Un terrorista, un golpista y un prófugo eligen presidente
Sánchez negocia desde la playa su investidura con dos políticos fugados, un indultado y otro condenado por secuestro.
La degradación institucional de España ya es definitiva antes incluso de que Sánchez perpetre su penúltima fechoría y conforme Gobierno sin haber ganado las Elecciones y gracias, en exclusiva, al respaldo de partidos que solo están dispuestos a ponerle de presidente para acelerar, con su sumisión y por su necesidad, el proceso de destrucción del país.
Por primera vez en la historia, el perdedor de unas Elecciones no ha felicitado al ganador, mancillando la liturgia democrática más elemental con desprecio manifiesto a los votantes ajenos y a sus representantes legítimos.
Aun en el caso de que diera por hecho que las opciones de Feijóo para lograr la investidura son mínimas, el respeto al procedimiento le exigía un gesto de reconocimiento al rival que no se ha producido ni se producirá, aunque en el viaje provoque un problema al propio Rey, sometido a la tensión innecesaria de tener dudas sobre a quién debe encargarle el paso inicial de la nueva legislatura.
Sustituir la primera obligación de un demócrata de verdad por una estampa indecorosa de bailes y saltos triunfantes simboliza el desprecio del sanchismo a las normas y preludia la magnitud del abuso que va a perpetrar, sin disimulo alguno, con chulería infinita e ignorando los devastadores efectos que va a tener en todos los órdenes imaginables.
Sánchez se ha ido de vacaciones al Palacio de La Mareta en el Falcon, antes incluso que millones de españoles aún en sus puestos de trabajo, mientras sus delegados negocian en privado su investidura con cuatro partidos que, en una democracia razonable, serían tal vez admitidos por razones legales pero a continuación marginados por sus intenciones inconstitucionales.
Tres de ellos tienen a sus líderes condenados o fugados y el cuarto, el PNV, es en términos políticos una especie de meretriz que presta sus servicios sin amor, por mero interés económico y al margen de los intereses nacionales que su cliente, Pedro Sánchez, tiene obligación de conocer y defender.
Los otros interlocutores son aún peores: Bildu tiene por referente a un terrorista condenado por secuestro que, a estas alturas, nunca ha condenado los asesinatos de casi mil personas a manos de sus compañeros de faena. Y ERC y Junts tienen por referentes para la negociación a sendos iluminados, Marta Rovira y Carles Puigdemont, a los que el PSOE tendrá que visitar en Suiza y Bélgica, respetivamente, los dos destinos de fuga elegidos para esquivar a la Justicia.
Por si esto fuera poco, el socio determinante de Sánchez será una especie de camarote de los Hermanos Marx llamado Sumar, una plataforma de 15 o 16 partidos marcada por los delirios cantonales de sus asociados más pequeños y el enfrentamiento público a cara de perro entre Yolanda Díaz e Ione Belarra, el títere de Pablo Iglesias, al mando de las maniobras de Podemos desde su dacha mediática descontrolada.
Nada se puede hacer ante el cúmulo de excesos, desprecios, perjuicios, atracos e insensateces que Sánchez va a tener que cometer o asumir para ser presidente, pues la aritmética parlamentaria es hegemónica allá donde las líneas rojas de la decencia política no existen y se transforma la falta de escrúpulos en «habilidad negociadora» y se maquilla la ausencia de apoyos propios con una inexistente «mayoría de progreso» donde caben derechas xenófobas, minifundios regionalistas, comunismos caribeños y populismos de toda laya.
La impotencia que al menos once millones de españoles han de sentir al ver cómo los poco más de 300.000 votos de partidos como ERC, Batasuna o Junts van a prevalecer sobre los suyos, abrumadoramente mayores y mejores, es razonable. Y el temor a las consecuencias de este fraude legalizado, también.
Pero, por buscar una cierta esperanza, hay que fijarse en los contrapoderes democráticos que esta coalición de maleantes va a tener en frente: una oposición con más diputados propios que el PSOE y un buen líder; la mayoría absoluta en el Senado; los Gobiernos autonómicos más poderosos de España con Madrid, Andalucía y Valencia a la cabeza y un puñado de medios de comunicación y periodistas que, por mucho que llueva, disponen de paraguas, botas de agua y toda la fuerza, decencia y disposición para resistir el chaparrón. Aquí no se rinde nadie.
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