Un fiscal de los pies a la cabeza

El azar ha querido que el mismo día en que el Tribunal Supremo, a través del fallo sobre el «caso Mascarillas», reafirmase la supremacía del Estado de derecho, falleciera uno de sus máximos defensores. Así era Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, que entre 1980 y 2010 ejerció como fiscal en la Audiencia Nacional. Unos años que abarcaron, entre otros episodios que ponían a prueba la solidez de la joven democracia española, el periodo de máxima actividad sanguinaria de la banda terrorista ETA.

Gordillo formaba parte de un grupo de fiscales –una de ellas fue Carmen Tagle González, asesinada en 1989– determinados a plantar cara al terrorismo bajo todas sus formas. Eso implicaba, en primer lugar, combatir a ETA con todas las herramientas legales. El fiscal Gordillo y sus compañeros las usaron con todo el rigor posible para perseguir a los terroristas: su balance, demasiado extenso –secuestros de Ortega Lara y José María Aldaya, los atentados de la casa cuartel de Zaragoza y Plaza República Dominicana…– para ser citado en estas líneas, habla por sí solo. Hasta el punto de que, durante años, se vio obligado a no poder dar un paso sin estar rodeado de un buen puñado de escoltas.

Pero la lucha de Gordillo también significaba fiscalizar las derivas más deleznables del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, los delitos perpetrados por los Grupos Antiterroristas de Liberación, los tristemente famosos GAL. Fue gracias a su tesón, por ejemplo, que se pudo elucidar el «caso Lasa y Zabala», dos jóvenes etarras secuestrados y asesinados en 1983 por los GAL y enterrados con cal viva en una fosa en Alicante. Gordillo pidió prisión para los mandos policiales y políticos implicados. Su tesis era que se trataba de terrorismo de Estado, y no de una operación policial descontrolada. El caso acabó con condenas en 2000 para el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el coronel Ángel Vaquero y otros subordinados.

Al margen de esta labor judicial, el fiscal Gordillo –que antes de incorporarse a la Audiencia Nacional estuvo destinado en Gerona y Valladolid– también investigó casos de corrupción económica como Macosa, Argentia Trust, Rumasa, el fraude del IVA, Sogecable, Banco de los Pirineos, Inverbroker o el del pesquero Alakrana. En 2010 dejó la Audiencia Nacional para practicar la abogacía.