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El fin de semana he recorrido con familiares y amigos los parajes de la Hoya de Huesca, extraordinarios pese a la herida del fuego. Como hoy en día la política enfrenta demasiado a los españoles, procuramos evitarla como si fuese el ébola. Pero aún así, el elefante en la habitación acabó colándose en alguna comida en cuanto los espirituosos soltaron las lenguas.

El termómetro sociológico resultaba representativo, porque había amigos de procedencia diversa. El resultado fue apabullante: de los diez que allí estábamos, solo dos seguían apoyando al Gobierno. Algún numantino del sanchismo, por el que al margen de la política siento un gran aprecio, esgrimía argumentos tan singulares como el siguiente: «Ya que todos roban, prefiero que lo hagan los míos». Enfrente, los antisanchistas agotaban los epítetos para definir al Querido Líder.

Mi pequeño test doméstico, que arrojaba un 8-2 contrario a Sánchez, va en la línea de lo que están señalando las encuestas. La última de El Debate ha otorgado 201 escaños a la suma de la derecha. Una holgadísima mayoría absoluta. El pueblo se ha hartado del PSOE y de Sánchez, que llevan ahí ocho años y en los tres últimos ni siquiera han aprobado las cuentas. El público desea un cambio, anhelo que se ha reforzado por el pésimo desempeño en Ceuta y porque la monserga wokista está a la baja en todo Occidente.

Pero el Gobierno y sus apologistas no aceptan con deportividad algo tan obvio como que la gente está hasta la zanfoña de Sánchez. Así que ya han lanzado un nuevo argumento para ir animando a la alicaída parroquia socialista: existe una operación del «estado profundo» para echar al presidente. El periódico sanchista de capital multinacional incluso ofrece los detalles: el Supremo, el CNI, la Guardia Civil y la Policía «están trabajando para precipitar su caída». Solo les faltó meter al Festival de Eurovisión y a los vigilantes de la ORA.

Esta teoría de la conspiración, espoleada por la brava ganadería de los Oscar, puede que cuaje entre los más irreductibles sanchistas. Pero es absurda y peligrosa, pues erosiona columnas de nuestra vida pública solo para intentar dar un pelín de oxígeno a un gobernante que está K.O. (sobre todo después de que los tribunales le hayan parado la fábrica de votantes que estaba montando en América). Hay que tener bastante cuajo para presentar a Sánchez como una víctima cuando ha sometido a su bota al TC; y a RTVE, convertida en un carísimo panfleto; y al CIS, que infla por sistema al PSOE; y al INE, cuya cúpula fue decapitada por Calviño para que una más gentil maquillase los datos; y a Telefónica, Indra, la Fiscalía, el Banco de España, con un ministro sanchista como gobernador…

Los desmanes se suceden a tal ritmo que parece que aquí ya da todo igual. Pero que un Gobierno se lance a degüello contra el Supremo solo sucede en satrapías muy exóticas. Si el Ejecutivo cambia por la puerta de atrás el sentido de la llamada ley de nietos. Si con una orden administrativa modifica la norma sin pasar por el Congreso y otorgando barra libre. Si ocurre tan evidente ilegalidad, ¿qué tiene que hacer el Supremo cuando recibe una denuncia al respecto? ¿Debe permitir la trampa para que el PSOE y sus palmeros no lo tachen de agente del «estado profundo»? ¿O debe velar para que se cumpla la ley?

El CNI: ¿Debe hacer su trabajo y alertar de las amenazas que sufre España? ¿O debe dejar de cumplir con su función para que el escapista de la Mareta no se incomode y para que el pomposo periódico sanchista no lo tache de agente del «estado profundo»? La Guardia Civil y la Policía: ¿Deben investigar los rincones oscuros de la familia del presidente y del PSOE, incluida la guerra sucia de Ferraz contra fuerzas de seguridad, jueces y fiscales? ¿O deben mirar a otro lado para dar soporte al plan de mando perpetuo de Sánchez?

El «estado profundo» conjurado contra el bueno de Pedro, una bellísima persona que no ha roto un plato en su vida y que alberga las más beatíficas intenciones. La pena nos abruma.