Este radar es capaz de cazar infracciones en los dos sentidos de la marcha
Motor
'Superradar', descubre la nueva máquina recaudatoria de la DGT
La Dirección General de Tráfico refuerza su arsenal para aumentar las denuncias por exceso de velocidad
Radares de pórtico, radares anti-frenazo, radares en cascada, radares fijos, radares móviles, drones radar… y ahora la última evolución de los radares Velolaser. La persecución de la DGT hacia las infracciones de velocidad se ha convertido en una lucha sin cuartel, especialmente para el director de la DGT, Pere Navarro, dispuesto a reducir la siniestralidad en nuestro país a cualquier precio.
La DGT anunció finales de 2022 su intención de disminuir la siniestralidad en carretera y los fallecidos en un 50 % antes de 2030. Para ello nada de medidas imaginativas más allá de la instalación de 26 nuevos radares para el primer trimestre de 2022, de los cuales 16 pertenecen a la categoría anti-frenado y en cascada y diez de tipo fijo. A esto se suma un número indeterminado de drones radar y los equipos Velolaser, el arma más «mortífera» con la que cuenta la Guardia Civil.
Se trata de unos radares de reducido tamaño, miden unos 50 centímetros y pesan tres kilos, lo que facilita su ubicación en casi cualquier sitio. De hecho están diseñados para que puedan instalarse a bordo de las motos de las patrullas de la Guardia civil, así como en trípodes e incluso ocultos en los guardarraíles.
En 2018 la DGT incorporó 60 equipos Velolaser a su repertorio, con un coste unitario de 14.000 euros, que era rápidamente amortizado con su infalible capacidad para multar. Entre sus virtudes está que homologa multas en los dos sentidos y a una distancia entre 15 y 50 metros, midiendo velocidades entre 30 y 250 kilómetros/hora. Por supuesto distingue entre coches, camiones y furgonetas y realiza dos fotografías simultáneas para adjuntar la mejor a la denuncia. Disponen de baterías y no necesita cables, pues funciona mediante WiFi a una gran distancia.
Todo perfecto salvo algunos problemas de fiabilidad serios que ha tenido en sus dos primeros años de vida y que han llevado a algunas localidades como Burgos a devolver los suyos.
En paralelo han recibido numerosas denuncias por su colocación, pues es habitual verlos anclados a los guardarraíles, solución que ha sido cuestionada por la justicia por no usar un trípode ni una sujeción homologada y por constituir un serio peligro en caso de accidente contra el mismo. Una instalación absolutamente irregular, pues deben estar colocados en trípodes y a 1,3 metros de la barrera, como denuncia la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas.
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