Un anciano utiliza una máscara antigás para protegerse del humo de los gases lacrimógenos
Francia acaba con 1.200 detenidos tras una ola de disturbios y saqueos en las protestas por el coste de la vida
La movilización reúne a entre 550.000 y 800.000 personas y deja edificios públicos incendiados en varias ciudades, mientras Lecornu acusa a Mélenchon de alentar las protestas
Francia ha cerrado una jornada de movilización nacional marcada por los saqueos, los incendios y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las protestas contra el encarecimiento de la vida han congregado a cientos de miles de personas en distintas ciudades, pero los incidentes registrados durante las marchas han desplazado el foco hacia el orden público.
El balance difundido en el avance de última hora eleva a 1.200 los detenidos y a 150 los policías y gendarmes heridos, unas cifras que deben confirmarse ante la disparidad de los datos publicados durante la jornada.
Los disturbios han afectado a edificios públicos y establecimientos comerciales. En Limoges, el ayuntamiento ha sufrido un incendio de gran magnitud, mientras que en Marsella y Lille se han registrado daños en dependencias municipales.
París también ha vivido escenas de violencia, con vehículos calcinados y tiendas saqueadas. Algunos grupos trataron de aproximarse a zonas estratégicas de la capital, entre ellas los Campos Elíseos y el entorno del Elíseo, sede de la Presidencia.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido de que los responsables de los ataques deberán responder ante la Justicia. «Quienes han destrozado, atacado tanto prefecturas como comercios, saqueado incluso nuestros ayuntamientos serán perseguidos y castigados», ha escrito en X.
Varios manifestantes alimentan una hoguera con distintos materiales en el bulevar Haussmann de París
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha reclamado una respuesta judicial «extremadamente firme» contra los autores de los disturbios. Para ello, ha pedido a los fiscales generales y a los fiscales que soliciten prisión preventiva para quienes hayan atacado a las fuerzas de seguridad, los bomberos, los edificios públicos y los comercios. El ministro ha calificado los hechos de violencia urbana de una gravedad excepcional y ha asegurado que ha reiterado sus instrucciones ante la continuidad de los incidentes.
Una movilización que desborda la protesta estudiantil
La convocatoria surgió en las redes sociales bajo el lema «Amarillos y Jóvenes», con la intención de reunir a los chalecos amarillos que protagonizaron las protestas de 2018 y 2019 con estudiantes, agricultores, profesores, jubilados y activistas medioambientales.
Según el Ministerio del Interior, la participación ha alcanzado las 550.000 personas; los organizadores elevan la cifra a 800.000.
Manifestantes encapuchados con chalecos amarillos y banderas de Palestinas en París
El malestar por la pérdida de poder adquisitivo se ha sumado a las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria, que protestan desde septiembre por la falta de profesores y las deficiencias de los centros educativos. El encarecimiento de los carburantes, en un contexto condicionado por la guerra en Oriente Medio, añade presión sobre los hogares.
«A finales de mes ya no me queda nada, los precios suben pero los salarios no. No podemos más, nos ahogamos», ha denunciado Franck, un funcionario que ha participado en una concentración en Guéret, en el centro del país.
Choque entre el Gobierno y Mélenchon
El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha asegurado que el Ejecutivo no se dejará intimidar y ha acusado a La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon, de estar detrás de la movilización. Marine Le Pen también ha cargado contra la izquierda radical, a la que acusa de apropiarse de unas reivindicaciones sociales legítimas.
Mélenchon, por su parte, ha rechazado que quienes comparten sus demandas tengan relación con los saqueos y ha cuestionado la gestión policial de las manifestaciones. El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, ha denunciado la destrucción de «calles enteras» de la capital.
La jornada llega cuando el Gobierno intenta sacar adelante los presupuestos de 2027, que contemplan un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para sanear las cuentas públicas. La confluencia de las protestas estudiantiles con el descontento por los precios y los servicios públicos abre así un nuevo frente para el Ejecutivo a seis meses de las elecciones presidenciales.
