Pilar de la autonomía castellanoleonesa

Resulta casi excepcional que, teniendo en cuenta el actual clima de crispación que impera, a todos los niveles, en la escena política española, el fallecimiento de una personalidad suscite el homenaje unánime de las formaciones políticas. Pues bien, es lo que ha ocurrido con la figura de Manuel Estella Hoyos, abogado del Estado de profesión y presidente de las Cortes de Castilla y León entre 1991 y 2003, diez años con Juan José Lucas de presidente autonómico, y dos con Juan Vicente Herrera.

Este reconocimiento sin fisuras a Estella se debe principalmente al espíritu de consenso con el que presidió los trabajos de la cámara autonómica, cuya se encontraba entonces –así fue hasta 2007– en el castillo medieval de Fuensaldaña, situado a las afueras de Valladolid. Pese a que cuando alcanzó la presidencia, allá por 1991, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León ya estaba en vigor desde hacía 8 años, durante las tres legislaturas de Estella al frente de la cámara, se dieron importantes pasos para su desarrollo y consolidación.

Los dos más señeros fueron las reformas estatutarias de 1993 y 1999. A través de la primera, fueron traspasadas a Castilla y León alrededor de una treintena de nuevas competencias, entre las que figuraban las de Educación y Servicios Sociales. Durante la cuarta legislatura (1993-1997) se reguló la cuestión de confianza, lo que facultaba al presidente a disolver anticipadamente las Cortes.

En la segunda, fruto de un pacto entre el PP y el PSOE, en que Estrella jugó un importante papel, se eliminó la prohibición de que los procuradores regionales pudieran percibir un sueldo por su actividad parlamentaria, otorgó plena libertad al presidente la Junta para decidir el tamaño de su ejecutivo, permitió la iniciativa legislativa popular y municipal, y puso en marcha Consejos Consultivo y de Cuentas. Para defender los intereses de los particulares ante la Administración, lo que a nivel nacional se conoce como Defensor del Pueblo, se recuperó la vieja institución castellana del Procurador del Común, surgida en 1766 para defender los intereses vecinales frente a los abusos de los regidores perpetuos en los municipios.

Estella, que militó en las filas de AP antes de hacerlo en las del PP, se encargó de que la tramitación parlamentaria de estas reformas se realizara de la forma más impecable. Al fin y al cabo, se trataba de una cámara nueva.