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Hasta entre los más convencidos de que hay causa penal contra Begoña Gómez y que incluso la sentencia debe ser condenatoria, proliferan las dudas al respecto del rigor, las intenciones o la capacidad del juez Peinado: que si no sabe instruir, que si redacta los autos como un niño de Primaria, que si es desaliñado con la justificación formal de algunas imputaciones o, la mejor de todas, que tiene tendencia al abuso y eso termina alimentando el mensaje final victimista de la investigada, de su marido, de medio Gobierno y de toda la Brunete mediática del sanchismo, que no es pequeña ni timorata.

La realidad es bien distinta: Peinado ha sido como Gary Cooper en Solo ante el peligro o John Wayne en El hombre tranquilo y ha cumplido con su condición de servidor público con la diligencia que se le supone a todos los de su cargo, pero también, y esto es lo importante, con la decencia insobornable que solo tienen unos pocos valientes.

Que el debate haya girado más en torno a los factores subjetivos que, según sus detractores, pesan en el juez instructor que sobre la naturaleza, condición, pruebas e indicios que rodean a la imputada, ya lo dice todo al respecto del poderío desplegado por Sánchez contra un simple funcionario de Justicia: si alguien tiene que dar explicaciones es él, y a continuación su señora, que para eso uno es el jefe del Ejecutivo y la otra una inquilina de la Moncloa, con todos los gastos pagados.

Y si alguno considera que las imputaciones no son correctas, habrá de replicarlo con argumentos en el escenario público y después en los tribunales, donde obviamente siguen vigentes todas las garantías procesales para los justiciables. Pese a eso, frente a las decenas de diligencias practicadas por Peinado, los informes de la UCO y los cientos de páginas redactadas en sucesivos autos de él mismo y de la Audiencia Provincial de Madrid, la única réplica conocida ha sido un ataque personal sincronizado contra el magistrado, el despliegue espurio de la parte del Estado sometida a Sánchez para acosarle y perseguirle y, de remate, las andanzas mafiosas de los sicarios habituales para destruirle con bulos infectos, como el célebre de los dos DNI que nunca tuvo.

Cualquier error del juez puede ser corregido, si los hubiere, pero ninguno de ellos afecta a lo sustantivo del asunto: Begoña Gómez citó a un rector para crearse una «cátedra» sin acreditar méritos para merecerlo; después asoció a empresarios beneficiarios de contratos públicos del Gobierno de su marido; más tarde consiguió que multinacionales inalcanzables para casi todo el mundo le financiaran una cara herramienta tecnológica que registró a su nombre; luego creó una sociedad con el mismo nombre que su cátedra y, además, utilizó a una empleada pública contratada a dedo por el gabinete de su esposo para hacer gestiones privadas para ella.

A todo esto, que será o no delito, pero es inaceptable y bochornoso, se le añade la presencia de la mujer de todo un presidente en las oficinas de una empresa rescatada con dinero público por él; y las reuniones mantenidas en Rusia con personajes hoy tan célebres como Víctor de Aldama o Javier Hidalgo, receptor de 500 millones de euros del erario y patrocinador de las actividades de la imputada.

Todo lo comentado hasta aquí son hechos, con alguno a añadir del pasado y quizá en el futuro sobre otras andanzas paralelas, y solo un necio o un sectario puede defender que calibrar si esa nefanda trayectoria tiene visos de consecuencias penales es más osado que permitirle a una arrogante sin demasiadas luces salir de rositas sin siquiera someterla al escrupuloso análisis de su comportamiento.

Agravado, por cierto, por el de su propio esposo, que se dedicó a promocionar al socio de su «captadora de fondos» favorita, el tal Barrabés, sin mencionar la relación del uno con la otra. O a acelerar los plazos del rescate con dinero público de quien, a la vez, recibía en su despacho a la indiscreta dama y le garantizaba una ayuda económica para su chiringuito.

Es Begoña Gómez quien tiene que dar explicaciones ante un jurado popular, tras una épica labor de un juez de andar por casa que, con todo en contra, ha hecho su trabajo, para esperanza de quienes pensamos que la democracia, ahora atacada por una banda mafiosa, se puede defender si los más humildes servidores públicos hacen simplemente su trabajo, sean fiscales, jueces o agentes de la UCO desconocidos, decentes e impagables.

Ella los dará desde el banquillo, y su marido debería darlas ya en el Parlamento: él era el colaborador necesario de todo, el cómplice por acción u omisión que abría puertas y, también, el beneficiario a título lucrativo de las ganancias que haya logrado o hubiera podido lograr. Algo que debe serle familiar: Sánchez ha vivido y veraneado durante lustros en pisos comprados por su suegro proxeneta, posible financiador además de las Primarias con las que se estrenó en el PSOE. Lo extraño no es que Begoña esté poliimputada, sino que su mendaz media naranja no lo esté también en esta y el resto de las causas que la acorralan y le definen.