Cómo avanzar hacia un pacto educativo

Junto con el acierto en la definición del qué, del por qué y del cómo de las reformas educativas, la estabilidad constituye otro de los rasgos característicos de los sistemas educativos de éxito. Sobre la base de estudios empíricos, se estima que es preciso del orden de un decenio para que las reformas educativas generen resultados apreciables. Pero un análisis del caso español, extendido sobre el presente siglo, revela el carácter controvertido y a la postre efímero de buena parte de los cambios normativos. Eso es justamente lo contrario de lo que sucede en países de nuestro entorno en donde la estabilidad que subyace a las modificaciones adaptativas de sus sistemas de educación y formación ha permitido reconocer internacionalmente las aportaciones específicas, por ejemplo, de sus respectivos bachilleratos.

Esta circunstancia, típicamente española, ha llevado a los diferentes actores de la sociedad civil concernidos por la educación escolar a reclamar, con insistencia, un pacto educativo que evite poner patas arriba el sistema con cada cambio de ciclo político. Sin embargo, ese pacto no ha sido posible ni tan siquiera para aquellos ministros que honestamente lo han intentado. El origen de ese fracaso político hunde sus raíces, junto con criterios circunstanciales de oportunidad, en una firme actitud de rigidez ideológica y en sus consecuencias.

Sin embargo, es preciso admitir que en España la posición política del centro-derecha, en materia educativa, está mucho menos ideologizada que la de la izquierda. Tan sólo la defensa de la libertad de enseñanza, recogida en la Constitución y amparada por una pluralidad de tratados internacionales, puede reconocerse como un punto central de su credo ideológico; y, en cuanto al resto, está alineado con la posición atemperada y realista de la Unión Europea, con sus principios y con sus valores compartidos.

En todo caso, esa fuerte tensión ideológica izquierda-derecha resulta, al menos por el momento, irreductible y está en la base misma de los vuelcos en las leyes educativas que se han producido en el pasado y que, con una elevada probabilidad, seguirán produciéndose indefinidamente en el futuro, a menos que se cambie o de pensamiento, o de estrategia. Procede, en este punto, traer a colación esa referencia apócrifa a Albert Einstein que afirma que «Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes».

A la luz de los anteriores razonamientos, se propone aquí una nueva estrategia de avance basada en dos pilares y en sus relaciones. El primero consiste en recurrir, en la formulación de las reformas, a una racionalidad basada en la evidencia empírica y en el conocimiento. Ese atributo esencial de las políticas hace posible el acierto, tal y como se deriva de la propia lógica de las cosas y como lo avala la experiencia de los sistemas educativos de alto rendimiento.

El segundo estriba en progresar hacia un pacto social antes que hacia el pacto político. Es claro que, tratándose de un terreno como es el de la educación, resulta improbable lograr la unanimidad pues, como adelantara el sociólogo francés Jacques Lesourne, «la educación es una zona de conflictos». Pero las expectativas sociales en España, con respecto a la necesidad de articular un pacto educativo, son tan mayoritarias y están tan consolidadas que los obstáculos resultarían de un calibre inferior al de los del ámbito propiamente político.

Además, ambas estrategias operativas están relacionadas entre sí. La sociedad española, en su conjunto, es más sensible a la racionalidad de las reformas educativas que su clase política y mucho menos sensible a aquellos otros argumentos que responden a una lógica de poder. De modo que, si las reformas se fundamentan adecuadamente en el conocimiento y en las evidencias, si se explican a la sociedad con rigor, claridad y convicción, si se dialoga con todas las partes implicadas y se ensancha así la visión, es muy probable que el pacto social avance significativamente. Y si el acuerdo social va por delante del posible pacto político se afianzará la legitimidad de las posiciones resultantes, lo cual constituirá un estímulo para que éste último no quede desenganchado.

Es de destacar el hecho de que la falta de un acuerdo político básico haya emergido con fuerza, como amenaza, en un reciente estudio cuantitativo de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC sobre las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades (DAFO) de la educación española, situándose, en cuanto a intensidad, por encima de cualquier otra y formando parte del grupo de indicadores estratégicos de mayor prioridad global. Ello muestra que minimizar dicha amenaza debería convertirse en una acción preferente para el sistema educativo español.

Cuando, a tenor de la respuesta crítica de amplios sectores de la sociedad española, lo que se espera es la derogación de la actual ley, parecería un contrasentido interrogarse sobre la posibilidad de un pacto educativo. Sin embargo, para España el futuro de su educación resulta decisivo y, por ello, necesita ser pensado y adecuadamente preparado.

Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado