Casi 100.000 muertos en 50 años: el impacto de los desastres naturales en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe han sufrido, de media, un desastre natural por semana durante los últimos 50 años. El balance alcanza cerca de 100.000 fallecidos y más de 360.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Ante esta situación, un informe impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), Mapfre y CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, propone reforzar la respuesta a las catástrofes mediante seguros, financiación preventiva, innovación tecnológica y colaboración público-privada.

El documento, titulado Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, fue presentado el 19 de octubre a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Sus promotores plantean que pueda analizarse en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026. Lo firman Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz, expertos en economía, ingeniería y políticas públicas.

Según las cifras recogidas en el informe, cuatro de cada diez personas de la región se han visto afectadas por estos fenómenos en las últimas cinco décadas. Sus consecuencias no terminan cuando se retira el agua o se extingue un incendio: la destrucción de viviendas, la interrupción de las cadenas logísticas y la pérdida de ingresos pueden prolongar los daños sobre la actividad económica y el bienestar de la población.

Una segunda línea de defensa

El diagnóstico reconoce los avances de los países en protección civil, especialmente en prevención, alerta temprana y evacuación. Sin embargo, sus autores consideran que estas herramientas necesitan una segunda línea de defensa: disponer de recursos económicos y reglas de actuación definidos antes de que se produzca una emergencia. El objetivo es acelerar la reconstrucción y evitar que la búsqueda de financiación retrase la recuperación.

Uno de los principales obstáculos es la brecha de protección aseguradora, que el documento sitúa en el 81 % en la región. Para reducirla, propone facilitar el acceso de la población y de las pequeñas empresas a las coberturas frente a riesgos catastróficos. Entre las barreras que identifica figuran el coste, las limitaciones de información y las dificultades de distribución de los seguros.

La propuesta no pasa por recurrir a una única herramienta. Para los incidentes más habituales y de menor impacto, el informe plantea utilizar reservas presupuestarias y fondos de contingencia. Para los sucesos menos frecuentes, pero de mayor gravedad, señala instrumentos de transferencia del riesgo, como seguros, reaseguros, esquemas paramétricos y bonos catastróficos. La elección debe ajustarse al tipo de amenaza y al momento de intervención.

Tecnología y pagos más rápidos

La tecnología figura entre los diez pilares de la estrategia, junto con la innovación financiera, para ampliar las coberturas. El decálogo también reclama desembolsos rápidos, transparentes y verificables. La agilidad de los pagos se presenta como una condición para que los mecanismos de protección permitan financiar la recuperación cuando se necesitan, y no solo como una garantía sobre el papel.

La tecnología figura entre los diez pilares de la estrategia, junto con la innovación financiera

El documento vincula, además, el aseguramiento con la prevención y la reducción del riesgo. Propone priorizar las infraestructuras, los servicios y las actividades cuya interrupción tenga mayores consecuencias sociales y económicas. También defiende alianzas público-privadas con reglas claras, capaces de aprovechar los recursos financieros, el conocimiento técnico y la capacidad de innovación de las empresas.

Invertir antes de la catástrofe

Las necesidades de inversión son elevadas. El informe estima que hacen falta hasta 31.000 millones de dólares anuales para infraestructuras resistentes a inundaciones y huracanes. A esa cifra añade la movilización de otros 15.000 millones de dólares hasta 2030 destinados a la adaptación y la gestión del riesgo de desastres. Son dos magnitudes con horizontes distintos: la primera es anual; la segunda corresponde al periodo señalado.

El informe estima que hacen falta hasta 31.000 millones de dólares anuales para infraestructuras resistentes a inundaciones

La estrategia propone convertir la resiliencia financiera —la capacidad de afrontar y superar las consecuencias económicas de una catástrofe— en una prioridad de Estado. Para ello, aboga por compartir estándares y capacidades entre países, preservar la sostenibilidad de las coberturas y permitir que cada nación avance según sus necesidades. El propósito es reducir la improvisación y contar con financiación preparada antes de la siguiente emergencia.