El Estado a su servicio

El Constitucional, mal llamado tribunal, ha ejercido una vez más como última instancia judicial para enmendar la plana al Supremo. No es la función que le otorga la Carta Magna, pero, de un tiempo a esta parte, cada vez con más frecuencia, se arroga el poder de reinterpretar la ley, incluso de reescribir la ley de leyes al margen del procedimiento reglado, cuando su función no es otra que la de actuar como corte de garantías. Los que se jactan de mancharse la toga con el polvo del camino han cumplido la misión: el candidato socialista podrá pedir el voto en Cataluña erigido en facilitador de la convivencia. Mientras perviva. También hay convivencia en el País Vasco desde que callaron las pistolas: los etarras salen de las cárceles, Bildu goza de un poder creciente y las víctimas ya no votan en sus colegios. La diáspora que provocó ETA no merece una ley de nietos ni una memoria democrática.

Esta legislatura que agoniza bien puede pasar a la historia como la de la deconstrucción o perversión constitucional. Los consensos saltaron por los aires en el 11-M. Las seguridades y certidumbres se deterioraron abruptamente a raíz de la gestión de la crisis económica. Pero, desde que nos mantuvieron inconstitucionalmente confinados con motivo de la pandemia, entramos en una espiral de destrucción masiva de la legalidad. Justificar aquel encierro, callar ante el cerrojazo del parlamento, tragar sumisamente con todas y cada una de las restricciones de derechos y libertades que nos impusieron les dio alas para ir aún más lejos.

Todos y cada uno de los resquicios y equívocos de la Carta Magna han sido convenientemente usados para subvertirla. Hoy, gran parte del Estado está al servicio, no del ciudadano, sino de un señor que quiere seguir viviendo en la Moncloa. La sede institucional de la Presidencia del Gobierno se ha convertido en el estrado para dar mítines encubiertos. La reunión del Consejo de Ministros es un laboratorio de iniciativas para captar y amarrar voto cautivo con cargo al contribuyente. El Congreso de los Diputados es el mero ejecutor de las órdenes y deseos del candidato socialista. Los bienpagados sindicatos de clase, una fuerza de movilización a favor de un partido. No lo podía haber dicho más alto y más claro María Jesús Montero: la huelga general se convoca contra la oposición. Lo de menos, a estas alturas, es que una convocatoria política de paro general sea ilegal. Tampoco ella ha cumplido con el mandato de llevar un presupuesto anual al parlamento y ahí sigue, viviendo del erario público. Harán todo lo que esté en su mano para movilizar a los fieles y parar Madrid. Ese y no otro es el objetivo de los compañeros de candidatura de Pedro Sánchez.

Por eso, cuesta creer que los acontecimientos de los últimos días sean fortuitos. La acampada de Sol, con la Policía con orden de retirada mientras trasladaban las tiendas al KM-0, no es la causa que sorprende al gobierno contrapié y le obliga a reaccionar, no es la ventana de oportunidad que le permite escapar, aunque sea de forma momentánea, de los efectos devastadores de la invasión de Ceuta. La protesta de miles de personas por un problema real, constatable, que es el de la escasez de vivienda, bien podría haberse saltado hace seis meses o incluso en 2023. Lo hace ahora porque es el primer acto programado de la campaña electoral para el 29N. Porque el fin no es atrincherarse en Ferraz. Pelea por volver a gobernar.