Las cuentas de la defensa

Resulta difícil de creer y aún más difícil de asumir y sobre todo de asimilar e imposible de aceptar que el Gobierno de España, el de Pedro Sánchez, haya consumado, por tercera vez consecutiva, una vulneración de la Constitución Española, omitiendo el trámite establecido en su artículo 134 de presentar los Presupuestos Generales del Estado para su debate y eventual aprobación por el Congreso de los Diputados no más tarde de tres meses antes de la finalización de la aplicación de los precedentes. Es decir que, cada año el 1 de octubre es la fecha límite de presentación de los Presupuestos a las Cortes.

En su empleo torticero y abusivo de la publicidad, de la propaganda y de lo que califica como información, cuando en la mayor parte de las ocasiones no es otra cosa más que manipulación, el Gobierno mantiene la falsedad de que si no se presentan Presupuestos se dan por prorrogados los del ejercicio anterior y que eso es también constitucional.

Juzguen ustedes mismos. «Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación» (art. 134.1 de la Constitución). «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior» (art. 134.3 de la Constitución). «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos» (art. 134.4 de la Constitución).

Resulta evidente que el trámite de presentación para «examen, enmienda y aprobación» no es opcional para el Gobierno, sino obligatorio («deberá»). Claro que en la peculiar manera de entender el cumplimiento de las normas del Partido Socialista, los españoles vivimos acostumbrados a la dinámica de las primeras veces en las que se hace algo que nunca antes nadie había hecho. Ya lo dijo José Luis Ábalos cuando era Secretario de Organización del Partido Socialista: «¿quién ha dicho que la «gestión de la información» no forme parte de la acción política?». Eso abre la puerta, obviamente, a la relativización de todo concepto, toda obligación y todo planteamiento ético. Así nos va.

Los últimos Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez a las Cortes Generales, se presentaron con otro Gobierno y sobre todo ante otras Cortes Generales, ya que se presentaron en la anterior Legislatura, la XIV, en el año 2022 para el año 2023. Desde entonces, con el cambio de Gobierno de 2023 y el cambio de composición de las Cortes, nada de nada.

En aquellos Presupuestos, el Partido Popular votó a favor de la Sc. 14, la de Defensa, por considerar positivo el incremento en inversión de Defensa (un 26 % de incremento global con respecto al del año anterior), que el Partido Popular consideraba y considera necesario, si bien cuestionó la distribución de este incremento, ya que se acumulaba ostensiblemente en el apartado de los programas de armamento y material (un 73 % de incremento en este apartado concreto) dejando marginados necesarios incrementos en las partidas correspondientes a los recursos humanos de la Defensa.

Desde entonces hasta el día de la fecha, el Gobierno ha hurtado a las Cortes Generales todo debate y aprobación de las inversiones en Defensa (así como en muchos otros ámbitos), lo cual, además de ser fundamentalmente antidemocrático es notablemente lesivo para la gestión ordinaria de una Política que, como es el caso de la de Defensa, es una Política de Estado, que trasciende legislaturas y modelos ideológicos concretos, debiendo mantenerse sobre la base de la continuidad en el tiempo basada en grandes y estables consensos.

El pasado año, ante la creciente presión para incrementar ostensiblemente las inversiones en Defensa, el Presidente Sánchez publicó, de manera unilateral, sin consulta alguna con las Cortes Generales, su Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. En este Plan, afirmaba disponer de 10.471 millones de euros, que, según el plan, procedían de ahorros generados por el buen desempeño de la economía española y algunos créditos del Plan de Recuperación.

Lo que quedaba claro era que se trataba de una inyección financiera de carácter coyuntural en el ámbito de la Defensa, más bien que de una modificación estructural de las inversiones del Estado en esta. Posteriormente, en la distribución de esos recursos de carácter coyuntural, se ponía de manifiesto que más del 100 % de la cantidad comprometida se orientaba a los programas especiales de modernización. Por encima de los 10.471 millones anunciados, desde octubre hasta final de año, en tres Reales Decretos y un Acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno comprometió 13.980 millones entre préstamos y contratos en programas especiales de modernización. Es decir, en programas de armamento y material, con nula incidencia en la mejora de las condiciones en las que los profesionales de las Fuerzas Armadas cumplen sus funciones

Preguntada la Ministra Robles en sesión de control al Gobierno en el Senado por la materialización del 35% inicialmente comprometido en el Plan Industrial y Tecnológica para la Seguridad y la Defensa para la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales, respondió que uno de los programas era para helicópteros de adiestramiento de las tripulaciones.

Son muchas las carencias a solventar en el marco de los recursos humanos en relación con el propio número de efectivos, con las retribuciones de estos, la infraestructura en la que desempeñan sus cometidos y ejercen sus funciones, las actividades inherentes a su preparación y a su adiestramiento y muchas otras.

En aras de lo que se identifica como una Política de Estado, urge recuperar el obligado cumplimiento de presentar Presupuestos Generales del Estado en las Cortes Generales para conocimiento y aprobación del titular de la soberanía nacional, el pueblo español, a través de sus representantes en las Cortes Generales y urge sobre todo volver a la sana costumbre de practicar la transparencia en las cuentas de la Defensa.