El voto por correo
Nos tenemos que fiar del procedimiento, claro, pero lo justo de Sánchez
En España se puede llamar «extrema derecha» a Vox y «derecha extrema» al PP. Insultar a Santiago Abascal y a Núñez Feijóo con más sevicia que a Txapote. Señalar con nombre y apellidos a los empresarios, periodistas, mujeres o artistas que no den palmas con las orejas a Sánchez o a cualquiera de sus satélites, que son todos perro similar con collar alternativo.
También se puede pactar con Bildu o con ERC, blanquear a ETA, defender la confiscación fiscal, llamar asesina a Ayuso, boicotear a los agricultores de Huelva, encerrar tres meses en su casa a todo un país, falsear los datos del paro, esconder las cifras de muertos de la pandemia, echar al Rey de instituciones catalanas, elevar la recaudación de impuestos mientras se despelucha el bolsillo del triste ciudadano, sacar a violadores de la cárcel sin dimitir a continuación o meter a terroristas en las listas electorales de un partido dirigido por un secuestrador.
Se puede hacer todo eso y defenderlo en público, con miradas inquisitoriales hacia quienes, incluso con discreción, se atrevan a cuestionarse la veracidad, decencia u oportunidad del formidable catálogo de abusos, penalidades y bochornos instigados por un presidente de chiste y un Gobierno formado a jirones que hoy se devora a sí mismo como Saturno a su hijo en el cuadro de Goya.
Y sin embargo, al parecer, no se puede discutir, sin excesos pero sin censuras, sobre la imprescindible credibilidad del voto por correo, que probablemente alcance una cifra sin precedentes por la elección del 23 de julio como fecha para convocar generales, tan malvada como insuficiente para justificar ausentarse de las urnas por tirarse en la tumbona playera.
No se trata de avalar la teoría del pucherazo, tan improbable como casi todo lo que Sánchez convirtió luego en posible, tras saltar de la derrota a la moción de censura y del insomnio a la coyunda con quienes se lo provocaban.
Pero tampoco de dejar de señalar los riesgos y sospecha para que, por el bien de la propia democracia, se adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar la confianza de los ciudadanos.
La celebración de elecciones en pleno periodo vacacional para muchos (no todos, hay una España autónoma y currante que descansa menos que el famoso concejito de Duracell) ya complica el de por sí complicado procedimiento de voto por correo, incrementando la posibilidad de que el error humano deseche muchas papeletas, extraviadas en las turbulencias de plazos, direcciones ocasionales y baile de fechas que comporta el trámite.
Solo eso debiera ser suficiente para simplificar el procedimiento o utilizar una mínima parte del monstruoso y nada inocente gasto en publicidad institucional aprobado por el Gobierno en plena precampaña en hacer pedagogía pública sobre los requisitos para ejercer ese derecho sin miedo a dilapidarlo.
Pero hay más. Los escándalos de Melilla y tantos otros municipios en las vísperas del 28-M demuestran la existencia de una tentación para, bien con la compra o con la manipulación, alterar el sentido del voto: eso no estigmatiza a todo un partido ni invalida el sistema en su conjunto, pero sí demuestra que las garantías que lo protegen no son impermeables.
Si a todo ello le añades que la custodia de los votos anticipados, durante varios días con sus noches, se deposita en las oficinas de una empresa, Correos, presidida por un amigo y colaborador de Sánchez cuya experiencia postal se limita a saber a duras penas un sello; y lo rematas con el empeño del PSOE en colocar a uno de los suyos al frente de Indra, partícipe en una parte del proceso electoral; la duda está servida, es legítima y casi inevitable.
Confiemos en el sistema electoral español y en quienes, sin ser sospechosos de adscripción alguna, insisten en su fortaleza y seguridad. Pero con Sánchez cerca, toda precaución es poca. Y no cuesta nada simplificar al máximo el voto por correo, hasta permitiendo su envío por correo certificado con fotocopia del DNI, y dejar las sacas de Correos en un cuartel de la Guardia Civil o de la UME, si hace falta. Y todos contentos.
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