto con Shimon Peres e Yitzhak Rabin para impulsar los Acuerdos de Oslo. La intención podía ser noble. El resultado histórico es bastante menos edificante.

Y mientras tanto, Mahatma Gandhi, probablemente el símbolo universal más reconocible de la resistencia no violenta del siglo XX, fue propuesto cinco veces y murió sin recibirlo.

Cuando la burocracia se concede medallas

Pillay encaja perfectamente en la evolución del premio. El Comité Nobel ya no está premiando simplemente a una persona. Está premiando una concepción del mundo: tribunales supranacionales, Naciones Unidas, jurisdicciones internacionales y una arquitectura burocrática que se considera a sí misma depositaria de una legitimidad moral superior a la de los Estados y, demasiadas veces, a la de sus ciudadanos.

Aquí aparece mi problema. Las instituciones también tienen incentivos. Las burocracias tienden a aumentar sus competencias, ampliar sus mandatos y encontrar nuevas razones para justificar su propia existencia. Una burocracia internacional no deja de ser burocracia porque sus funcionarios vuelen en business a Ginebra en lugar de rellenar formularios en una consejería autonómica.

Y cuando ese ecosistema empieza, además, a otorgarse premios a sí mismo, el círculo queda cerrado. Eso no desacredita automáticamente el trabajo de Navi Pillay. Ni convierte en inútil todo el derecho internacional. Significa algo más sencillo: ninguna institución merece deferencia por el mero hecho de declararse moralmente superior. La legitimidad se gana con imparcialidad, rigor y resultados.

El Nobel de Física no necesita que creamos en él. Un descubrimiento acaba funcionando o no funciona. Una vacuna cura o no cura. Una teoría predice o fracasa. El Nobel de la Paz solo conserva valor mientras confiemos en el criterio de quienes lo conceden. Y esa es precisamente la tragedia.

Después de Kissinger, Arafat, el Nobel preventivo de Obama y ahora Pillay, el Comité debería preguntarse si todavía está premiando a quienes hacen avanzar la paz o simplemente colocando una medalla sobre las causas favoritas de su pequeño mundo político.

Porque el prestigio, como la libertad o la reputación, tiene una característica: se tarda décadas en construirlo, pero no existe comité, Gobierno ni burocracia capaz de decretarlo.

Y cuando se pierde, tampoco hay Nobel que lo devuelva.