Por qué el aborto no puede ser un derecho

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen favorable a la pretensión del Gobierno de incluir en la Constitución el derecho al aborto. Se trataría de añadir al actual artículo 43 el siguiente párrafo: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres». Traducido al lenguaje natural, no eufemístico, significa que las mujeres tienen derecho al aborto, es decir, a que eliminen la vida del embrión que vive en su seno. No puede faltar el socorrido gerundio ni la sutil distinción entre igualdad efectiva y no efectiva. Esto significa el reconocimiento de unas extrañas igualdades no efectivas.

El artículo 43 se encuentra en el capítulo tercero del título I de la Constitución, «De los principios rectores de la política social y económica», y no en el capítulo segundo «Derechos y libertades». ¿Por qué si se trata de reconocer un «nuevo derecho»? El párrafo incorporado debería estar en el capítulo segundo. El problema es que, de hacerlo así, como es debido, sería necesario para su aprobación, además de la mayoría de dos tercios de las Cámaras, la disolución de las Cortes. Para el Gobierno, la muerte del embrión por decisión de la madre es un principio rector de la política social y económica. Por lo tanto, no es un genuino derecho. El Ejecutivo, en su extravío jurídico, podría estar dando lugar al curioso caso de una reforma inconstitucional de la Constitución. Los derechos reconocidos en el capítulo tercero no lo son en sentido estricto.

Lo fundamental es que el aborto no puede ser considerado como un derecho. ¿Es el embrión un ser vivo perteneciente a la especie humana? Sí. ¿Es entonces un ser humano? Sí. ¿Mediante el aborto voluntario se le quita intencionadamente la vida? Sí. ¿Quitar la vida es matar? Sí. ¿Con independencia del grado de desarrollo, maduración o estado de la víctima? Sí. Matar se convierte así en un derecho constitucional. Pero no puede existir un derecho a matar. Puede ser lícito en ocasiones, pero no un derecho.

El Gobierno habla de «avance». No sé hacia dónde. Quizá hacia la degradación jurídica y moral. Suelo repetirlo: según Julián Marías, los dos mayores errores morales de nuestro tiempo son la aceptación social del aborto y la generalización del consumo de drogas. Y pienso que aún mayor es el primero. El hambre y la miseria, la violación y, en general, la violencia contra las mujeres, el terrorismo, la guerra injusta, el maltrato y la explotación infantil, la corrupción y el robo y tantos otros crímenes no son peores porque se perciben, en general, como errores morales, mientras que el aborto se considera como algo correcto, incluso debido, un derecho. Alrededor de uno de cada cuatro embarazos en España terminan en aborto voluntario.

En solo cuatro décadas, el aborto ha pasado de ser un delito a ser un derecho. No cabe más radical transformación. La legislación socialista de Felipe González, como se recordará, mantuvo el aborto como un delito y la pena no se imponía en unos supuestos concretos. Pero en esos casos no era un derecho, sino un delito al que no se le aplicaba la pena. Incluso, cabría considerarlo (aunque no es lo mejor) como una conducta lícita, permitida. Ahora, si se configura como derecho se trata de algo que va más allá de lo lícito y que compromete a toda la sociedad y que toda mujer puede reclamar incluso apelando a la fuerza del Estado. Pero ¿saben nuestros gobernantes lo que es realmente tener un derecho?

En cualquier caso, la configuración como derecho entrañaría la total desprotección jurídica de la vida embrionaria y, por lo tanto, la vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional. Pero ya sabemos cómo anda el órgano garante de la constitucionalidad. Por lo demás, el Gobierno no consigue una mayor «protección» del aborto, ya que se podría modificar en el futuro por el mismo procedimiento. Cabe quizá confiar en la costumbre del Ejecutivo de perder votaciones en las Cortes.

En ningún caso, se trata de un debate entre católicos y agnósticos, creyentes y ateos, sino entre defensores o no de la vida humana y su dignidad.